El juez Ángel Hurtado, encargado de la investigación en el Tribunal Supremo sobre la supuesta revelación de secretos que implica al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido un auto polémico que descarta varias diligencias solicitadas por las defensas. Entre ellas, destacan el volcado del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y la declaración como testigo de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El magistrado, lejos de profundizar en las conexiones entre las filtraciones y los movimientos internos en la Fiscalía, ha minimizado el papel de Rodríguez en la difusión de información sensible. Además, ha subrayado que González Amador, a pesar de estar señalado mediáticamente como "defraudador confeso", no puede ser considerado como tal, lo que, según el juez, ha generado un "daño reputacional" injustificado.
Un auto que marca distancias con las acusaciones
Hurtado ha rechazado, por considerarlas "innecesarias", las solicitudes de las defensas, incluida la intervención del móvil de Rodríguez. Este dispositivo podría contener pruebas relevantes sobre los mensajes enviados el 13 de marzo a varios periodistas, que dieron lugar a la publicación de un bulo desmentido rápidamente por el Ministerio Público. El juez argumenta que la filtración de un correo clave, fechado el 2 de febrero, se habría producido por un "tercero ajeno" a la confidencialidad del caso, y no directamente por Rodríguez.
A pesar de las declaraciones de varios testigos que contradicen la versión del jefe de gabinete de Ayuso, Hurtado se ha mostrado escéptico sobre la relevancia del contenido del móvil para el desarrollo de la causa. Según el auto, “no se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo” en la investigación.
La figura de González Amador en el centro del debate
El juez también ha desestimado la petición de que Alberto González Amador, conocido como "Alberto Quirón" en determinados círculos mediáticos, comparezca como testigo. Hurtado sostiene que su declaración no aportaría elementos útiles para la causa y podría incluso resultar perjudicial para las defensas. En su auto, recalca que González Amador no es un "defraudador confeso", a pesar de que su nombre ha sido vinculado en varios medios con delitos fiscales y confesiones de culpabilidad.
El magistrado añade que esta calificación mediática ha provocado un "grave daño reputacional" al empresario, quien, por su parte, ha iniciado más de diez pleitos en defensa de su honor. Entre las reclamaciones que ha presentado, González Amador exige indemnizaciones que, en conjunto, ascienden a casi medio millón de euros.
La estrategia de Miguel Ángel Rodríguez, bajo sospecha
Aunque Hurtado ha evitado señalar directamente a Rodríguez como el principal responsable de las filtraciones, los testimonios de hasta seis testigos lo colocan en una posición comprometida. Según las declaraciones recogidas, Rodríguez habría sido el primero en difundir a varios periodistas un correo del fiscal Julián Salto, que desató el caos mediático en torno al caso. Sin embargo, el juez ha decidido no investigar más a fondo este aspecto, argumentando que el correo difundido el 12 de marzo ya había perdido su carácter confidencial por la autorización de su titular.
La falta de diligencias sobre el jefe de gabinete de Ayuso genera dudas sobre la imparcialidad de la investigación. Varias fuentes jurídicas consideran que el rechazo a intervenir su móvil podría estar limitando el alcance de la causa. La decisión de Hurtado de proteger a Rodríguez, quien ha sido señalado como un engranaje clave en la maquinaria de defensa mediática del entorno de Ayuso, refuerza las críticas hacia el tratamiento judicial de este caso.
El fiscal general y su declaración como investigado
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, deberá declarar como investigado el próximo miércoles, según ha ratificado el auto del juez. Hurtado ha rechazado la petición de la Abogacía del Estado de aplazar su comparecencia hasta que se resolvieran las diligencias pendientes, un gesto que podría interpretarse como un intento de acelerar el proceso.
Además de García Ortiz, están citados otros dos altos cargos de la Fiscalía: Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, y Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica. Ambos declararán en los días posteriores, cerrando así la primera fase de interrogatorios en este controvertido caso.
La investigación sobre las filtraciones y bulos en torno al caso de Alberto González Amador no solo tiene implicaciones judiciales, sino también políticas. La figura de Miguel Ángel Rodríguez, estrecho colaborador de Ayuso, y la defensa activa de la presidenta madrileña hacia su pareja han generado un clima de sospecha en el ámbito político.
Este caso, lejos de esclarecerse, plantea más preguntas sobre el manejo de información confidencial y el uso de estrategias mediáticas para influir en la percepción pública. Las decisiones del juez Hurtado, especialmente su negativa a profundizar en el rol de Rodríguez, no han hecho más que aumentar las tensiones en una investigación que podría salpicar a las altas esferas de la Comunidad de Madrid.