Los abogados de Alberto González Amador han encontrado un negocio con el novio de Isabel Díaz Ayuso. El montante de la facturación de los letrados se incrementa cada día que transcurre. Ahora va a presentar una demanda contra el periodista Alan Barroso por difundir en las redes sociales una información de elDiario.es que dice textualmente: “La Xunta de Feijóo compró parte de las mascarillas por las que la pareja de Ayuso cobró 2 millones en comisiones”. Pero no siempre es el mismo profesional el que representa al comisionista en los tribunales. Carlos Neira, del despacho de abogados Garrido, inspector de la AEAT en excedencia, encargado de denunciar a la fiscalía en nombre de González Amador, no le representará en la demanda contra el honor que presentará a la vicepresidenta, María Jesús Montero.
La pareja de Ayuso está buscando un despacho “especializado” y todo tiene su explicación. Neira es penalista, mientras que la causa contra la Montero por intromisión ilegítima en el derecho al honor sólo puede efectuarse por la vía civil. De otra manera habría que pedir un suplicatorio al congreso ya que la ministra es aforada. Y eso es cosa de otros especialistas. El caso es que los bufetes se frotan las manos porque la vía penal supone honorarios fijos mientras que en la civil la facturación está en función de las costas judiciales que se establezcan en la sentencia. El condenado es el que paga. Esta es, también, otra de las causas por las que Neira no quiere arriesgarse. Porque no es seguro que vaya a ganar y entonces se queda sin cobrar.
La demanda de González Amador contra la ministra Montero debe presentarse en el Supremo. Pero no será la sala de Lo Penal la encargada de analizarla. De momento el novio de Ayuso renuncia a presentar una querella contra la responsable de Hacienda y contra la Agencia Tributaria por revelación de secretos. Se conforma con el proceso que se está llevando a cabo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Supremo después de que éste se haya responsabilizado de la nota en la que el ministerio público relataba su versión sobre la situación penal de González Amador, acusado de un delito de fraude fiscal. El objetivo de Neira, que además de penalista es inspector de Hacienda, era el fiscal que ha presentado la querella contra su cliente, pero la cosa se fue complicando. El asunto ha traspasado el ámbito judicial para convertirse en un asunto político de gran calado donde está en juego el puesto de García Ortiz. No obstante, la denuncia inicial contra la AEAT y a fiscala superior de Madrid se mantiene, pero lo más probable es que acabe por archivarse al estar sujeta a las decisiones de la instancia superior, el TS.
La número dos de García Ortiz, la teniente fiscal, ya ha presentado el escrito ante el Supremo en el que pide el archivo de la causa. María Ángeles Sánchez Conde, solicita al alto tribunal que no investigue al FGE por revelación de secretos, tal y como demandó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por su responsabilidad en la difusión de la nota en la cual detallaba las negociaciones para llegar a un acuerdo de conformidad con la defensa de Alberto González Amador a cambio de que aceptara el fraude fiscal que se le imputa. Además de las implicaciones políticas, el procedimiento es fundamental para González Amador ya que de su desenlace dependerá el mantenimiento de la línea de demandas judiciales que ha interpuesto y que afectan a periodistas, políticos y funcionarios de la AEAT.
Es por ello por lo que la derecha mediática sigue manipulando la información sobre las demandas de González Amador. Un digital hace hincapié en que siguen vigentes dos querellas contra la ministra por “revelación de secretos”. Los abogados han recomendado al novio de Ayuso que desista de seguir adelante con esas denuncias por las circunstancias que concurren en la demandada. El aforamiento de Montero supondría tener que presentar un suplicatorio en el Congreso de los diputados que, probablemente, no prosperará. El procedimiento cuesta mucho tiempo y mucho dinero y no cuenta con las garantías suficientes de que termine en un procesamiento de la vicepresidenta por mucho que se insista en que su condición la prohíbe hablar de la situación fiscal de un contribuyente.
González Amador ha presentado, también, demandas civiles y penales contra el PSOE; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el diputado socialista José Zaragoza y la concejal Rita Maestre, del grupo de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital de España. En ellas, la pareja de Ayuso dice que está siendo víctima de una campaña difamatoria basada en "especulaciones o conjeturas completamente infundadas con las que se pretende instrumentalizar políticamente su figura". Todo ello con el objetivo de "manipular a la opinión pública y desplazar el foco mediático de los presuntos casos de corrupción que afectan al actual Gobierno de coalición e incluso a familiares cercanos al presidente". En los procedimientos civiles pide indemnizaciones “por daños morales” que oscilan entre los 10.000 y los 30.000 euros.
Se dice que González Amador está siguiendo al pie de la letra los consejos del jefe de gabinete de su novia, Miguel Ángel Rodríguez, quien, según la valoración de algunas fuentes jurídicas, le está llevando a un camino sin salida. Las demandas civiles contra el honor tienen escaso recorrido y, sobre todo, si se basan en opiniones públicas. La doctrina del TS y del Constitucional ponderan la información y la opinión. Y esta última la ampara el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Carta Magna. En cuando a las querellas, la de mayor trascendencia, la de García Ortiz, va a ser examinada con lupa por los jueces del Supremo que son conscientes de las consecuencias de su decisión. Unas consecuencias políticas. El fiscal general del Estado ya ha dicho que si se le imputa un delito de revelación de secretos no piensa dimitir, pero si los jueces adoptan tal iniciativa la extrema derecha pondrá toda la carne en el asador para echarle. Se ha convertido en la “bestia negra” de la judicatura. Y de eso tiene que ser consciente González Amador quien no ha debido de calcular la trascendencia de su acción judicial. O no. O está muy bien asesorado por la propia Díaz Ayuso la cual sabe que un correctivo a García Ortiz afectaría al ánimo de Pedro Sánchez, su principal objetivo político.
El siguiente paso será la presentación de querellas contra los periodistas de los medios que han publicado informaciones sobre sus actividades como comisionista.