De todos era sabido que la titular del juzgado número 19 de Madrid, que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se iba a jubilar. Así es. La magistrada ha cumplido con todos los trámites y no se incorporará tras el mes de vacaciones correspondiente. Y ya tiene sustituto. Se trata de un conocido de la magistratura madrileña de la que fue decano. Y la derecha judicial no ha hecho más que conocer la designación y poner el grito en el cielo. Porque Antonio Viejo Llorente es conocido por haber ocupado el cargo de secretario general de la Administración de Justicia con el primer gobierno de Pedro Sánchez siendo titular de Justicia Dolores Delgado. Lo que no dicen en la derecha judicial es que el nombramiento se ha llevado a cabo conforme a la normativa vigente mediante un proceso reglado según el cual el magistradomás antiguo de cuantos se presentan al cargo es automáticamente designado Conmás de tres décadas de experiencia en la carrera judicial, el magistrado Viejo Llorente, de 66 años, ha desarrollado una dilatada trayectoria en los juzgados de instrucción. Y su equidistancia ideológica es evidente. Está afiliado a la Asociación Francisco de Vitoria, que podría calificarse como la intermedia entre el conservadurismo de la Asociación Profesional de la Magistratura y el progresismo de Juezas y Jueces para la Democracia.
En la instrucción del caso González Amador, la pieza principal ya ha sido cerrada y se va a convertir en procedimiento abreviado. Es la que se refiere al delito fiscal presuntamente cometido por la pareja de Díaz Ayuso al haber defraudado algo más de 350.000 euros en los impuestos de sociedades de los ejercicios 2021 y 2022 mediante la emisión de facturas falsas. Dos delitos fiscales y uno de falsedad del que también se acusan a dos ciudadanos sospechosos de haber colaborado en ese presunto fraude. Hay quien dice que es bastante probable que el famoso pacto al que quiso llegar González Amador al principio de las inspecciones fiscales, y que dio origen a los famosos correos por cuya difusión pública se acusa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de un delito de revelación de secretos, se volverá a plantear por lo que si se llega a un acuerdo habrá juicio de conformidad. Lo que ocurre es que la fiscalía ya no quiere pactar después de todo lo que ha ocurrido y pide tres años y nueve meses de cárcel para el novio de la presidenta de la CAM, una petición muy alejada de esos ocho meses, el pago de multa y el abono de la cantidad presuntamente defraudada que estaba dispuesto a aceptar.
Sobre ese asunto, el juez Viejo Llorente poco o nada tiene que determinar. Cuando fiscalía y defensa le entreguen los correspondientes dictámenes, los trasladará a la Audiencia de Madrid que, en esos momentos, pasará a hacerse cargo de la causa y, se supone que señalará la fecha para la celebración del juicio. Eso en lo que respecta la pieza principal, pero queda la llamada “pieza separada” en la que se investiga las relaciones de González Amador con el grupo Quirón Prevención. El cobro irregular de comisiones, y su intercambio con directivos, están en el punto de mira del juzgado tras haber aceptado la instructora Iglesias, ahora jubilada, la petición de las acusaciones particulares.
Antonio Viejo tiene una antigüedad de treinta años. Hasta 2014 fue titular del juzgado de instrucción número 20 de Madrid. Ese año fue elegido juez decano. No se le puede calificar de afín al gobierno progresista. Todo lo contrario. Participó activamente en la huelga de jueces de 2018, curiosamente cuando la titular era Dolores Delgado que, posteriormente, lo nombraría secretario general. Durante su permanencia asumió las funciones de “impulso, dirección y seguimiento de la modernización de la administración judicial, y la ordenación y distribución de sus recursos humanos, materiales y financieros”. Siempre ha sido partidario de la modernización del aparato judicial, impulsor de la digitalización y a eso dedicó su tarea en la administración hasta febrero de 2020 en que fue cesado.
En el ámbito jurídico no se cree que el juez Viejo vaya a modificar la línea de actuación de su antecesora en lo que respecta a la instrucción del Caso González Amador. A la vuelta de las vacaciones judiciales de agosto están previstas una serie de diligencias, interrogatorios a testigos y, probablemente, una nueva comparecencia del principal imputado. Pero, con anterioridad, la Audiencia deberá resolver el recurso de apelación presentado por González Amador quien considera que la pieza separada no es ajustada a derecho y a la realidad del proceso.
Esa investigación se basa en el hecho de que Alberto González Amador compró a la mujer de Fernando Camino, CEO de Quirón Prevención, una sociedad que luego utilizó para facturar al grupo. Circulo de Belleza se adquirió por 500.000 euros cuando, según la Agencia Tributaria, carecía de valor, sin empleados y con tres aparatos de depilación. Cambió su nombre llamándola Masterman & Whitaker y la integró en Maxwell Cremona, cuyo administrador es el empresario. Según la acusación, Masterman sirvió para facturar las comisiones que fueron objeto de inspección fiscal. Tanto el ministerio público como la AEAT sospechan que esa operación podría encubrir una comisión a Fernando Camino. A partir de ahí se tira del hilo del ovillo y se empiezan a investigar las relaciones de González Amador con el gigante sanitario. Tiene una dirección de correo electrónico corporativa, su despacho está a pocos metros del de Fernando Camino, y su contacto de teléfono móvil figura como “Alberto Quirón”.
El mayor holding sanitario privado de este país no se va a presentar en la causa como acusación. No se considera perjudicado y, además, está convencido de que la relación de González Amador con ellos se encuentra dentro de la legalidad. Lo que sí es cierto es que el grupo Quirón mantiene excelentes relaciones con la Comunidad Autónoma de Madrid. Gestiona cuatro hospitales públicos y hace escasas semanas logró recuperar la mitad de la deuda que la administración autonómica tiene contraída con ellos.
Todo eso es lo que le toca investigar al juez Viejo y nadie cree que vaya a modificar la línea de actuación de su antecesora. El caso González Amador seguirá adelante con todas las consecuencias para la pareja de Díaz Ayuso.