Una quincena de sindicatos, asociaciones de familiares y partidos políticos han convocado una concentración el próximo 19 de marzo a las 11:30 horas frente a la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. Exigen que las 40 nuevas residencias de mayores que ha anunciado la Comunidad de Madrid sean de gestión 100% pública.
La protesta, respaldada por colectivos como UGT Madrid, CCOO de Madrid, Amnistía Internacional Madrid, la Marea de Residencias y la asociación 7.291 Verdad y Justicia, surge del temor a que el modelo de "colaboración público-privada" que defiende Isabel Díaz Ayuso acabe beneficiando a empresas privadas en lugar de garantizar una atención digna a las personas mayores.
"Queremos que las residencias sean públicas, con personal suficiente y condiciones dignas. No podemos seguir permitiendo que el negocio se haga a costa de la precariedad de los trabajadores y del abandono de nuestros mayores", ha denunciado María Jesús Valero, presidenta de 7.291 Verdad y Justicia, que agrupa a familiares de víctimas del COVID-19 en residencias.
El negocio de las residencias: beneficios privados, recortes públicos
Según datos presentados en la rueda de prensa, actualmente solo el 6,72% de las plazas en residencias de la Comunidad de Madrid son de gestión pública. El resto están en manos de empresas privadas o se gestionan mediante concesiones, un sistema que ha sido duramente criticado por los colectivos sociales.
"La mortalidad en los 18 centros de gestión indirecta fue del 21,9% entre marzo y abril de 2020, mientras que en los de gestión pública fue del 7,4%", ha recordado la epidemióloga Victoria Zunzunegui, en referencia al impacto devastador que tuvo la pandemia en los centros privatizados.
Los sindicatos han insistido en la necesidad de mejorar las condiciones laborales del sector. "Las ratios de personal son insuficientes y muchas trabajadoras están al límite. Si no revertimos esta situación, seguirá habiendo una fuga de talento que perjudica la calidad de los cuidados", ha advertido Laura Muñoz, secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid.
Desde el PSOE, José Ángel Gómez Chamorro ha señalado que "las concesiones a empresas privadas garantizan beneficios millonarios a corto plazo, pero hipotecan el servicio durante 50 años". Según los cálculos de su formación, el modelo privatizado prevé una amortización de la inversión en 12-14 años, dejando otros 36 años de "puro negocio".
Mociones en los ayuntamientos para frenar la privatización
Además de la concentración en Sol, los partidos progresistas han anunciado que presentarán mociones en los ayuntamientos donde gobiernan para exigir que el Gobierno regional garantice que la gestión de las nuevas residencias sea 100% pública.
"Queremos que se realice un estudio serio sobre la ubicación de estas residencias y que se escuche a las familias, a los profesionales y a los municipios", han declarado representantes de Más Madrid, PSOE, Podemos e Izquierda Unida.
Los colectivos exigen que el modelo de gestión siga las recomendaciones del Acuerdo sobre Criterios Comunes de Acreditación y Calidad de los Centros y Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que establece que las residencias deben contar con unidades de convivencia reducidas y suficientes profesionales para garantizar una atención digna.
La petición de suelo público a los ayuntamientos: otra forma de presión
El Gobierno de Ayuso ha pedido a los ayuntamientos la cesión de suelo público para la construcción de estas 40 residencias, sin aclarar cómo se gestionarán ni si los consistorios tendrán voz en el proceso.
Para los colectivos convocantes, esta estrategia demuestra que la Comunidad de Madrid pretende imponer su modelo sin diálogo ni planificación. "Si de verdad quieren mejorar la atención a los mayores, que empiecen por convertir en públicas las residencias concertadas y por aumentar las plazas públicas hasta alcanzar el mínimo recomendado por la OMS", han reclamado.
Actualmente, Madrid tiene un déficit de más de 8.000 plazas residenciales y la lista de espera ha aumentado un 22% en solo un año. "No se trata solo de construir nuevas residencias, sino de garantizar que sean espacios para vivir con dignidad, no almacenes donde los mayores sean una mercancía", han insistido los convocantes.
Un modelo en disputa: atención digna o negocio asegurado
El enfrentamiento entre el Gobierno regional y los sindicatos, partidos y asociaciones que defienden el modelo público de residencias es un reflejo del debate más amplio sobre la gestión de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid.
Mientras Ayuso insiste en la colaboración público-privada como la mejor solución, los datos y la experiencia de la pandemia han reforzado la idea de que la gestión privada prioriza el beneficio empresarial sobre la calidad del servicio.
Por eso, el 19 de marzo, la Puerta del Sol será el escenario donde estos colectivos intentarán hacer oír su mensaje: "40 residencias sí, pero públicas y de calidad".