No está claro que Antonio Piña, expresidente de la Audiencia de Ourense, vaya a ser el sustituto de Manuel García Castellón en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Tiene todas las papeletas para hacerse con ese destino, pero será la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial la que tenga la última palabra. Piña dimitió para poder optar al puesto. Un destino al que también se han presentado otros jueces y magistrados. Es muy apetecible sobre todo por los asuntos que instruye, los que ha dejado pendientes García Castellón, los casos Tándem, de Villarejo, la operación Púnica, el sumario de Lezo y aunque algún medio señala la causa de Tsunami Democràtic, ésta ha tenido que ser archivada ya que el anterior titular pidió la prorroga de la instrucción un día después de haber expirado el plazo legal. Nadie sabe por qué, pero a la hora de repartir, el juzgado número 6 se hace cargo de las acciones judiciales más mediáticas. O así fue durante el tiempo en que García Castellón estuvo al frente de la instancia. Hay que recordar que solicitó su vuelta cuando ocupaba el cargo de juez de enlace con Italia, un cometido muy bien retribuido. Entonces se dijo que volvía a su plaza presionado por el PP debido a las acusaciones en contra de sus dirigentes que acababan en la Audiencia Nacional.
Nunca se pudo demostrar. Pero lo cierto es que el anterior instructor tomó decisiones controvertidas. En una de las piezas del caso Tándem le pidieron la imputación de María Dolores de Cospedal y se negó a ello. A pesar de las advertencias de sus superiores de la sala de Lo Penal, siguió instruyendo sumarios contra los dirigentes de Podemos, el caso Dina y la supuesta financiación irregular de la formación morada, que concluyeron sin que el juez lograse atribuir la condición de imputado a ninguno de los nueve miembros de la formación a los que situó como sospechosos en uno y otro caso, entre otros a sus fundadores Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez. La sala calificó de “prospectiva” esa investigación.
La que sin lugar a dudas generó más polémica fue la instrucción de Tsunami Democràtic por delitos de terrorismo. Acusó a Carles Puigdemont y Marta Rovira de ser los dirigentes de ese movimiento. Las defensas recurrieron por considerar que la prórroga para continuar con las actuaciones se había decretado un día después de haber concluido el plazo legal para la instrucción. La sala, una vez más, le llamó la atención y le ordenó el archivo.
Ese galimatías es el que se encontrará el sustituto. Antonio Piña ya se da por designado. Hace unos días reconoció al periódico La Región de Ourense ir a “un juzgado que tiene causas muy complejas, con la intención de trabajar con rectitud e imparcialidad, y en la medida que pueda, trataré de hacerlo escapando de la exposición mediática. No tengo más aspiraciones que la de ser un juez sin adjetivo, un trabajador de la justicia que respete la dignidad de las personas y se ajuste a la ley”. Todos dicen lo mismo y luego acaban como acaban, llenando titulares periodísticos, sobre todo de los medios afines a la derecha mediática.
Antes que García Castellón, el juzgado nº 6 había sido ocupado por otro juez mediático, Baltasar Garzón, el cual acabó siendo juzgado y condenado por prevaricación, y que ahora es titular de un prestigioso despacho especializado en la defensa de los derechos humanos. Su mujer, la exministra y exfiscala general del Estado, Dolores Delgado, en la lista negra de la derecha judicial, tiene problemas para ocupar una plaza como fiscala de sala encargada de memoria democrática porque, según la sala de Lo Contencioso Administrativo del Supremo, existe “conflicto de intereses” con la labor profesional de su marido.
Por lo tanto, si acaba por ocupar la vacante, Antonio Piña sabe lo que le espera. De momento sigue trabajando en la sección segunda de la Audiencia orensana. Pero Piña no es el único candidato. José Manuel Suárez Robledano, miembro de la sala de Lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también se postula. Y a su favor tiene que ocupa el décimo lugar en el escalafón y la antigüedad es un factor relevante en el proceso de selección por parte del Consejo General del Poder Judicial. Piña ocupa el número 2046 del escalafón, pero cuenta con el dato positivo del cargo que ostentaba hasta hace dos meses.
Robledano tiene detractores dentro de la carrera judicial. Fue el ponente del tribunal que rechazó la admisión a trámite de la querella de Begoña Gómez contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y de informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio y que no deban ser divulgados. Se incorporó a la alta instancia madrileña en 2021 después de haber sido consejero del Tribunal de Cuentas propuesto a instancias del Partido Popular de ahí que se destaque como punto negativo su posible relación con Génova.
El que seguro que no se postula para ocupar la plaza vacante es el titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien desmintió su interés publicado por algún medio de comunicación.
El central número 6 de la Audiencia Nacional tiene muchos pretendientes porque históricamente se ha hecho cargo de las causas mas mediáticas. Pero no es, ni mucho menos, un chollo. Según señalan en fuentes jurídicas es un “juzgado siniestro” donde no sólo hay que soportar las críticas exteriores, sobre todo de los medios de comunicación, sino también las reprimendas de los superiores de la sala de Lo Penal. Los recursos suelen acabar en la sección tercera cuyo titular, Alfonso Guevara, es muy estricto y no pasa ni una a los instructores. Es muy riguroso con los plazos y lo demostró con el caso Tsunami. A García Castellón no le perdonó un solo día de retraso.