El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado este martes un anteproyecto que reforma de manera significativa el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Una de las medidas más destacadas de esta reforma es la creación de un mandato de cinco años, no renovable, para el fiscal general del Estado (FGE), desvinculando su nombramiento de la duración de la legislatura y el cambio de Gobierno. Con esta modificación, el Ejecutivo busca reforzar la autonomía e independencia de la Fiscalía, un paso que responde a las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que han instado a una mayor separación entre el poder político y el poder judicial.
Principales cambios
- Mandato de cinco años no renovables para el fiscal general
- Comunicaciones con el Gobierno deberán ser por escrito y públicas
- Mayor control interno de la carrera fiscal y autonomía para el nombramiento de fiscales
Independencia del Ministerio Público
La reforma, que se enmarca en el proceso de adaptación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que otorga a los fiscales el control de la instrucción de las causas penales, introduce una serie de medidas encaminadas a blindar la imparcialidad de la Fiscalía. A partir de ahora, el fiscal general será nombrado por el Gobierno, pero su mandato será de cinco años y no podrá renovarse, salvo en circunstancias excepcionales, como un mandato de menos de un año. Además, si el fiscal general cesa antes de completar su mandato, la persona que lo reemplace lo hará únicamente durante el tiempo restante hasta completar el periodo de cinco años, garantizando así la estabilidad y continuidad en la Fiscalía.
Esta reforma también pone freno a los ceses discrecionales. En el caso de que el Gobierno desee cesar al fiscal general por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, será necesario un informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que impide que el Ejecutivo utilice esta medida de manera política o partidista. Este control externo pretende evitar que el fiscal general sea removido por motivos ajenos a la legalidad o la imparcialidad.
Transparencia y control en las comunicaciones
Otra de las innovaciones importantes de la reforma es la imposición de una nueva normativa sobre las comunicaciones entre el fiscal general y el Gobierno. A partir de ahora, cualquier comunicación entre ambos deberá realizarse por escrito, y estos documentos serán registrados, publicados y accesibles al público. Esta medida busca aumentar la transparencia en las interacciones entre la Fiscalía y el Ejecutivo, asegurando que no se den instrucciones políticas directas sobre la actuación del fiscal general en casos específicos, lo que podría comprometer su independencia.
Asimismo, el fiscal general no podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros, una práctica que podría haber sido vista como una forma de control o presión sobre el Ministerio Público. Con esta reforma, se pretende proteger la autonomía del fiscal general y, por extensión, la de la Fiscalía, garantizando que esta institución no sea susceptible a injerencias externas.
Refuerzo de la autonomía interna
El anteproyecto también establece cambios relevantes dentro de la propia estructura de la Fiscalía. El fiscal general del Estado asumirá la competencia exclusiva en el nombramiento, ascenso y sanción de los fiscales más relevantes, una función que hasta ahora recaía en el Gobierno. Este cambio también supone un fortalecimiento de la autonomía interna de la Fiscalía, limitando el poder del Ejecutivo sobre la carrera fiscal.
Además, se amplían las competencias de la Junta de Fiscales de Sala, el órgano que agrupa a los fiscales más altos del Ministerio Público. En caso de discrepancias con el fiscal general, la Junta podrá imponer su criterio si cuenta con el apoyo de al menos tres quintas partes de sus miembros. Esta medida introduce un sistema de control interno para evitar que el fiscal general imponga decisiones unilaterales que no cuenten con el respaldo de la mayoría de los fiscales.
Nuevo papel del fiscal en la instrucción penal
En línea con la reforma de la LECrim, que transfiere a los fiscales la responsabilidad de dirigir la instrucción de las causas penales, el anteproyecto establece que el fiscal general del Estado será responsable de dirigir la Policía Judicial en sus funciones de investigación del delito. Asimismo, se establece que el fiscal jefe designará a los fiscales encargados de la investigación en cada caso, otorgando mayor claridad y eficiencia en el proceso de instrucción.
Para garantizar la imparcialidad de los fiscales que intervengan en las investigaciones, la reforma también introduce un régimen de recusación y abstención para los fiscales, similar al que ya existe para jueces y magistrados. Esta medida busca asegurar que los fiscales actúen sin ningún tipo de conflicto de interés y bajo los principios de imparcialidad y objetividad.
Cambios en la financiación de las asociaciones de fiscales
El anteproyecto introduce, además, una medida que afecta a las asociaciones de fiscales. A partir de ahora, estas entidades no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros, lo que busca evitar cualquier tipo de influencia externa que pudiera comprometer su independencia. También se establece un registro público de fiscales que se encargan de preparar a los opositores a la carrera fiscal, y aquellos que deseen actuar como preparadores deberán contar con la autorización expresa de la Fiscalía General del Estado.
La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que ha aprobado el Gobierno constituye un paso importante hacia el fortalecimiento de la independencia y autonomía de la Fiscalía, adaptándola a su nuevo papel como responsable de la instrucción penal. Con estas medidas, se busca garantizar que el fiscal general y el Ministerio Público actúen con total imparcialidad, sin estar sometidos a presiones políticas o externas, lo que, a su vez, contribuirá a la consolidación de un sistema judicial más transparente y libre de injerencias.