El Tribunal Supremo ha rechazado por unanimidad anular la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Esta decisión se adopta un día antes de que declare como imputado ante el juez Ángel Hurtado por la presunta filtración denunciada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La sentencia se hará pública en los próximos días.
La Sección Cuarta de Lo Contencioso-Administrativo desestima, de este modo, el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de renovar en diciembre de 2023 a García Ortiz en el cargo. Según esta asociación de fiscales, el actual fiscal general del Estado no era el candidato idóneo para seguir desempeñando el cargo por sus actuaciones desde que fuera elegido. Para justificar este argumento señalaban la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala.
APIF señalaba en su recurso que el Consejo General del Poder Judicial dictó un acuerdo en noviembre de 2023 en el que se indicaba que García Ortiz no era un candidato idóneo para el cargo. La opinión del CGPJ no era vinculante aunque sí obligatoria en el trámite del nombramiento. Fue la primera vez que el Consejo se oponía a un candidato a fiscal general del Estado.
Por su parte, García Ortiz acusaba a los denunciantes de sólo pretender publicidad y de socavar al gobierno de Pedro Sánchez, además de acusar a APIF de basar su recurso en consideraciones subjetivas. Además, el fiscal general del Estado recusó a cuatro de los magistrados que hoy han dictado sentencia, con el resultado que se esperaba, es decir, que se rechazaba, como ocurre en más del 97% de las recusaciones de jueces que se plantean en España.