La magistrada que investiga la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia en la Comunidad de Madrid ha suspendido nuevamente las declaraciones de los imputados por las muertes de miles de personas mayores. Este retraso, que afecta directamente a varios altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha sido recibido con desesperación por los familiares de las víctimas, quienes llevan años luchando por justicia. Con pancartas y gritos de "verdad, justicia, reparación", los afectados han mostrado su indignación frente a los juzgados de Madrid.
Una decisión que dilata la justicia
La jueza ha decidido retrasar las declaraciones de imputados como Carlos Mur, coordinador sociosanitario durante la crisis sanitaria. Este funcionario, que ahora se enfrenta a cargos por su responsabilidad en la gestión de los protocolos que excluyeron a miles de mayores de ser derivados a hospitales, ha alegado que no ha tenido acceso a los documentos y pruebas pertinentes. La decisión de suspender las comparecencias se ha basado en estas alegaciones, lo que ha generado una profunda sensación de frustración entre las víctimas y sus abogados.
Eduardo Ranz, uno de los representantes legales de las víctimas, ha dejado claro que esta decisión no les va a hacer retroceder: "7.291 discriminaciones no van a quedar impunes". Las víctimas de estas muertes masivas en residencias no están dispuestas a permitir que los responsables se escuden en los plazos o en maniobras legales que alarguen el proceso. A su juicio, la suspensión es una “estrategia dilatoria” por parte de las defensas de los imputados, que han tenido tiempo más que suficiente para estudiar el caso desde que fueron citados.
Las víctimas siguen esperando respuestas
En un contexto donde el dolor de las familias sigue siendo palpable, las declaraciones de los imputados se han visto como una oportunidad crucial para conocer la verdad. Desde el 1 de abril, cuando se dictó el auto en el que se les citaba, las víctimas esperaban que, por fin, los responsables de estas muertes explicaran su versión ante la justicia. Sin embargo, los retrasos y las maniobras de las defensas han dificultado que esto se haga realidad. Alejandra Jacinto, otra de las abogadas que representa a las víctimas, señaló que este tipo de posturas solo alargan un proceso que ya es dolorosamente largo.
"Es una vergüenza", dijo Jacinto, quien añadió que los imputados han tenido más de dos meses para estudiar los documentos relacionados con el caso, por lo que ahora no pueden alegar desconocimiento. Para ella, el retraso solo beneficia a quienes buscan ganar tiempo y evitar responsabilidades. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando justicia, y lo que era una esperanza de que el proceso judicial arrojaría respuestas ha acabado siendo otra frustración.
Carlos Mur y los protocolos de la vergüenza
Carlos Mur, quien fue uno de los artífices de los protocolos sanitarios en las residencias, ya había comparecido en varias ocasiones como testigo, pero ahora se enfrenta a una acusación directa. En sus intervenciones anteriores, Mur alegó que los protocolos creados durante la crisis del COVID-19 eran necesarios para dar instrucciones claras a los sanitarios en un contexto de caos, pero las familias de las víctimas consideran que estos protocolos fueron responsables directos de la exclusión de miles de mayores de los tratamientos hospitalarios.
El protocolo, conocido como “el protocolo de la vergüenza”, fue firmado por Mur, quien siempre ha defendido que la aplicación de estas medidas estaba en manos de los médicos, pero las familias y los abogados sostienen que hubo un claro abandono de los más vulnerables. Además, en sus comparecencias anteriores, Mur señaló a su sustituto, Javier Martínez Peromingo, como otro responsable de los protocolos. Ambos están imputados, pero el foco de las víctimas no se detiene solo en estos dos, que apuntan a la cabeza de la administración: Isabel Díaz Ayuso.
La sombra de Ayuso se alarga
Mientras los imputados comparecen ante la justicia, muchos se preguntan por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin asumir su responsabilidad directa. Desde la denuncia colectiva que implicó a 29 altos cargos del Gobierno de Ayuso, los familiares han señalado a la presidenta como la máxima responsable de la tragedia. La exención de responsabilidades por parte de Ayuso ha sido denunciada por figuras políticas como Diana Paredes, portavoz de Más Madrid, quien ha destacado la falta de empatía de la presidenta al no haberse reunido nunca con los familiares de las víctimas.
En palabras de Paredes: “La responsable es ella. No olvidamos que la principal responsable es Isabel Díaz Ayuso.” Mientras los altos cargos de su administración enfrentan imputaciones, Ayuso ha optado por el silencio y la falta de respuesta a las demandas de justicia. Este vacío de liderazgo y responsabilidad sigue siendo una herida abierta para las víctimas, que no solo claman por justicia, también por una verdad que aún no ha salido a la luz.
El futuro de las víctimas sigue en juego
Las víctimas de esta tragedia siguen luchando por un reconocimiento de lo que ocurrió durante las primeras semanas de la pandemia. Con 7.291 muertos, no hay espacio para la impunidad. Los retrasos en las declaraciones, las maniobras dilatorias de las defensas y el silencio de Ayuso ante la verdad solo profundizan el sufrimiento de quienes perdieron a sus seres queridos.
Es cierto que este proceso judicial aún tiene mucho camino por recorrer, pero lo que está claro es que los afectados no se rendirán. La lucha por la verdad, la justicia y la reparación sigue viva, y cada retraso solo fortalece su determinación de que la responsabilidad no quede impune. Las víctimas merecen saber qué sucedió realmente en las residencias de Madrid y por qué tantos mayores fueron abandonados en el momento más crítico de la pandemia. Mientras tanto, Ayuso sigue sin dar la cara, y la justicia sigue retrasándose, dejando a las víctimas en un limbo de dolor e indignación.