La Comunidad de Madrid sigue siendo el epicentro de una de las crisis más graves que afectó al país durante la pandemia de COVID-19. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso está ahora en el punto de mira de la justicia tras la imputación de dos de sus ex altos cargos por su responsabilidad en los protocolos de triage que pusieron en peligro las vidas de miles de ancianos en residencias de la región. Es la primera vez que la justicia imputa a funcionarios del gobierno de Ayuso por los fatídicos errores cometidos en el manejo de la crisis sanitaria, una imputación que llega tras años de lucha por parte de las familias de las víctimas.
El protocolo de la vergüenza
En los primeros días de la pandemia, la Comunidad de Madrid adoptó unos protocolos que directamente negaban la atención hospitalaria a muchos de los ancianos residentes en las instalaciones de la región. A pesar de la presión internacional y nacional por tratar de proteger a los más vulnerables, miles de personas mayores fueron abandonadas a su suerte, una decisión que hoy se cobra la primera factura legal.
Carlos Mur, quien en marzo de 2020 era director general de Coordinación Sociosanitaria, y Francisco Javier Martínez Peromingo, quien le sucedió en mayo de ese mismo año, se enfrentan ahora a la justicia por su papel en la firma y ejecución de estos protocolos que, de manera directa, decidieron que los ancianos con síntomas graves de COVID-19 no fueran derivados a los hospitales. En lugar de buscar el tratamiento adecuado, se les dejó morir en las residencias, lo que, según los denunciantes, constituye una "denegación de atención sanitaria" que podría estar penada por la ley.
El sufrimiento de las familias
El fallo de la justicia llega tras una denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por más de cien familias de víctimas que perdieron a sus seres queridos en las residencias. Este paso, histórico por su naturaleza, responde a una acumulación de dolor y frustración por parte de aquellos que aún esperan respuestas claras de las autoridades, las cuales no han asumido ninguna responsabilidad hasta ahora. Según las familias y las asociaciones de víctimas, la implicación de Ayuso y su equipo en las decisiones tomadas durante la pandemia es innegable, y exigen que no solo Mur y Peromingo, sino también la propia presidenta, expliquen cómo se llegó a esa situación de abandono.
"Las víctimas no fueron números, ni estadísticas, sino personas con vidas y familias. Merecen saber la verdad", afirmó Elena Jiménez, portavoz de la Asociación 7291 Verdad y Justicia, en una rueda de prensa tras conocerse la noticia de la imputación.
Ayuso: ¿responsable o fuera de juego?
El hecho de que Isabel Díaz Ayuso no haya sido imputada directamente por este caso no significa que se haya librado de las críticas. Las asociaciones de víctimas no dudan en señalar que, aunque Mur y Peromingo firmaron los protocolos, la responsabilidad última recae sobre el gobierno regional, y especialmente sobre la presidenta. En este sentido, la oposición política en Madrid, y la ciudadanía en general, continúa presionando para que Ayuso se enfrente a la justicia por sus decisiones durante la pandemia.
Desde el inicio de la crisis, Ayuso ha mantenido una postura defensiva, negando cualquier tipo de responsabilidad directa en lo sucedido en las residencias. Sin embargo, la justicia, finalmente, comienza a dar pasos hacia la rendición de cuentas, un paso que muchos consideran tardío, pero que podría marcar un antes y un después en el manejo de las crisis en la Comunidad de Madrid.
A pesar de la imputación de los ex altos cargos, las familias de las víctimas se sienten que la justicia llega con un retraso de años. Si bien la acusación de "denegación de atención sanitaria" podría tener consecuencias legales graves, los detractores del gobierno de Ayuso sostienen que las penas no serán suficientes para resarcir el sufrimiento de las víctimas.
"Este juicio no devolverá a nuestros padres, pero al menos marcará un precedente. Exigimos que la verdad salga a la luz", aseguró uno de los familiares de una de las víctimas en una declaración reciente.
Los protocolos
En 2020, la decisión de no derivar a los ancianos graves a hospitales se sustentaba en un protocolo basado en la escasez de recursos y en la sobrecarga de los centros sanitarios. Sin embargo, este protocolo, lejos de ser una medida de protección, resultó ser una condena a muerte para miles de mayores. Las versiones sucesivas de los protocolos mostraron una clara falta de previsión y de empatía por parte de las autoridades sanitarias, lo que hoy se está juzgando en los tribunales.
El propio Enrique Ruiz Escudero, entonces consejero de Sanidad, había anunciado que se "medicalizarían" las residencias para proteger a los ancianos, una promesa que nunca se cumplió, según testimonios de trabajadores y responsables de las residencias. Mientras tanto, las cifras de fallecidos continuaron aumentando sin que se tomaran medidas urgentes para mitigar la tragedia.
¿Quién pagará las consecuencias
Este caso de las residencias es solo uno de los muchos frentes abiertos por la gestión de Ayuso durante la pandemia. La presidenta madrileña, siempre dispuesta a culpar al gobierno central y a desmarcarse de cualquier responsabilidad, podría verse obligada a rendir cuentas ante los tribunales si la investigación avanza. Las familias de las víctimas, en este sentido, no solo esperan justicia para los responsables directos, sino también para aquellos que, desde el poder, miraron hacia otro lado mientras miles de vidas se perdían.
Con la imputación de Mur y Peromingo, se abre un nuevo capítulo en la batalla judicial por las víctimas de la pandemia. Un capítulo que, aunque tarde, es un paso crucial para dar justicia a los que murieron esperando ayuda que nunca llegó.