La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al Tribunal Supremo que decrete el ingreso en prisión provisional sin fianza de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y hombre de confianza de Pedro Sánchez, en el marco del caso Koldo, que investiga presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, arguye el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, y sitúa a Cerdán como líder de una trama de cohecho y organización criminal que, según la acusación, infló artificialmente el coste de proyectos pagados con fondos públicos.
Santos Cerdán ha comparecido hoy ante el magistrado Leopoldo Puente donde solo ha contestado a las preguntas de su abogado. En su declaración negó cualquier actividad delictiva y calificó las imputaciones de “persecución política” motivada por su papel en la negociación de la moción de censura que aupó a Sánchez a La Moncloa. Cerdán defendió haber actuado siempre bajo mandato expreso del presidente y afirmó que, de no mediar esta investigación, su interlocutor favorito habría sido Antxon Alonso, empresario navarro también investigado y pieza clave en los acuerdos con el PNV.
El magistrado Puente, sin embargo, considera que el volumen de indicios aportados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es “consistente” y exige medidas contundentes. En un auto fechado el 12 de junio, el juez avanzó la posible comisión de delitos de organización criminal y cohecho, y ofreció a Cerdán declarar voluntariamente antes de decidir sobre el aforamiento. Aún así, el fiscal insiste en la prisión provisional para evitar que se sustraiga prueba documental o testimonios claves.
La solicitud de ingreso en prisión de Cerdán contrasta con la decisión del mismo juez de mantener fuera de la cárcel a José Luis Ábalos y Koldo García, otros dos encausados en el “caso Koldo”. Aunque las acusaciones populares, encabezadas por el PP, reclamaron para ellos medidas idénticas, Puente rechazó la prisión y mantuvo comparecencias quincenales y la retirada de pasaporte, en línea con el criterio de la Fiscalía.
Las tensiones políticas no tardaron en aflorar. Desde Moncloa, la secretaria de Estado de Comunicación evitó entrar en el fondo del asunto, pero defensores de Cerdán en la ejecutiva socialista tildaron la medida de desproporcionada. En cambio, la oposición aprovechó la ocasión para exigir explicaciones a Sánchez sobre la cúpula de su partido y la gestión de recursos públicos.
Este nuevo capítulo en la instrucción del caso Koldo pone al PSOE frente a un dilema: acompañar la exigencia de transparencia y contundencia en la lucha contra la corrupción, o mantenerse en la línea de defensa de uno de sus principales colaboradores. La resolución del juez Puente, que podría tomar en breve su decisión sobre la prisión provisional, marcará no solo el futuro judicial de Santos Cerdán, sino también la credibilidad de la formación socialista en plena precampaña de las elecciones autonómicas y municipales.
Mientras tanto, la instrucción sigue desvelando grabaciones y contratos que, según los investigadores, describen el reparto de comisiones ilegales y la connivencia de altos cargos para amañar licitaciones. La posibilidad de que Cerdán ingrese en prisión sin fianza añade presión adicional a un proceso que ya ha provocado ceses, dimisiones y un intenso cruce de acusaciones que, lejos de amainar, prometen elevar aún más la temperatura política en los próximos meses.