Un controvertido juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Goyena, que rechazó las querellas contra el instructor de la causa contra Begoña Gómez y mandó al Supremo la acusación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la acaba de hacer de nuevo. Rechaza investigar a la número tres del PP madrileño, Ana Millán, amiga personal de Isabel Díaz Ayuso y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, por considerar que no está suficientemente probada la comisión de los delitos que la imputa la jueza número 6 de Navalcarnero cuando era alcaldesa de la localidad de Arroyomolinos.
Rechaza los informes de la Guardia Civil y pide a su compañera que siga indagando los hechos. Viene a decir, más o menos, que deje de molestarle con investigaciones “incompletas”. Tiene razón en una cosa. La jueza, Lidia Prada Zurdo, se inhibió en favor del TSJM sin entrar en mayores consideraciones cuando lo que tenía que haber remitido es una exposición razonada de los hechos. Sólo argumentó que Millán es aforada y que, por lo tanto, la causa es competencia de la instancia superior territorial. Ana Millán, la protagonista de este nuevo episodio de corrupción, se frota las manos porque, por unos u otros, sigue sin estar imputada a pesar de que existen serias sospechas de que cometió delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, primero cuando era la concejala responsable de deportes y, posteriormente, como alcaldesa.
El magistrado asegura que ninguno de los indicios recabados por la Guardia Civil desde 2020 alcanzan para abrir una causa, pese a que la jueza de Navalcarnero detecta cuatro posibles delitos de corrupción. En el auto que remitió al TSJM señala que “los investigados pueden ser autores de los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos, de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública”.
Pero no sólo Lidia Prada sospecha de Ana Millán. Fue imputada, por primera vez, en el caso Púnica. Comoquiera que los delitos que se habían incluido en esa instrucción habían prescrito, el instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió remitir los indicios que quedaban por investigar al juzgado de Navalcarnero.
En un auto, García Castellón decía que “es especialmente particular la circunstancia de que se produzcan comidas o reuniones directas entre la concejala responsable, Ana Millán, y el futuro adjudicatario, José Luis Huerta Valbuena. Tales hechos hacen presumir, al menos con la fuerza necesaria que justifica la instrucción penal, la evidencia de un posible delito continuado de prevaricación administrativa”. Ni siquiera este argumento le sirve a Francisco Goyena, un juez conservador que rechaza, además, la investigación sobre las actividades del Ayuntamiento de Arroyomolinos cuando Millán era su alcaldesa. La UCO de la Guardia Civil comenzó la investigación cuando unos colaboradores de Millán intentaban destruir unos correos electrónicos cuya copia escrita llevaban en unas bolsas de basura. Fueron sorprendidos por los nuevos ediles de Ciudadanos que se hicieron cargo del equipo de gobierno en 2016. La denuncia puesta en la fiscalía Anticorrupción terminó por convertirse en una investigación en un juzgado local cuatro años más tarde, una vez se constató que los hechos presuntamente delictivos no estaban directamente relacionados con el caso Púnica, como creían los denunciantes, y que no estaban prescritos.
El primer juez en abrir las diligencias contra Ana Millán fue García Castellón. A la entonces concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Arroyomolinos la atribuyó el pago de más de 675.000 euros de manera irregular en la organización de eventos y festejos de la localidad. El beneficiario fue un empresario, José Luis Huerta Valbuena, dueño de la empresa Waiter Music, que obtuvo contrataciones para organizar eventos lúdicos en varias localidades madrileñas. Lo que ocurre es que estos hechos caducaron cuando estaban siendo investigados en la operación Púnica.
Cuando comienzan a detectarse las irregularidades que acaban en el juzgado de Navalcarnero es cuando Millán pasa a la Alcaldía. Allí conoce al dueño de Grupo Educativo, Francisco Roselló, una de cuyas empresas, Neverland, se convierte en la entidad que servirá de vehículo para cometer las operaciones irregulares que han acabado en el juzgado. Un empleado de la empresa declaró que era el titular del alquiler de un ático propiedad de la alcaldesa por el cual pagaba una cantidad cuyo receptor, en primera instancia, era su jefe, el dueño, Francisco Roselló, quien, luego a su vez, se la retornaba multiplicada por dos a Millán. Todavía a estas alturas no han podido explicar por qué, si el alquiler era de 500 euros, Millán recibía 900 que, además, no entregaba el inquilino sino una persona beneficiaria de adjudicaciones municipales. Porque a Grupo Educativo, el Ayuntamiento le abonó 51.164,67 euros que nunca llegaron a justificarse. Eso que se sepa. La hermana de Millán fue contratada por Neverland con un sueldo de 88.642,42 euros anuales. La pareja de la alcaldesa también fue colocada por Roselló. Sueldo de 37.508,74 euros anuales como conserje en una UTE (Unión Temporal de Empresas). En su cuenta bancaria aparecen ingresos sin aparente justificación que declara como “producto de sus trabajos en la noche madrileña”.
Todos estos indicios no son suficientes para el juez Goyena quien, en su auto señala que no hay “conducta delictiva” en lo que él considera que describe la jueza local: “dar el visto bueno a los pliegos de Prescripciones Técnicas e informes de necesidad en tres expedientes, solicitar la prórroga y modificación de otros tres expedientes, emitir un escrito proponiendo a las empresas a las que invitar al concurso, entre las que se encontraba una en particular, o dar la conformidad de las facturas confeccionadas en el marco de los expedientes tramitados desde su concejalía”.
Bajo este argumento, Goyena se podía haber limitado a archivar las diligencias abiertas pero el juez decide entrar en el fondo del asunto y advertir que, o la jueza encuentra algo más contra Millán, o los atestados de la UCO y las conclusiones provisionales de la Fiscalía morirán en su mesa.
La habilidad de Goyena es evidente. No quiere deshacerse del caso y se lo pone difícil a la jueza de Navalcarnero y al fiscal para que, una vez agotadas las nuevas diligencias, sea el quien tenga la potestad de archivar, entonces sí, la causa contra Ana Millán. El magistrado no da puntada sin hilo. Lo hizo con la acusación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y con el rechazo de las querellas presentadas contra su colega Juan Carlos Peinado. Es un juez que sabe lo que se hace, sin duda. Pero siempre le delata su conservadurismo, su simpatía por la derecha política y su pertenencia a la derecha judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid está controlado por estos jueces. De ahí la dificultad de que prosperen causas donde hay que indagar delitos de corrupción cometidos por cargos del PP. Ya se cometieron demasiados errores que supusieron juicios como el de la Gürtel, Púnica y Lezo. Y el PP tiene clara la consigna: eso no debe volver a ocurrir.