Ahora resulta que el fiscal Julián Salto ha declarado ante el juez instructor del Supremo, Ángel Hurtado, que los correos del abogado de Alberto González Amador los remitió también a la Abogacía del Estado. Es lógico porque esta instancia es la que representa a la Agencia Tributaria en un caso de delito fiscal. Es algo en lo que nadie había reparado y ha tenido que ser Salto el que lo haya manifestado. Por lo tanto, los dichosos correos electrónicos no sólo estaban en poder de las terminales digitales de Fortuny, sino también en la dirección general de Lo Contencioso Administrativo. Es sus oficinas circulan libremente no sólo los abogados del Estado sino también las decenas de funcionarios que tienen acceso a los documentos recibidos. Ya hay quien calcula en unas 500 personas las que pudieron acceder a los correos incluyendo, también, al despacho del abogado defensor del novio de Isabel Díaz Ayuso. Demasiada gente para apuntar en una sola dirección tal y como está haciendo el instructor. Se empieza a sospechar muy seriamente de que Ángel Hurtado no va a seguir otra línea de investigación que no sea la que apunta directamente a Álvaro García Ortiz. En fuentes jurídicas se insiste en que la causa tiene escaso recorrido. Pero, en cualquier caso, está desgastando al fiscal general del Estado con un solo objetivo: Moncloa, el presidente Pedro Sánchez.
El auto de Hurtado en el que convoca a García Ortiz a declarar como imputado apunta en esa dirección: Presidencia del Gobierno. Se sustenta en una llamada “prueba indiciaria”, la declaración del que fue secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, quien dice haber recibido el correo de una asesora para utilizarlo en la Asamblea de Madrid contra Díaz Ayuso. Nadie duda de la veracidad del testimonio de Lobato. Pero lo que no se puede deducir del mismo es que fuese un alto cargo “político” el inspirador de toda esta teoría de la conspiración que se ha montado el magistrado. Es cierto que el instructor redactó el auto con prudencia apuntando a “presidencia” sin citar ningún cargo. Pero está dando por supuesto algo que no debe de hacer nunca ningún juez, por mucho que se sustente en un testimonio: la utilización política de un acto delictivo.
No es la primera vez que Ángel Hurtado utiliza este tipo de interpretaciones. Ya lo hizo en el caso Gürtel cuando tuvo que alegar motivos para negarse a apartarse de la causa. Incluso hubo cierta “pelea” en la carrera judicial porque llegó a insinuar que pedían su recusación para poner, en su lugar, al juez progresista, José Ricardo de Prada, quien pasó a ocupar un lugar destacado en la lista negra de la derecha judicial hasta tal punto que fue vetado para una vocalía del Consejo General del Poder Judicial y un puesto de magistrado en el Tribunal Constitucional.
Entre sus mayores tropiezos en la carrera judicial, además de negarse a firmar la sentencia de la Gürtel, está el archivo de la causa por el asesinato del cámara José Couso en Irak. El Supremo le enmendó la plana y le reordenó la reapertura del caso. Presidió la sala de la Audiencia Nacional que estudió la apelación de Luis Gutiérrez, de las Nuevas Generaciones del PP de Majadahonda, contra Pilar Manjón. Ella lo había denunciado por escribir el siguiente tuit: “lo de Pilar Manjón es infame. Cada día dudo más que el hijo de esa tipeja fuese el 11M en un tren. Deplorable su actitud”. Hurtado falló contra Manjón. Dijo que era un personaje público de gran relevancia social.
Es cierto que no se debe sobrevalorar el trabajo de la prensa tal y como se está haciendo últimamente. Pero nadie debe dudar de la veracidad de los argumentos de los periodistas a la hora de informar. Porque si se duda, en este caso, también habría que cuestionar las publicaciones que sirvieron de base para sustentar la investigación judicial del juez Peinado contra Begoña Gómez.
Lo que tampoco puede hacer un magistrado es descartar el testimonio de los periodistas por negarse a revelar las fuentes de sus informaciones. Y eso lo ha hecho Ángel Hurtado con las declaraciones del redactor de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, y del subdirector de El Diario, José Precedo, que manifestaron haber tenido acceso al correo el 2 de febrero, mucho antes de que lo reclamara García Ortiz. Como esas declaraciones desmontan su línea de investigación, el instructor escribe en su auto que “se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios prestados en la mañana del día 8”. No explica el juez las razones que le llevan a afirmar que Precedo y Campos no aportan datos objetivos, pero en su argumentación utiliza otro elemento sorprendente: “contrasta con otro de los testimonios prestados en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido″. Esa mañana comparecieron tres testigos: Miguel Ángel Rodríguez, el periodista de El Mundo que publicó una noticia falsa, inducido por Rodríguez o González Amador, y el periodista de La Sexta que desmontó el bulo poco después, aunque sin aportar información detallada del correo del 2 de febrero.
Cabría deducir que ese “contraste” del que habla Ángel Hurtado que le merece más credibilidad procede del testimonio de Miguel Ángel Rodríguez, autor del bulo que dio origen a todo este enredo, y que el mismo reconoce que “no fue una información sino más bien una apreciación” lo que filtró precisamente al periodista al que hace referencia el juez, el redactor de El Mundo, un periódico claramente posicionado en la derecha mediática.
Ángel Hurtado se inclina más por el objetivo de acusar al fiscal general del Estado y descarta las pruebas y testimonios que le aportan personas y entidades fuera de toda sospecha. Estamos ante un nuevo caso de presunto “lawfare”. Es sintomático que un juez que se mostró radicalmente contrario a condenar al Partido Popular en el caso Gürtel se incline ahora por la línea de investigación que más conviene políticamente a la formación de Núñez Feijóo. Y a eso se le llama aquí, y en la China, “persecución política”. O sea “lawfare” de manual.