Ángel Hurtado, el juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado y a la fiscala superior de Madrid por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos, ha remitido al decanato de los juzgados de Madrid la denuncia de García Ortiz por la filtración del informe de la UCO de la Guardia Civil acerca del análisis efectuado a los soportes informáticos y digitales intervenidos en el registro de la sede de la fiscalía general. El abogado de Begoña Gómez ha pedido al juez, Juan Carlos Peinado, que deduzca testimonio por las filtraciones periodísticas de las once cuentas bancarias de la esposa del presidente con un saldo de 40 euros y que la caverna mediática se ha apresurado en matizar que “es una relación incompleta”. Son los dos ejemplos de lo que está pasando en estas causas. A los jueces les están tomando el pelo las partes personadas que lo único que quieren es filtrar a los medios de comunicación afines todos aquellos aspectos de la investigación que puedan dañar la reputación de los encausados, sobre todo si uno de ellos es un alto cargo nombrado por el gobierno y el otro un familiar del presidente. El objetivo final es desgastar al ejecutivo progresista. Está claro que la finalidad de todas estas filtraciones es política.
En los ordenadores y teléfonos móviles intervenidos al fiscal general del Estado figuran conversaciones privadas. Álvaro García Ortiz teme que sean difundidas y eso vulneraría la ley de protección de datos y sería fácilmente denunciable por lo que se podrían pedir responsabilidades penales al instructor del Supremo, por ley custodio de toda la información ajena al objeto de la investigación.
Además, García Ortiz advirtió que, en sus soportes digitales, tanto los privados como los corporativos, hay información que afecta a la seguridad del Estado. Y por ello, el juez ordenó a la Guardia Civil que se limitase a analizar los contenidos de los días en los que se filtraron a la prensa las gestiones en torno al novio de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alberto González Amador. Al mismo tiempo decretó secreta la parte del sumario en la que se incluyeron esos informes. Pero las partes personadas se las arreglaron para acceder a esos informes y los filtraron a la prensa.
Al menos, el juez Hurtado está guardando las formas en su instrucción, algo que no está sucediendo con su compañero de Madrid, Juan Carlos Peinado. Dicen fuentes jurídicas que al magistrado le han dado algún toque de atención sus superiores de la Audiencia Provincial, aunque en público hayan avalado su gestión. Se le ha recordado que declaró secreto del sumario, pero tal condición fue vulnerada publicándose en la prensa datos sobre las actividades de Begoña Gómez y del que fue codirector de su cátedra, el empresario Juan Carlos Barrabés. El juez se ha salvado en público, que no en privado, por su obcecación en ir a tomar declaración al presidente a Moncloa cuando tiene derecho, por ley, a hacerlo por escrito. Se le ha reprochado que lo único que ha ganado con ello es “la foto” entrando en Moncloa. Que luego no se queje si se califica su investigación de “circo mediático” que provoca, además, el que sirva de ejemplo para levantar falsos testimonios en otras causas judiciales utilizando, para ello, la prensa.
La última de Peinado ha sido dejar que se difundan los informes de Punto Neutro Judicial sobre Begoña Gómez. Este es un servicio dependiente del Consejo General del Poder Judicial mediante el cual se accede a los datos de la ciudadanía de este país a través de la información que obra en poder de las entidades financieras y la Agencia Tributaria. Y ha “descubierto” once cuentas bancarias en las que la esposa de Pedro Sánchez aparece como titular, autorizada, o representante, con un saldo de 40,11 euros. El informe se filtró inmediatamente a la caverna mediática que se encargó de manipularlo añadiendo que “es incompleto". La investigación abarca un periodo que va desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 18 de noviembre del presente ejercicio, es decir, el tiempo en el que Sánchez ocupa la presidencia del ejecutivo.
Hasta ahora, las filtraciones en torno a la figura de Gómez no han dado el resultado apetecible para la caverna mediática, pero, al menos, mantiene el interés sobre este asunto que, si no concurriesen las circunstancias de este caso, habría sido archivado. De entrada, no se entiende muy bien que se haya admitido a trámite una denuncia basada en informaciones periodísticas no contrastadas. Pero es que, además, se vienen filtrando aspectos del sumario estando secreto, según decreto del juez. Y, posteriormente, se han ido conociendo detalles que sólo se pueden hacer públicos si la fuente está personada en la causa. Y no se puede olvidar que los principales denunciantes son dos organizaciones de extrema derecha, Hazte Oír y Manos Limpias, muy interesadas en desgastar políticamente a este gobierno.
En el caso de la acusación de revelación de secretos por parte de la fiscalía, las filtraciones pueden obedecer a otro tipo de intereses. Hay que partir del punto inicial. La querella la presentó una parte que está investigada por delito fiscal, falsedad documental y otras imputaciones que están siendo estudiadas por el ministerio público. A esta querella se unieron el Colegio de la Abogacía Madrileña, el ICAM, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, y, como no, las organizaciones de extrema derecha a las que en esta ocasión hay que añadir a Vox. Cualquiera de esas acusaciones puede acceder al sumario por mucho que el juez haya declarado la inaccesibilidad de algunos informes, como es el de los correos de la oficina del FGE, por la información que pueden contener.
También esas filtraciones han sido sesgadas. En la caverna mediática aparece, en grandes titulares, que la Guardia Civil cree que García Ortiz tuvo “una participación preeminente” en la filtración de los datos personales, profesionales y fiscales de González Amador que son objeto de la actuación delictiva que se investiga. Pero, si uno pasa del titular al grueso de las informaciones publicadas se comprobará que los argumentos para llegar a esta conclusión tienen escaso recorrido. Y más cuando todavía no se ha interrogado el grueso de funcionarios, -dicen que un total de 17-, que tuvieron acceso a esos correos internos.
Unas filtraciones que están haciendo daño a la credibilidad de la prensa. Y que lo que demuestra es que en el trasfondo de estos asuntos judiciales hay un interés político. Es una interpretación torticera de lo que debe ser la labor del “cuarto poder”.