Siete años después del hallazgo fortuito de unos correos durante un registro policial, el despacho del exministro Cristóbal Montoro exige la nulidad del caso que lo señala por tráfico de influencias y favores a empresas energéticas. Sus abogados acusan ahora al juez instructor de maniobrar sin fundamento legal y de ocultar información clave, mientras la investigación sigue arrojando luces inquietantes sobre las relaciones entre poder económico, institucional y político.
Desde hace más de siete años, la sombra de una posible red de favores entre el poder político y grandes empresas energéticas se cierne sobre uno de los nombres más influyentes del último ciclo conservador español: Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda y fundador del despacho Equipo Económico (EE). Hoy, esa trama —conocida como caso Montoro— suma una nueva ofensiva: el despacho ha solicitado la nulidad de todo el procedimiento, denunciando una supuesta violación de derechos fundamentales y acusando al juez instructor de parcialidad, oscurantismo e instrucción desproporcionada.
Lejos de aceptar el avance de las diligencias o de aclarar los vínculos detectados por la Guardia Civil entre pagos y decisiones públicas, la estrategia defensiva de EE —y por extensión del propio Montoro, ya imputado— es volcar ahora toda la presión sobre la instrucción. La tesis es clara: no se debía haber abierto nunca este caso, porque el origen fue un “hallazgo casual” sin cobertura legal.
La doctrina del hallazgo incómodo
La génesis del caso, como han subrayado los propios abogados del despacho, se remonta a una entrada y registro en 2018 en la empresa gasística Messer Ibérica, dentro de otra investigación penal. Fue allí donde los Mossos d’Esquadra se toparon con una serie de correos electrónicos que apuntaban a posibles maniobras de tráfico de influencias por parte de Equipo Económico. Aquel hallazgo llevó a que el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona abriera una nueva línea de investigación bajo secreto, y desde entonces, más de una treintena de personas han sido imputadas, entre ellas el propio Montoro.
Ahora, el despacho niega la validez de esa cadena de hechos. En su recurso a la Audiencia Provincial, sostiene que no se solicitó autorización judicial para usar esos correos, lo que —afirman— vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la tutela judicial efectiva. En otras palabras: si el origen del caso fue irregular, todo el proceso debería considerarse nulo. Pero no se trata sólo de una defensa técnica, sino de una narrativa construida sobre una supuesta victimización institucional.
La estrategia del victimismo de élite
La defensa de EE no escatima en calificativos para atacar al juez instructor: lo acusan de “investigación sin fundamento”, de “ocultar documentación esencial” como el informe clave de la UCO, y de perpetuar “la indefensión” de sus representados al mantener piezas separadas bajo secreto. El texto incluso llega a hablar de “informes plagados de falsedades y deformaciones interesadas”, sin que hasta ahora se haya rebatido con pruebas sustantivas las acusaciones de la Guardia Civil.
El argumento recuerda a un patrón conocido: la élite económica e institucional no niega necesariamente los hechos, pero cuestiona el proceso que los revela. En lugar de dar explicaciones sobre el contenido de los correos —o sobre las relaciones del despacho con empresas beneficiadas por decisiones públicas— se prefiere sembrar dudas sobre la legitimidad de la investigación. Una maniobra que rara vez está al alcance de la ciudadanía común, pero que se activa con frecuencia cuando las estructuras de poder comienzan a ser fiscalizadas.
Mientras tanto, el sumario apunta a posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación continuada en el seno de una red que mezclaba consultoría estratégica con puerta giratoria y accesos privilegiados a decisiones políticas. Todo ello en pleno ciclo de recortes sociales, de rescates financieros y de reformas impuestas desde el BOE, lo que añade una carga simbólica extra a lo que podría convertirse en uno de los casos de corrupción institucional más significativos de la última década.
Lo que EE califica ahora como “conjeturas e interpretaciones sesgadas” es, para el juzgado y para la UCO, una causa con ramificaciones sistémicas, que expone hasta qué punto algunas esferas del poder político se han mimetizado con los intereses de ciertos grupos empresariales. No es solo un despacho en entredicho, sino una forma de entender las relaciones entre lo público y lo privado, donde la cercanía al poder no genera responsabilidades, sino blindajes.
Y sin embargo, pese a la gravedad del caso, los grandes focos mediáticos se mantienen tímidos. La posibilidad de que un exministro clave en los gobiernos del Partido Popular esté implicado en una red de favores corporativos no ha generado una alarma proporcional. Quizá porque el cinismo ha calado, o porque los grandes nombres del poder se presumen intocables, hasta que una instrucción tenaz —como la del juez Rubén Rus— decide seguir el rastro aunque moleste.
Hoy, el despacho de Montoro pide el cierre del caso. Pero el fondo de la causa, los indicios acumulados y la necesidad de depurar responsabilidades no se archivan tan fácilmente. Porque más allá de la legalidad formal, hay una cuestión de legitimidad democrática: ¿hasta cuándo los entornos de privilegio seguirán considerando que las reglas comunes no se les aplican? Esa es la verdadera pregunta que este caso pone sobre la mesa. Y su respuesta aún está en manos de la justicia.