La ley de Enjuiciamiento Criminal es clara al respecto. Un investigado ingresa en prisión provisional preventiva por tres razones: la reiteración de su actuación delictiva, el peligro de fuga y la posibilidad de destrucción de pruebas. Es en este último punto en el que el juez se basa para dictar el auto en el que ha mandado a Soto del Real al que fuera número tres del PSOE. Y lo que se trata es de encontrar el dinero que se supone es el fruto de las mordidas a empresas. El magistrado ha hecho un cálculo aproximado. En el periodo examinado, Acciona fue adjudicataria de obras por importe de 537 millones. En las conversaciones intervenidas, Ábalos y Koldo habrían recibido 550.000 euros y tendrían pendiente de cobrar 450.000 euros que hacen un total de un millón. Sólo un 1%. Teniendo en cuenta que, habitualmente la comisión exigida es del 3%, faltarían 4 millones que es lo que se está buscando. Ahora bien, teniendo en cuenta la personalidad de los imputados, a nadie debe de extrañar que se los hayan pulido. El alto nivel de vida del exministro y de su asistente hacen pensar que las cantidades declaradas se han ido en gastos de diversa índole. Lo que ocurre es que en la vida personal de Santos Cerdán no se advierte ostentosidad alguna. Y es ahí donde saltan las sospechas de una presunta financiación irregular del Partido Socialista. El secretario de organización podría haber desviado esa cantidad a las arcas de la organización y eso es lo que se está investigando.
Las declaraciones de bienes y rentas de Santos Cerdán no desvelan muchas pistas. A su nombre figura una vivienda en Navarra que adquirió en 1994, un Volvo que compró en mayo de 2023, y una libreta de ahorro con 47.000 euros. Su salario como parlamentario era de 79.184,07 euros anuales. El exdiputado comunicó al Congreso que tiene ahora en su libreta 8.320 euros menos que cuando asumió el acta de diputado en 2023, al inicio de la legislatura. Según la declaración que registró el 3 de agosto de 2023, tenía ahorrados 55.320 euros. Pagó por IRPF 26.237 euros. A los vecinos de la población de la que es habitual, Milagros, no les consta un alto nivel de vida. El único indicio que se está comprobando es el importe del alquiler del piso que Santos Cerdán disfrutaba en Madrid, unos 2.400 euros. Al parecer, parte de la renta la abonaba la empresa navarra, Servinabar, bajo sospecha de haber abonado comisiones a cambio de la concesión de obra pública y que se vincula al exsecretario de organización. En concreto se habla de 900 euros. Su mujer recibe una pensión por incapacidad de 600 euros. Pero en fuentes del Congreso se insiste en que el caso de la vivienda de Santos Cerdán es habitual porque los diputados de demarcaciones de fuera de Madrid reciben incentivos para el pago de la vivienda.
Otra cosa es la pista financiera de Ábalos que termina en República Dominicana de la que, hasta el momento, apenas se han encontrado resultados que permitan pensar en indicios de dinero oculto. Y aquí ya no entra Santos Cerdán, al menos no se le relaciona. Son Ábalos y Koldo los que tienen intereses financieros. Y tampoco ellos directamente sino sus familiares. El hermano de García, Joseba, viaja con frecuencia al país caribeño. La fundación Fiadelso, cuyo presidente es el exministro, también es objeto de investigación porque sus hijos han reclamado dinero de sus cuentas. Pero todos estos indicios se quedan ahí. Sólo está el testimonio de uno de los imputados, el empresario Víctor Aldama, que manifiesta haber entregado 600.000 euros en efectivo al hijo de Ábalos en tres ocasiones que coinciden con los viajes a Santo Domingo. Pero el comisionista todavía no ha podido probar esa entrega.
La UCO no descarta otras vías para ocultar el dinero, incluidos los paraísos fiscales, pero el juez y el fiscal anticorrupción quieren que no se descarten otras posibilidades, incluido Ferraz. En los datos de los soportes informáticos corporativos y personales de Santos Cerdán no consta transferencia de cantidad alguna a cuentas del partido. Se investiga cómo se han pagado las obras efectuadas en algunas agrupaciones locales, pero en la dirigencia socialista se asegura que las cantidades destinadas para esos cometidos proceden de los fondos que tiene el partido procedente de los sueldos de los altos cargos. Es verdad, y está comprobado que, desde el presidente del gobierno hasta los ministros socialistas, pasando por diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, hasta concejales, se les deduce una importante cantidad de sus retribuciones que va a parar a las arcas federales.
De todas maneras, se sitúa en el punto de mira de las pesquisas a los cargos intermedios de Ferraz. En concreto a Mariano Moreno, exgerente entre 2017 y 2021, y actual presidente de ENUSA, la empresa pública de uranio en la que también estuvo vinculada la famosa Leire Díaz. En 2021, Moreno fue sustituido por Ana María Fuentes que actualmente forma parte del equipo provisional que gestiona la secretaría de organización. En una conversación intervenida por la UCO, Fuentes habla con el director general de carreteras, Javier Herrero, encargado de las concesiones de obra pública, avisándole que se le “iba a pedir el impuesto”. Y, claro está, como no podía ser de otra manera, la Guardia Civil saca sus propias conclusiones sobre una presunta financiación irregular a pesar de que en Ferraz se les ha dicho que “el impuesto” es la cantidad que se deduce a los cargos del partido y que, al parecer, Herrero se oponía a donar.
Mientras todas estas circunstancias no se esclarezcan el juez va a mantener en prisión a Santos Cerdán porque es la clave para saber donde ha ido a parar el dinero procedente de las mordidas. A los otros dos investigados simplemente se les daba lo que les correspondía y está claro que se lo han gastado en golferías. Ese nunca se llegará a recuperar. Pero es que faltan, como poco, 4 millones que son palabras mayores. Por eso el exsocialista duerme en Soto del Real, y le va a costar mucho salir de allí.