Las investigaciones judiciales sobre las actividades de la llamada “policía patriótica”, el grupo que se fraguó en la época de Mariano Rajoy cuando Jorge Fernández Díaz era su ministro de Interior, han quedado reducidas a dos juzgados, si exceptuamos las derivadas de las actuaciones del comisario José Manuel Villarejo. La guerra sucia contra Podemos y los independentistas catalanes se instruyen, la primera en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional cuyo titular es Santiago Pedraz, y la otra en el juzgado de instrucción número 13 de Madrid a instancias de una denuncia presentada por Sandro Rosell contra Villarejo y diversos policías por los delitos de organización criminal, falsedad documental, acusación y denuncia falsa, malversación y detención ilegal.
Rosell fue juzgado por la Audiencia Nacional por el presunto blanqueo de comisiones por la retransmisión de partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol. El expresidente azulgrana estuvo 21 meses en prisión preventiva por blanqueo y organización criminal y llegó a afrontar una petición de seis años de cárcel en el juicio. Tras ganar esa batalla, Rosell decidió pasar al ataque mediante una serie de acciones judiciales. Su querella señala a Villarejo, pero también a otros cargos de responsabilidad durante la Operación Cataluña: el inspector jefe de la UDEF, Alberto Esteve, el exinspector, Antonio Giménez Raso, ambos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, y al agregado del FBI en la embajada de Estados Unidos en Madrid, Marc L. Varri. A todos ellos les acusa de haber participado en la confección de informes supuestamente falsos que sirvieron para acordar la prisión provisional del empresario.
Esta es la única causa judicial abierta en torno a la llamada “operación Catalunya” al margen de la comisión de investigación en el congreso de los diputados. Parece claro que durante el mandato de Mariano Rajoy se intentó neutralizar al movimiento independentista catalán elaborando informes para desprestigiar a sus dirigentes a través de los medios de comunicación afines y, en casos evidentes, proceder a la denuncia judicial. Los líderes del procès intentaron judicializar el asunto relacionándolo con las actividades presuntamente ilícitas cometidas por Villarejo, pero el instructor del sumario no era otro que el juez García Castellón quien se negó a la apertura de una pieza separada. De todas maneras, todavía queda pendiente el procedimiento abierto por una jueza de Andorra por las presuntas presiones que ejercieron Rajoy y sus ministros contra los directivos del Banco de Madrid para que revelasen los detalles de las cuentas de la familia Pujol y otros independentistas en la Banca Privada Andorrana, perteneciente al grupo financiero.
Tampoco el titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, parece estar muy dispuesto a profundizar en las operaciones de espionaje a los dirigentes de Podemos. Ha rechazado solicitar al ministerio de Interior los expedientes de las dos principales operaciones secretas llevadas a cabo contra la formación morada cuando el departamento lo dirigía Fernández Díaz. La investigación en curso había destapado dos inspecciones, Venus y Bolívar, que se llevaron a cabo sin autorización judicial. Ambas buscaban implicar a los líderes de Podemos en casos de financiación ilegal, basándose endocumentos falsificados. Pedraz argumenta que estas operaciones no guardaban relación con la consulta de bases de datos policiales sobre los 69 diputados del partido tras las elecciones de ese año, el asunto que originó la investigación.
En la operación Venus, la policía investigó el conocido como “informe Pisa” en el cual se atribuían transferencias de dinero desde paraísos fiscales a una empresa vinculada al programa televisivo de Pablo Iglesias. La UDEF de la policía nacional lo utilizó para iniciar una serie de averiguaciones secretas que incluyeron consultas en bases de datos policiales sobre el entonces líder de Podemos que se archivaron diez meses después al no encontrar indicios de delito.
Por el juzgado de Pedraz ya han pasado algunos miembros que presuntamente participaron en este tipo de operaciones y a los que se les atribuye su pertenencia a la “brigada patriótica”. Incluso algún cargo político como Francisco Martínez, el secretario del Estado para la Seguridad, imputado no sólo en este juzgado sino también en el número 6 donde se instruyen las causas contra Villarejo, llegó a insinuar que la orden de espiar a los diputados de Podemos llegó directamente de Moncloa porque el objetivo “era evitar a toda costa la participación de la formación que lideraba Iglesias en un gobierno de coalición con el PSOE”.
Y a todo ello hay que añadir el archivo decretado por la Audiencia de Madrid, del caso Neurona que mantuvo a varios de los dirigentes de Podemos imputados durante tres años sin que existieran indicios sólidos de delito. En la instrucción que llevó a cabo el juez de Madrid, juan José Escalonilla, tras la denuncia presentada por Vox y la ultraderechista Asociación de Juristas Europeos Pro-Lege, se llegaron a mezclar acusaciones absurdas como la efectuada a una trabajadora del partido de ser “la niñera” de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias pagada con fondos del partido. Todas las piezas separadas que abrió el instructor fueron archivándose lentamente tras resolver la Audiencia los recursos contra esos archivos. La justicia ha dado la razón a Podemos en este asunto, pero el desprestigio de sus dirigentes generado por la filtración de los datos que se iban conociendo no ha sido compensado.
Hay que destacar que pesar de que las investigaciones judiciales avanzan con demasiada lentitud lo que sí parece quedar probado es que el gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo una guerra sucia contra lo que consideraba “las mayores amenazas para la estabilidad democrática”. Los encargos a Villarejo y las actividades de la policía patriótica, también conocida como brigada política, recuerdan a los peores tiempos de la represión franquista. Y los jueces no quieren profundizar en este feo asunto. Porque si lo hacen no van a tener más remedio que apuntar más alto y pedir responsabilidades a la cúpula política del Partido Popular y en concreto al presidente de la época, Mariano Rajoy.