Al promotor de la Acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, se le acumula el trabajo. A la queja del ministro Bolaños contra la actuación del juez Peinado se acumula la denuncia por el archivo, que decretó el titular del juzgado número 41 de Madrid, de la causa contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, imputado de un delito de malversación. Y a todo esto hay que añadir la demanda de la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, contra la jueza instructora de Catarroja que investiga la gestión de la dana porque ve su derecho de defensa “gravemente afectado” por resoluciones judiciales que, a su entender, contienen frases categóricas sin suficiente base probatoria y “afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria”. Sobre las dos primeras actuaciones no cabe la menor duda de que serán archivadas, pero para la tercera, a la jueza número 3 de la localidad, Nuria Ruiz Tobarra, las cosas pueden ser diferentes. Esta magistrada está siendo la “bestia negra” del gobierno de Carlos Mazón y Ricardo Conde inclina, siempre, su balanza en favor del conservadurismo. Su historial lo deja claro.
Diario16+ ya ha informado sobre algunas de las actuaciones de Ricardo Conde, un juez que, de sus 35 años en la judicatura, lleva 12 en situación de “servicios especiales”. Siete como funcionario del CGPJ y 5 como director de relaciones con la Administración de Justicia del gobierno de Mariano Rajoy. Eso sin contar el tiempo que ejerció como asesor de Carlos Lesmes cuando éste ocupo un puesto relevante en el ministerio de Justicia de Aznar. Ingresó en la carrera judicial en 1990 y solo se le conoce una actividad en los juzgados de Barcelona. Como dicen los expertos jurídicos, Conde pertenece a ese privilegiado grupo de magistrados que van camino de haber estado más tiempo en la trastienda de la logística judicial y política que en los tribunales. Es un miembro activo de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Así como en otras cuestiones se ha apartado por tratarse de amigos personales, en el caso de las protestas de los miembros de la APM contra la ley de amnistía tuvo que admitir a trámite la denuncia presentada por la asociación Preeminencia del Derecho que alegaba que los jueces tienen prohibido como falta "grave" hacer actos de aprobación o desaprobación, según el artículo 418.3 de la ley orgánica del Poder Judicial: “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición”. Pero posteriormente archivó el expediente alegando que "a la luz del fundamento de derecho séptimo de la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2006, lo que viene a denunciar (la asociación) es la exteriorización de una preocupación frente a las consecuencias de un acuerdo de dos partidos políticos que contempla actuaciones concretas en sede parlamentaria. Y desde luego, mostrar la preocupación por la separación de poderes y la independencia judicial carece de trascendencia disciplinaria; sin que esta vía puede ser utilizada como método para reprimir el lícito ejercicio de derechos fundamentales".
Ricardo Conde rechazó denuncias contra jueces ultraderechistas como las presentadas contra el mercantil, Manuel Ruiz de Lara quien, en las redes sociales, descalifica al gobierno de Pedro Sánchez al que llama “narcisista patológico con rasgos de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa”. El promotor de la Acción Disciplinaria justificó su actuación porque “no se puede demostrar que sea el autor de semejantes manifestaciones” pese que la propia documentación analizada en el CGPJ recogía numerosas capturas de pantallas que demostraban la vinculación entre el magistrado y la cuenta analizada, que ha dejado abundante rastro de los insultos lanzados a Sánchez.
Esa es la persona que debe decidir sobre estas tres denuncias, las dos contra el juez Juan Carlos Peinado y la tercera contra la magistrada titular número 3 de la localidad valenciana de Catarroja. Sobre la presentada por Félix Bolaños ya hemos hablado aquí. Insistimos en las escasas probabilidades de que Ricardo Conde la admita a trámite y abra el correspondiente expediente. En la segunda surge un resquicio para la duda ya que lo que se dilucida es una manifiesta incompetencia por parte del juez quien, a pesar de que los denunciantes le advirtieron de que tenía que solicitar una prórroga porque se agotaba el plazo legal para la instrucción no lo hizo y ello provocó el archivo de una causa en la cual se encontraba imputado un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid por supuestas irregularidades en la contratación de unas jornadas. En 2023, Podemos presentó una denuncia contra el presidente de la EMT quien había pagado al digital OK Diario cuatro veces más de lo habitual por organizar unas jornadas sobre movilidad. Cuando estaba a punto de agotarse el plazo legal para practicar las diligencias tanto la fiscalía como las acusaciones particulares solicitaron la ampliación. Peinado aceptó ampliar la causa dos meses después del vencimiento del plazo. El Ayuntamiento y OK recurrieron y la Audiencia de Madrid les dio la razón ordenando el archivo no sin reprochar a Peinado por “una incorrección patente”.
A ver cómo resuelve este espinoso asunto el responsable disciplinario del CGPJ cuando, encima, sus superiores le han reprochado su falta de diligencia e ineficacia. Porque está claro que Ricardo Conde no quiere abrir ningún expediente a un juez que se ha convertido en el protagonista de la lucha de la derecha judicial contra Pedro Sánchez. Todo lo contrario que ocurre con la jueza de Catarroja. La denuncia de la exconsejera de Mazón, Salomé Pradas, contra la magistrada ha sido muy bien recibida en la derecha judicial quien ha puesto a trabajar a Ricardo Prada para que abra el oportuno expediente contra la magistrada Ruiz Tobarra, muy criticada por el PP y el presidente valenciano, Carlos Mazón, por la instrucción que está llevando a cabo en la que se está posicionando claramente a favor de las víctimas responsabilizando a la administración autonómica de las consecuencias de la catástrofe.
Para las derechas políticas y judicial una advertencia en forma de sanción a Nuria Ruiz Tobarra serviría de lección para todos aquellos jueces de este país que están actuando con profesionalidad sin distinción de credos políticos. Lo más probable es que la titular número 3 del juzgado de Catarroja sirva de chivo expiatorio para dejar claro a la sociedad española que los conservadores son los que controlan la judicatura.