Podría considerarse una anécdota más de las muchas que salpican este feo asunto de la investigación abierta a Begoña Gómez, pero si se analiza la decisión de Juan Carlos Peinado de grabar íntegramente, en video y audio, el interrogatorio a la mujer del presidente, uno puede deducir muchas cosas. Entre otras las ansias de publicidad de este juez al que se le acusa de estar llevando a cabo una “investigación prospectiva” que está prohibida por la ley. Si es prospectiva o no se sabrá con el tiempo. Pero un detalle más a añadir a las irregularidades de las que el togado deberá dar cuenta en su día es la admisión como acusación particular de la asociación ultracatólica Hazte Oír.
Unos días antes, el juez en un auto había limitado las personaciones a la del denunciante el pseudosindicato Manos Limpias, cuyo abogado era el único que podía estar presente en el interrogatorio de Gómez. Cual fue la sorpresa del abogado de la investigada cuando vio la presencia de otro letrado en representación de Hazte Oír. Cuando se lo comunicó al juez éste señaló que había decidido, en el último momento, la participación de esta asociación como acusación particular. A renglón seguido, el abogado elevó una protesta alegando, además, que no le habían anunciado las imputaciones concretas y que le faltaba documentación. Era lo que esperaba Peinado. Quince días más para alimentar imputaciones sin fundamento en la prensa. Está claro que, como no ponga remedio la sala lo penal de la Audiencia de Madrid este procedimiento se va a hacer larguísimo, tanto como lo que falta de legislatura.
A Begoña Gómez el juez la imputa delitos genéricos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Se basa en dos operaciones de diferente signo: las ayudas públicas que recibió el grupo Globalia y que los denunciantes señalan se lograron gracias a la mediación de Begoña Gómez y las subvenciones por parte de la empresa pública Red.es a Innova Next y la Escuela de Negocios The Valley, con las que Gómez presuntamente mantiene algún tipo de relación. Hay que distinguirlas porque la Audiencia Provincial ya le dijo al juez que se limitara a la segunda, la de las ayudas a Innova y The Valley, ya que los informes elaborados por la UCO de la Guardia Civil no detectan la intervención de Gómez en las ayudas a Globalia propietaria de la aerolínea Air Europa por muy amiga que sea de su presidente, Hidalgo jr.
Encima al juez le surgió otro obstáculo. Las ayudas de Red.es proceden de fondos de la Unión Europea. Por tal motivo, el fiscal europeo reclamó la investigación de este asunto. Peinado se niega porque sabe que es lo único a lo que se puede aferrar para seguir dando pábulo a un asunto que parece ser le interesa personalmente. O al menos a su hija, militante del Partido Popular y concejala del ayuntamiento de una de las poblaciones con mayor renta per cápita de España, Boadilla del Monte. Juan Carlos Peinado se ha negado implícitamente a ceder esta parte del sumario y el asunto lo ha tenido que resolver el Tribunal Supremo.
Mientras tanto el juez prosigue con las diligencias a pesar de que todos le dicen que no está en condiciones de seguir: que la parte de Globalia es “inconsistente” según sus superiores de la Audiencia Provincial, que la de Red.es es competencia de la fiscalía europea y que ni siquiera ha comunicado a Begoña Gómez qué delitos la imputa. La cosa está mucho más que clara.
El juez Peinado imputa a Gómez delitos de tráfico de influencias. Para que se pueda hablar de ese delito el Supremo establece una serie de requisitos. La sentencia 300/2012, del 3 de mayo de 2012, explica que “la influencia consiste en una presión moral eficiente sobre la acción o decisión de otra persona, derivada de la posición o estatus del influyente”. También dice que es “un delito especial cuyo sujeto activo debe tener la condición de 'autoridad' o 'funcionario público'”. Cuando fue interrogado el director de El confidencial, el medio en el que se ha basado la denuncia de Manos Limpias, éste dijo que no le consta “ningún tipo de presión en las personas adjudicatarias de los contratos”.
Por lo tanto, hay dos condiciones establecidas por el TS que no se dan en este caso. Los testigos apuntan a que no hubo presiones y Begoña Gómez no es ni autoridad ni funcionaria pública. Pero Peinado va a buscar hasta debajo de las piedras más materia prima con su instrucción. El juez es consciente y tira por todo lo alto. Ha informado a la defensa de que investiga “todos los actos, conductas y comportamientos” de Begoña Gómez desde que Sánchez es presidente del Gobierno que aparecen en la denuncia inicial del grupo ultra Manos Limpias. Si esto no es una investigación prospectiva, entonces, ¿cómo se llama a este tipo de actuaciones?
Ni siquiera hablamos de lawfare, que también se podría hacer, pero las actuaciones de este juez hacen llegar a la conclusión de que tarde o temprano va a tener que dar cuenta a sus superiores. Lo que pasa es que se está esperando a la toma de posesión del nuevo Consejo General del Poder Judicial para poner encima de la mesa del organismo todas las posibles irregularidades que dicen las fuentes jurídicas consultadas se están produciendo en esta instrucción.
Y como se encuentre algo, que probablemente se encontrará, al juez Juan Carlos Peinado le puede salir muy cara la broma. De momento ha conculcado un derecho fundamental de Begoña Gómez al introducir por sorpresa y sin anunciárselo previamente a su defensa, a una nueva parte, una acusación particular, esta de Hazte Oír con una motivación evidentemente política. Con manifestantes en la calle pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y exigiendo que sienten en el banquillo a Begoña Gómez.