La Comunidad de Madrid sigue siendo el epicentro de una de las crisis más graves que afectaron al país durante la pandemia de COVID-19, y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso comienza a enfrentar las consecuencias legales por su gestión en las residencias de mayores. A pesar de que la presidenta aún no ha sido imputada, la justicia empieza a señalar a los responsables, comenzando por los ex altos cargos que implementaron los conocidos como "protocolos de la vergüenza". Este lunes, tres de ellos se sientan en el banquillo acusados de negligencia y omisión de asistencia sanitaria que costó la vida a 7.291 personas.
La batalla judicial por la justicia para las 7.291 víctimas
El PSOE de Madrid ha solicitado formalmente su personación en el procedimiento judicial que investiga las muertes de 7.291 personas en las residencias de la región. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a los ex altos cargos Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño, los principales responsables de la implementación de los fatídicos protocolos que negaron atención médica a los ancianos. Esta acción judicial es el resultado de una lucha incansable de las familias de las víctimas que, durante más de cinco años, han buscado que se haga justicia por el sufrimiento y la tragedia que marcaron aquellos días.
Los "protocolos de la vergüenza": La condena a muerte de 7.291 ancianos
En los primeros días de la pandemia, el gobierno de Ayuso adoptó unos protocolos de triage que establecían que los ancianos con síntomas graves de COVID-19 no debían ser trasladados a los hospitales. En lugar de recibir tratamiento médico, fueron dejados en las residencias, donde muchos de ellos fallecieron sin recibir atención adecuada. Carlos Mur, en su calidad de director general de Coordinación Sociosanitaria en 2020, y su sucesor Francisco Javier Martínez Peromingo, firmaron y ejecutaron estos protocolos que, según las denuncias, constituyen una clara "denegación de atención sanitaria", un acto que podría ser penado por la ley. Junto a ellos, Antonio Burgueño, asesor sanitario de Ayuso, también se enfrenta a la justicia por su implicación en la gestión de la crisis.
El PSOE no ha dudado en señalar que estos ex funcionarios no actuaron solos. Según Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid, la responsabilidad última recae sobre el gobierno de Ayuso, que aprobó los protocolos sabiendo los riesgos que implicaban. "Las víctimas no fueron números, fueron personas", ha afirmado López en declaraciones recientes. El PSOE ha asegurado que, en este caso, el acompañamiento a las familias será total, exigiendo justicia hasta el final.
El sufrimiento de las familias y la búsqueda de la verdad
Las familias de las víctimas no han dejado de luchar para que se esclarezca qué ocurrió en las residencias de Madrid. En una denuncia colectiva presentada en octubre de 2024, más de cien familias de víctimas exigieron que se llegara hasta el último responsable de esta tragedia. A pesar de los intentos del gobierno regional de Ayuso por desviar la atención, la justicia comienza a abrir los primeros caminos hacia la rendición de cuentas.
Las comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid, bloqueadas por la presidenta Ayuso, habrían sido una oportunidad para arrojar luz sobre los hechos ocurridos, pero el gobierno regional se encargó de silenciarlas, lo que ha provocado un creciente malestar entre los familiares de las víctimas. "No queremos que esta tragedia quede en el olvido, necesitamos saber la verdad", afirman las plataformas que representan a las familias de los fallecidos.
Ayuso: ¿Exonerada de culpa?
Aunque los ex altos cargos responsables de la implementación de los protocolos serán juzgados, la figura de Ayuso sigue siendo un punto de fricción. Las familias y la oposición política han insistido en que la responsabilidad última recae en la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien, en todo momento, se ha mostrado defensiva y ha evitado asumir su parte en la gestión del desastre. Ayuso, que ha culpado al gobierno central y ha intentado desvincularse de las decisiones tomadas, no ha querido atender a los familiares de las víctimas ni mostrar la empatía mínima que se le podría exigir a un cargo público de su rango.
"Es imposible que Ayuso no estuviera al tanto de lo que estaba pasando. Ella es la máxima responsable, y no basta con que diga que no tiene culpa. El dolor de las familias sigue intacto, y queremos justicia", ha señalado un portavoz de la Asociación 7291 Verdad y Justicia. Para las familias, este juicio no solo es un intento de dar justicia a los responsables directos, sino también una llamada de atención a aquellos que, desde el poder, miraron hacia otro lado mientras miles de personas morían sin atención.
El tiempo de la justicia llega tarde, pero llega
A pesar de la tardanza en la apertura de esta causa judicial, las familias no dejan de mostrar su determinación en la lucha por la verdad y la reparación. Para ellas, este juicio es el primer paso para que se les devuelvan los derechos que les fueron arrebatados durante la pandemia. Sin embargo, la sensación generalizada es que la justicia llega con años de retraso. Las consecuencias para los responsables de los protocolos, aunque graves, no serán suficientes para aliviar el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos en las residencias de Madrid.
El caso de las residencias es solo uno de los frentes abiertos por la gestión de Ayuso durante la pandemia. A medida que avanza la investigación, se espera que más responsabilidades sean asumidas, no solo por los ex altos cargos, sino por aquellos que, desde el gobierno regional, autorizaron las decisiones que permitieron esta tragedia.
Las familias esperan que la imputación de Mur y Peromingo sea solo el principio de una investigación más profunda que pueda arrojar más respuestas sobre cómo un sistema sanitario colapsado y unos protocolos erróneos convirtieron a las residencias en un lugar de muerte y sufrimiento para miles de ancianos.
El juicio contra los ex altos cargos de Ayuso marca el inicio de una nueva etapa en la batalla judicial por las víctimas de la pandemia, un proceso que, aunque tardío, podría sentar un precedente importante para la rendición de cuentas en el manejo de futuras crisis.