La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido que es hora de reescribir la historia. A cinco años del estallido de la pandemia, su Gobierno ha publicado un informe en el que niega que 7.291 ancianos murieran en las residencias madrileñas sin ser trasladados a hospitales. "El número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo, señor Reyero, que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz", afirma el documento.
No solo carga contra el exconsejero Alberto Reyero, sino que también asegura que "nunca hubo protocolos firmados por políticos" que impidieran el traslado de ancianos a los hospitales. Sin embargo, documentos oficiales, testimonios de familiares y publicaciones periodísticas han demostrado que sí existieron órdenes que restringían el acceso a la sanidad pública a miles de mayores durante la primera ola de la pandemia.
La negación de una tragedia documentada
La cifra de 7.291 muertos no proviene de ninguna conspiración de izquierdas, sino de la propia Comunidad de Madrid. El dato se conoció gracias a una solicitud de información basada en la Ley de Transparencia y fue publicado por medios como InfoLibre y El País. Además, numerosos estudios independientes han ratificado la tragedia vivida en las residencias madrileñas durante aquellos meses. Pero ahora, en pleno quinto aniversario, Ayuso intenta borrar ese número y reducir la cifra de fallecidos a 4.100.
El informe también insiste en que "todos los mayores de estos centros que requirieron ingresos fueron trasladados a hospitales" y que "nunca se les negó asistencia". Sin embargo, testimonios de familiares, sanitarios y geriatras han desmontado esta versión en múltiples ocasiones. De hecho, la Comunidad de Madrid fue la única región de España que aplicó los tristemente famosos "protocolos de la vergüenza", que filtraban el acceso a los hospitales en función del grado de dependencia de los residentes.
Propaganda para desviar la atención
Lejos de asumir responsabilidades, el documento del Ejecutivo madrileño es una pieza propagandística que convierte a Ayuso en una heroína de la pandemia y culpa al Gobierno central de Pedro Sánchez de todo lo que salió mal. Según el texto, la Comunidad de Madrid "fue la primera en cerrar residencias y colegios", "construyó IFEMA en tiempo récord" y "lideró la lucha contra el virus mientras Moncloa improvisaba".
En su empeño por desviar la atención, Ayuso también arremete contra expertos y profesionales sanitarios que han denunciado su gestión. En el documento se citan con nombres y apellidos a varias personalidades del ámbito médico, científico y académico, tachándolas de "activistas de izquierda" y restando credibilidad a sus análisis sobre la gestión de la pandemia en Madrid.
El dolor de las familias, ignorado
Mientras Ayuso intenta enterrar la memoria de los fallecidos, las familias de las víctimas continúan su lucha por la verdad y la justicia. Desde hace años han intentado reunirse con la presidenta madrileña, sin éxito. El Gobierno regional, sin embargo, niega incluso que hayan solicitado esos encuentros: "Por más que se empeñen las plataformas políticas de la izquierda, la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de peticiones de las víctimas para ser recibidas".
Las asociaciones de familiares han reaccionado con indignación ante el informe. "Es una falta de respeto absoluta a los miles de fallecidos y a sus familias", denuncian. "No es solo que Ayuso no haya pedido perdón, es que ahora directamente está negando la realidad".
Más Madrid: "Ayuso es una presidenta sin humanidad"
Desde la oposición, Más Madrid ha sido uno de los primeros partidos en responder con contundencia. "Ayuso añade insulto al insulto y mentira a la mentira, echando sal en las heridas de quienes perdieron a sus seres queridos en las residencias por culpa de un triaje político que solo sucedió en Madrid", denuncian desde la formación.
"Ningún insulto o mentira van a tapar la verdad", ha declarado Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea. "Ayuso es la persona más inhumana en la política española. No solo permitió que miles de ancianos murieran sin atención, sino que ahora tiene la desfachatez de negar lo que ocurrió".
Pese a las pruebas, las denuncias y el clamor de las familias, Ayuso sigue manteniendo su relato sin que haya consecuencias políticas o judiciales. La Justicia ha archivado más de 60 casos relacionados con las muertes en residencias, lo que ha alimentado la sensación de impunidad.
Mientras tanto, el Gobierno madrileño continúa utilizando las instituciones para blanquear su gestión. La publicación del informe coincide con la emisión del documental '7.291' en RTVE, que aborda la tragedia de las residencias y da voz a las familias de las víctimas. El documento del Ejecutivo es, en gran medida, una respuesta a este documental, en un intento de desmentirlo antes de su estreno.
La historia no se borra
Ayuso puede intentar reescribir los hechos, pero la realidad está documentada. Miles de personas murieron en las residencias sin recibir asistencia hospitalaria, y fue la Comunidad de Madrid la que decidió quién vivía y quién no. Negarlo no cambia lo que ocurrió.
Lo que sí demuestra este informe es que, cinco años después, el Gobierno de Ayuso sigue sin asumir ninguna responsabilidad. En lugar de pedir perdón, sigue mintiendo. En lugar de reconocer el dolor de las familias, las insulta. Y en lugar de aprender de los errores, los oculta. Pero por mucho que lo intente, la memoria de los 7.291 fallecidos seguirá viva.