Tal y como se anunció en Diario16+, el nuevo órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, no arrancará hasta septiembre. La tramitación parlamentaria de la candidatura que apoyan PP y PSOE no concluirá este mes de julio, y agosto es inhábil a efectos judiciales. Y, también, tal y como se dijo en este mismo medio, está por saber si dará tiempo a la elección del nuevo presidente quien, sobre el papel, tendría que ser el que curse la lectura del discurso de apertura del año judicial en calidad de titular del Tribunal Supremo.
Quedan muchas cosas por saber, pero otras ya se dan por supuestas. Entre ellas, que el nuevo consejo carecerá de las competencias que hasta ahora ha tenido. La Ley Orgánica del Poder Judicial va a ser modificada en muchos sentidos y el más importante de todos es que se va a modificar la designación de los jueces de las instancias superiores, Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias territoriales, que hasta ahora correspondía a la comisión permanente.
Todavía se desconoce cual va a ser el criterio para la designación de los magistrados, aunque parece que el acuerdo entre socialistas y conservadores va en línea parecida a la propuesta efectuada en su día por el actual presidente en funciones, Vicente Guilarte. Sería una especie de concurso de méritos en el cual se seleccionarán a los candidatos mejor cualificados. El consejo seguiría siendo el ejecutor de este sistema, pero la designación dejaría de ser discrecional. En este punto no existe acuerdo porque hay quien quiere que sea el propio Supremo el encargado de organizar estos concursos despojando de esta potestad al CGPJ por aquello de despolitizarlo. En cualquier caso, será el pleno del nuevo organismo el que propondrá el mecanismo en la reforma que deberá elaborar en la cual se incluyen otros aspectos tan importantes como la fórmula en la que se elegirán a los que, dentro de cinco años, les sustituirán. Recordemos que la derecha quiere forzar la elección directa por parte de los jueces mientras que socialistas y socios de gobierno se mantienen en los criterios utilizados actualmente.
También se modificará el actual funcionamiento de la institución de tal manera que la comisión permanente, que ahora mismo es el núcleo duro que controla la práctica totalidad de las decisiones, dejará de tener tantas competencias traspasándolas a las comisiones y al pleno, que recuperará la capacidad decisoria que perdió con el anterior CGPJ que presidió Carlos Lesmes.
Se quiere modificar el régimen disciplinario dotando de mas competencias a la comisión correspondiente. Hasta ahora, dicha comisión estaba capacitada para imponer las sanciones que corresponden a jueces y magistrados salvo la de separación de servicio que corresponde al pleno. Si prospera la modificación del reglamento de funcionamiento, la comisión disciplinaria podrá ejecutar este tipo de sanción, la más grave que puede aplicar. Se pretende, de esta manera, dotar de mas medios de vigilancia en las actuaciones judiciales que pueden ser consideradas incorrectas.
Se modificará el sistema de acceso a la carrera judicial. Aunque en Sumar quieren que se suprima la oposición, esta propuesta queda prácticamente descartada. Como contrapartida, para abrir la carrera judicial a las personas con menores posibilidades económicas, se incrementará la cuantía de las becas.
En 2022, el gobierno puso en marcha este sistema para tratar de paliar las desigualdades y democratizar el acceso a las pruebas para juez, fiscal, letrado de la administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales) y abogado del Estado. Este año, la cuantía se ha incrementado hasta alcanzar los 880 euros mensuales y se quiere llegar mas lejos teniendo en cuenta que la duración del periodo de formación para la oposición suele ser de cinco años y requiere de unos gastos -fundamentalmente el pago a un juez o fiscal preparador, los materiales necesarios y la manutención del aspirante- que, en algunos casos, superan los 500 euros al mes.
Asimismo, se va a reformar el funcionamiento de la Escuela Judicial. La formación inicial de los jueces en España tiene actualmente tres fases previstas en la ley orgánica del Poder Judicial: el curso teórico-práctico en la Escuela Judicial, ocho meses de prácticas tuteladas y cinco meses como juez sustituto o de refuerzo. La primera, que se desarrolla íntegramente en la sede de la Escuela Judicial en Barcelona, dura aproximadamente once meses y se centra en el método del caso, trabajando sobre casos reales. En esta etapa se realizan simulaciones de juicios y estancias de trabajo en distintas instituciones como prisiones, fiscalía, despachos de abogados, policía, hospitales o registros para conocer el día a día de los distintos operadores jurídicos.
El actual consejo, todavía en funciones, obligó a dimitir al anterior director de la escuela, Jorge Jiménez Martín, argumentando, paradójicamente, su interinidad en el cargo. Fue sustituido por María Jesús Millán, directora de formación continua, que ejerce sus labores desde Madrid. La propia Millán ha mostrado su falta de interés por ejercer este cargo, pero la derecha judicial estaba interesada en situarla ahí. En el fondo, lo que se pretende es devolver a Madrid la sede de la escuela judicial que se trasladó en 1997 a Barcelona. Pero también se va a llevar a cabo una profunda reestructuración sobre todo acortando los plazos de formación de tal manera que los aspirantes tarden del orden de un año en ocupar las plazas vacantes.
Porque todos coinciden en la necesidad urgente de incrementar el número de jueces de este país en al menos 300 plazas a corto plazo. El número de juzgados actual es insuficiente y aunque se está estudiando en el parlamento la ley de eficiencia judicial que pretende modificar el sistema territorial actual, lo que es cierto es que, con cualquiera de las fórmulas, la actual o la futura, las dotaciones se quedan cortas, tanto en lo que se refiere a jueces como a los letrados de la administración de justicia y funcionarios. El servicio público no es que sea obsoleto, es que ha quedado precario de medios. Y es tarea no sólo del Ministerio de Justicia sino de todos los organismos implicados, incluido el nuevo CGPJ, los encargados de modernizarlo para que preste un eficaz servicio a la ciudadanía.