La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a penas de entre un año y un día y dos años y un día de prisión a dos exalcaldes de la localidad de Enguera y a otro de Requena por delitos de prevaricación, fraude y malversación en la adjudicación de varios contratos entre 2013 y 2015.
El Tribunal ha impuesto además tres años de prisión por el mismo delito al empresario que se benefició de estas irregularidades y la misma pena, junto con una multa, a un funcionario de la Diputación que falsificó un documento público.
La sentencia, dictada en el marco de la pieza K del caso conocido como ‘Taula-Imelsa’, que absuelve de otros delitos a los encausados, no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Los magistrados consideran probado que el empresario José Mariano L.S., administrador de la firma Técnicas Legales Administrativas (TLA), se concertó con los entonces alcaldes del PP de Requena, Javier Berasaluce Ramos y Enguera, Santiago Arévalo Llácer para simular contratos negociados sin publicidad a favor de otra empresa, Servimun SLU, cuyo objeto era un servicio de apoyo a la actividad inspectora de esos Ayuntamientos en el cobro de impuestos.
La Sala ha impuesto a ambos exregidores sendas penas de un año y un día de prisión, y de seis años y un día de inhabilitación para empleo o cargo público, como autores de un delito de fraude a la Administración en concurso medial con un delito de prevaricación.
Asimismo, ha condenado a otro exalcalde de Enguera, en este caso del PSOE, Óscar Martínez Poquet a dos años y un día de cárcel y a seis años y un día de inhabilitación por delitos de fraude, prevaricación y malversación, en concurso medial.
En este caso, la Sala ha declarado probado que, tras el impago de una factura previa que carecía de justificación, el citado regidor acordó simular con el administrador de TLA una contratación negociada sin publicidad para adjudicar un contrato menor a Servimun SLU cuyo cometido era elaborar un informe para el análisis de un proyecto de fábrica de pan y bollería congelada.
El entonces primer edil dio después su visto bueno al abono de la factura por ese contrato, pese a que el coste estimado de los servicios ha sido tasado pericialmente en una cuantía inferior a la presupuestada y pese a que el informe de la adjudicataria no cumplía con los requisitos necesarios para que el Ayuntamiento pudiera efectuar una liquidación definitiva del impuesto.
Además, el Tribunal ha condenado a un funcionario de la Diputación, que era jefe de la sección de tributos de la institución, a tres años de cárcel y al pago de una multa de 1.800 euros por un delito de falsificación de documento público.
En este caso, los magistrados han declarado probado que este empleado falsificó un documento para la regularización de determinadas modificaciones catastrales de un camping.