Pocas crisis han sido tan devastadoras como la que vivió la Comunidad de Madrid en las residencias de mayores durante la pandemia. La cifra de 7.291 mayores que murieron sin recibir asistencia hospitalaria sigue siendo un peso que Ayuso intenta sacudirse, pero que no desaparece. La presidenta ha convertido en estrategia política el desprecio a los familiares de las víctimas, negándoles justicia, investigación y hasta el derecho al duelo. Pero si alguien creía que su gobierno había tocado techo en la falta de humanidad, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), su jefe de gabinete, se encargó de demostrar lo contrario.
7.291 mayores que murieron sin recibir asistencia hospitalaria
La noche del domingo, durante la emisión de Lo de Évole, varios familiares de ancianos fallecidos en residencias dieron su testimonio. A las 22:48, MAR desató un ataque despiadado desde su cuenta de X (antes Twitter), insinuando que podía acceder a registros privados de visitas y acusando a una hija de inventarse la muerte de su madre. Media hora después, afirmó categóricamente que la primera persona entrevistada no tenía a su madre en una residencia de la Comunidad de Madrid. No solo era falso, sino que la mujer en cuestión es una de las denunciantes ante la Fiscalía en la demanda colectiva contra altos cargos de Sanidad por la gestión de la pandemia.
Lo que sorprende, aunque ya nada debería hacerlo, es la rapidez con la que MAR pudo acceder a esa supuesta información. ¿Se consultaron registros públicos en mitad de la noche para desacreditar a una víctima? ¿Quién autorizó esa búsqueda y con qué base legal? La oposición ha exigido explicaciones inmediatas, pero en el gobierno madrileño reina el silencio.
Cuando el lunes la mentira se volvió insostenible, MAR publicó una disculpa a medias. No se retractó del ataque ni reconoció el daño causado. Solo admitió "un error", sin borrar su mensaje difamatorio. Las asociaciones de familiares han pedido su dimisión inmediata. “Este nuevo agravio es absolutamente imperdonable”, afirmó la presidenta de Marea de Residencias.
El desprecio de Ayuso a los familiares
Pero no es la primera vez que Ayuso y su gobierno desprecian a las familias. Han tachado sus demandas de "políticas", han cerrado en falso la comisión de investigación en la Asamblea y han insistido en la mentira de que "los mayores se iban a morir igual". En febrero de 2024, la presidenta se atrevió a responder en la Asamblea que "había muertos en todas partes" y que la carga viral impedía salvar a los ancianos en hospitales. Estas palabras se convirtieron en el cruel eslogan de su gestión.
La realidad es que Madrid fue la única comunidad que ordenó por escrito no trasladar a hospitales a ancianos con dependencia o deterioro cognitivo. Se condenó a la muerte a miles de personas sin valorar su situación médica. Ni siquiera se intentó salvarlas.
El gobierno de Ayuso ha pasado cinco años intentando enterrar el tema, negando responsabilidades y despreciando a quienes buscan justicia. Cada vez que las familias consiguen que se hable de lo sucedido, la estrategia de Ayuso es la misma: atacarlas, ridiculizarlas y presentarlas como peones de una conspiración política. El desprecio ha llegado hasta el punto de que en noviembre de 2024 se aprobó una normativa para seguir apostando por las macrorresidencias, el modelo de negocio que se lucró con la pandemia.
Las asociaciones de víctimas han resistido insultos y humillaciones institucionales. No han conseguido que la justicia abra una investigación seria ni que Ayuso se disculpe, pero han logrado algo igual de importante: que la memoria de los 7.291 no se borre, por mucho que la presidenta madrileña lo intente.