El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha quedado en libertad tras permanecer ocho días en prisión preventiva. La decisión, adoptada este jueves por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, se produce después de que la Fiscalía solicitara su excarcelación, al considerar que las pruebas que motivaron su ingreso están ya aseguradas.
El antiguo alto cargo del Ministerio del Interior fue detenido en el marco de la "Operación Borrasca", una investigación que sacude los cimientos del sistema de protección de datos español y en la que también está implicado el conocido hacker José Luis Huertas, alias Alcasec. Ambos fueron enviados a prisión por orden de la instructora ante el riesgo de que pudieran destruir o manipular evidencias clave.
De la cúpula del poder a la celda
Francisco Martínez ocupó uno de los puestos más sensibles del Estado. Ahora, su nombre se vincula a una red criminal presuntamente dedicada al robo y comercio de datos confidenciales, obtenidos ilícitamente de organismos públicos y privados. Su implicación en este entramado resulta especialmente alarmante por su posición institucional previa y el acceso privilegiado que tuvo a información crítica.
A pesar de que la jueza justificó su encarcelamiento inicial por el peligro de destrucción de pruebas, en concreto, datos almacenados en la nube, la reciente confirmación por parte de la Comisaría General de Información de que dichas pruebas están bajo custodia ha llevado a reconsiderar la medida.
"No tiene capacidad para alterar las fuentes de prueba", argumentó su defensa, solicitando el fin de la prisión provisional. La juez, atendiendo a este razonamiento y a la petición del fiscal, ha ordenado su puesta en libertad.
La defensa de Martínez ha intentado desmarcarse del foco penal, asegurando que su cliente no puede influir ya en el curso de la investigación. Sin embargo, el auto que lo envió a prisión fue claro: la jueza entendía que Martínez ocupaba un "rol central" en la estructura de la trama.
El exalto cargo trató de desviar la atención hacia los datos obtenidos por Alcasec, custodiados supuestamente en servidores suizos. Pero lo verdaderamente preocupante, y sobre lo que pivota la acusación, es la información que Martínez almacenaba y que, según la Fiscalía, podría ser clave para entender el alcance de la red.
A pesar de su excarcelación, la situación judicial del exsecretario de Estado sigue siendo grave. Su implicación en este caso, no como mero conocedor, sino como presunto facilitador o encubridor, pone en entredicho no solo su trayectoria política, sino la integridad del sistema que representó.
Con la libertad concedida, Francisco Martínez podrá defenderse en libertad. Pero el daño institucional y la pérdida de credibilidad política ya están consumados. Una vez más, la sombra de las cloacas del Estado del Partido Popular vuelve a asomar por los pasillos de la Justicia.