José Antonio Choclán abandonó la Audiencia Nacional tras el juicio del caso Banesto en el que fue ponente del tribunal que condenó a Mario Conde y varios exdirectivos de la entidad. A partir de ese momento, Choclán se dedicó a la actividad privada. Montó un bufete y se ha convertido en uno de los mejores penalistas de este país por una cosa. Sabe negociar los intereses de sus clientes. Estos, a cambio de confesiones más o menos verídicas, logran la reducción de la pena solicitada por los fiscales, y, en algunos casos, la puesta en libertad.
El constructor David Marjaliza, principal conseguidor de Púnica está considerado como “el primer arrepentido de la corrupción” en este país. Sus confesiones ante el juez apuntaron al número dos del PP madrileño, Francisco Granados, al que señaló como el principal responsable de la trama cuyos juicios comienzan a tener fechas de celebración. Uno, el del cobro de comisiones de la empresa Cofely, señalado para abril del año que viene, sentará a 37 exalcaldes del Partido Popular y del PSOE. Pero entre su clientela también figuran otros famosos en problemas con la justicia. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el futbolista Cristiano Ronaldo, el entrenador José Mourinho o el imputado en la trama Gürtel, Francisco Correa, que también “cantó” ante el tribunal logrando reducción de penas.
De momento, Choclán ha logrado su objetivo. El empresario está investigado en dos juzgados de la Audiencia Nacional, el 2 de Ismael Moreno, donde ha efectuado las declaraciones que han hecho temblar los cimientos del ámbito político, y el 1 de Santiago Pedraz que lo encarceló por un presunto fraude en la venta de hidrocarburos y que es el que le ha puesto en libertad con medidas cautelares. Moreno, que instruye el caso Koldo, ha remitido las declaraciones de Aldama a su colega Pedraz, y al Tribunal Supremo se supone que porque en esa instancia es donde se está tramitando la acusación al exministro, José Luis Ábalos.
El abogado está acostumbrado a este tipo de revuelos. Experto en fraude inmobiliario y con cierta pasión por los delitos económicos, a Choclán le tocó ser el magistrado ponente de la sentencia del caso Banesto. Entonces tenía 30 años, y parecía un joven prometedor y más después de exponer los hechos probados del caso. Los medios de comunicación de la época llegaron a decir que “su sentencia quedará como un hito en la historia del fraude económico español”. Lógicamente, su carrera despegó de manera fulgurante.
Posteriormente ocuparía el puesto de letrado del Consejo General del Poder Judicial hasta que en 2004 pidió una excedencia y fundó el despacho que lleva su nombre. Desde ahí empezó su defensa al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa (hasta que este dejó de pagarle), y pidió la inhabilitación del juez Garzón por intervenir las comunicaciones en prisión de los acusados con sus abogados. Junto con otros tres letrados, logró que Garzón fuera condenado y expulsado de la carrera judicial. Se anotó un tanto que pronto le convertiría en uno de los penalistas más famosos de España.
Entre su clientela figuran personas tan relevantes de la política como la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acusada de haber blanqueado dinero de forma irregular en la campaña electoral del PP. La expresidenta del Consell de Mallorca, María Antonia Munar, acusada en varios casos de corrupción, entre otros el de las irregularidades con la compra de la productora Video U, pasó tres años en la cárcel, y decidió contratar los servicios de Choclán para salir de prisión. La estrategia del penalista volvió a funcionar. La exdirigente de Unión Mallorquina acabó por pactar con la fiscalía declarándose culpable en el resto de los casos que la quedaban por afrontar. Por su despacho también han pasado Jordi Pujol y los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, Cándido Cerón y José María Buenaventura, procesados por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid.
Cristiano Ronaldo también se sumó a la estrategia negociadora del bufete de Choclán. Llegó a un acuerdo con la Agencia Tributaria para aceptar la pena y la comisión de delitos de fraude a la Hacienda Pública. Se declaró culpable y saldó sus cuentas con la Justicia española. No se sabe realmente lo que abonó al fisco ya que en las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid no aparecen las cantidades concretas. Pero se ha llegado a hablar de casi 19 millones de euros. José Mourinho se negó a pactar la deuda del IRPF por sus servicios en el Real Madrid. El Supremo le condenó a pagar 1,5 millones. Aquí Choclán no pudo convencer a su cliente.
En el caso Máster, en el que se acusaba a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de haber falsificado su título universitario, Choclan logró su absolución a costa de la condena de dos años de prisión para otros acusados, como la exasesora de la consejería de Educación, María Teresa Feito. Y es que en el despacho del exjuez no dudan en hacer todos los “daños colaterales” que se tengan que hacer con tal de lograr beneficios para sus clientes que pagan, y muy bien.
Ha vuelto a ocurrir con Aldama. Ahora lo que habrá que dilucidar es hasta qué punto esa “colaboración con la justicia” se sostiene con la presentación de las oportunas pruebas que ratifiquen sus declaraciones. Tanto Koldo García como José Luis Ábalos y el PSOE han anunciado la presentación de querellas. Y ahí no valen los testimonios. Ahí hay que presentar pruebas. Y nadie sabe exactamente los ases que se guarda en la manga el que, dicen, es el cabecilla de la trama de las mascarillas en el caso Koldo. De momento, la estrategia de su abogado ha vuelto a dar sus frutos. Aldama está en la calle.