El Tribunal Supremo ha dado un paso más en la investigación del conocido como caso Cerdán, al imponer medidas cautelares a dos empresarios clave en la presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública. Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, y Fernando Merino, exdelegado de Acciona en Navarra, han comparecido ante el juez instructor Leopoldo Puente para declarar como imputados. Ambos han negado tajantemente el pago de comisiones o cualquier tipo de irregularidad, pero la justicia no se da por satisfecha.
A la espera de que avance la investigación, el magistrado ha decretado que los dos imputados no podrán salir de España, deberán entregar sus pasaportes y comparecer periódicamente ante el juzgado. "Persisten los indicios de criminalidad", sostiene el auto judicial, que pone el foco en las relaciones entre estos empresarios y figuras del entorno del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Un contrato privado como pieza clave
Uno de los elementos más controvertidos del caso es un contrato privado que data de 2016, firmado entre Alonso y Cerdán, en el que se estipulaba la cesión del 45% de las participaciones de Servinabar a cambio de 6.000 euros. El documento fue hallado por la Guardia Civil en un trastero del empresario y, aunque ambas partes coinciden en que nunca tuvo efecto jurídico ni fue elevado a público, el juez considera sospechoso que Alonso lo conservara durante años. El propio empresario ha insistido ante el Supremo en que era solo un “borrador” sin validez, firmado en un momento en el que Cerdán pensaba dejar la política tras una derrota electoral en Navarra.
El exdirectivo de Acciona, por su parte, ha señalado que los contratos que firmó su compañía con Servinabar —con quien formó varias uniones temporales de empresas (UTE) para ejecutar obra pública— se realizaron con arreglo a la legalidad. Merino ha admitido haber mantenido comunicaciones con Koldo García, asesor de Ábalos, pero asegura que su objetivo era únicamente conocer el estado de ciertos expedientes. "No había intencionalidad alguna", ha subrayado.
Amigos, socios y compañeros de piso
La relación entre Alonso y Cerdán no solo fue profesional o política. Ambos compartieron piso en Madrid en 2017, cuando el socialista se trasladó a la capital tras el ascenso de Pedro Sánchez. La Guardia Civil sospecha que la vivienda fue costeada por Servinabar como pago por favores políticos. Alonso lo niega: asegura que él ya había alquilado ese piso por motivos empresariales y que invitó a Cerdán a instalarse allí porque eran amigos. “Era un piso modesto”, declaró ante el juez.
El empresario también ha explicado que donó 4.500 euros a una fundación vinculada a Ábalos porque “desgravaba fiscalmente” y su empresa mantiene “un compromiso social”. Asimismo, reconoce que contrató a Koldo García antes de que este se integrara en el PSOE. “Si traía obra privada, le pagaba un sueldo”, ha detallado.
Vínculos empresariales bajo lupa
La investigación del Supremo no se centra solo en los vínculos personales, sino también en los contratos públicos millonarios obtenidos por las UTE entre Acciona y Servinabar. Uno de los más destacados es el del túnel de Belate, en Navarra, valorado en 76 millones de euros. Las pesquisas indican que Servinabar, una empresa con apenas una decena de empleados, habría participado en adjudicaciones por más de 75 millones en apenas unos años.
En el registro del domicilio de Merino, los agentes hallaron documentos que evidencian una relación continuada y estructurada entre ambas compañías, incluidos protocolos notariales y cesiones de participaciones.
Las declaraciones de Alonso y Merino se enmarcan en una ronda de interrogatorios a empresarios presuntamente implicados en una red de adjudicaciones amañadas. Ya han declarado otros tres: José Ruz (de Levantina Ingeniería y Construcción) y los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez (de Obras Públicas y Regadíos). Todos niegan haber pagado sobornos, aunque en el caso de Ruz admitió que solicitó a Koldo García una reunión con Cerdán, sin confirmar si llegó a producirse.
Según los informes de la Guardia Civil, la supuesta trama tenía un funcionamiento complejo y estructurado: empresas que obtenían contratos a cambio de pagos encubiertos, intermediarios políticos que actuaban como facilitadores, y altos cargos que habrían prestado su apoyo desde dentro de la Administración. Entre ellos se encuentran Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, ex director general de Carreteras, ambos citados a declarar el 21 de julio por la Audiencia Nacional como investigados.
Citados a declarar como imputados a Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero,
La Audiencia Nacional ha dado un paso clave en la investigación del conocido como ‘caso Cerdán’. El juez Ismael Moreno ha citado a declarar como imputados a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, por su presunta participación en una red de amaño de contratos públicos. Ambos deberán comparecer el próximo 21 de julio después de que la Guardia Civil les señalase como colaboradores clave en una trama de adjudicaciones millonarias bajo sospecha.
El caso se enmarca dentro de una investigación más amplia que ya ha salpicado al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García, principal intermediario de la supuesta red de corrupción. Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), tanto Pardo de Vera como Herrero habrían facilitado información sensible sobre contratos públicos con el objetivo de favorecer a determinadas empresas. A cambio, la trama se habría beneficiado de mordidas económicas.
Las pruebas más comprometedores proceden de grabaciones realizadas por el propio Koldo García, en las que se recogen conversaciones con ambos ex altos cargos. En uno de los audios, Javier Herrero llega a plantear un cambio en el sistema de evaluación de licitaciones para tener “más control”, sugiriendo incluso la necesidad de “trabajarse a los interventores y abogados del Estado”. Una frase que, en el contexto de una investigación judicial, resulta especialmente delicada.
En otra conversación, fechada en noviembre de 2020, se escucha a Pardo de Vera discutir con Koldo sobre cómo adjudicar una obra a una constructora. Aunque inicialmente muestra reservas —“le hemos dado una de 700.000 hace nada, otra vez va a cantar”—, acaba comprometiéndose a “mirar opciones” para que la empresa se lleve otra adjudicación. Este tipo de intercambios refuerzan la tesis de la Fiscalía, que sostiene que ambos actuaron siguiendo indicaciones que les llegaban a través del asesor de Ábalos.
Un camino que ya estaba trazado
No es la primera vez que Isabel Pardo de Vera aparece en el radar judicial. Ya estaba siendo investigada por la contratación presuntamente irregular de Jésica Rodríguez, expareja del exministro Ábalos, en dos empresas públicas: Ineco y Tragsatec. Aquella parte del caso también fue derivada a la Audiencia Nacional, donde el juez Moreno decidió imputarla por delitos de malversación y tráfico de influencias.
En el caso de Javier Herrero, esta es su primera imputación formal, aunque su nombre llevaba meses rondando la investigación. El juez Moreno ha tomado la decisión tras recibir un escrito del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien considera que hay “indicios suficientes” de que ambos pudieron colaborar activamente con la trama corrupta.
La gravedad del caso radica no solo en los posibles delitos cometidos, sino en la posición institucional de los investigados. Se trata de personas que ocuparon cargos de máxima responsabilidad en la gestión de infraestructuras públicas estratégicas, y que habrían utilizado esa posición para beneficiar a intereses privados de manera fraudulenta.
El 21 de julio, fecha clave
La comparecencia del próximo 21 de julio podría marcar un antes y un después en la evolución del caso. A medida que se amplía el círculo de imputados, se fortalece la hipótesis de que la red de corrupción tenía un alcance mucho mayor del que inicialmente se sospechaba. La conexión entre Ábalos, su asesor, y estos dos ex altos cargos, de confirmarse, apuntaría a una estructura bien organizada que operaba desde dentro del propio Ministerio de Transportes.
Los investigadores sostienen que el objetivo era amañar licitaciones públicas para favorecer a empresas amigas, vulnerando los principios de transparencia y libre competencia que deben regir la contratación pública. De momento, los implicados niegan los hechos, pero las grabaciones, los mensajes y los testimonios acumulados en el sumario siguen acorralando a quienes formaban parte del círculo de confianza del exministro.