Una sentencia pionera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado un paso histórico en el reconocimiento del derecho de las mujeres a un parto respetado. El tribunal ha condenado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con 60.000 euros a una paciente por prácticas médicas lesivas y un trato clínico considerado inadecuado. La resolución, que menciona expresamente el término violencia obstétrica, se convierte en un duro varapalo para la sanidad pública gallega, bajo control del Partido Popular desde hace más de una década.
El fallo que sacude al sistema
La resolución, emitida el 31 de marzo por la Sección Tercera del Contencioso-Administrativo del TSXG, no solo reconoce el daño físico y psicológico sufrido por la paciente, sino que pone en entredicho el modelo asistencial y la cultura médica instalada en los hospitales gallegos. Es la primera vez que un tribunal gallego emplea el término violencia obstétrica, hasta ahora relegado a la marginalidad jurídica.
Durante el parto, ocurrido en 2019, la mujer fue sometida a técnicas invasivas, uso de ventosa, episiotomía central, oxitocina, sin que conste de forma clara su consentimiento. La episiotomía provocó un desgarro de grado III o IV, afectando órganos internos como el esfínter y el recto. La reconstrucción fue, según la sentencia, "lamentable", y tuvo que ser corregida con una cirugía posterior. A esto se sumó un entorno clínico hostil, con cinco alumnos en prácticas dentro del paritorio, y una comunicación escasa o nula por parte del personal.
El tribunal concluye con contundencia: "El trato recibido no fue el adecuado" y la experiencia generó un "daño psicoemocional perfectamente comprensible". Se trató, sin lugar a dudas, de violencia obstétrica.
La política sanitaria del PP, en el centro del debate
La responsabilidad administrativa recae en el Sergas, pero la responsabilidad política apunta directamente a la Xunta de Galicia, que dirige este servicio desde hace años bajo gobiernos del Partido Popular. El fallo cuestiona no solo a los profesionales implicados, sino a un sistema sanitario que, bajo el mando del PP, ha mostrado graves carencias estructurales en la atención a las mujeres.
La paciente denunció desde el principio la ausencia de consentimiento informado, pero su reclamación fue ignorada: el Sergas no respondió. Solo tras una larga batalla judicial y la apelación al TSXG se ha reconocido su verdad. Esta inacción administrativa y falta de sensibilidad institucional es indicativa de un modelo que no pone a la paciente en el centro del sistema, y que no ha implementado los protocolos necesarios para evitar abusos o negligencias.
Resulta especialmente grave que ni la Consellería de Sanidade ni la dirección del Sergas, ambas bajo control del PP, hayan adoptado una actitud proactiva para investigar lo ocurrido o reparar el daño antes del pronunciamiento judicial. Incluso ahora, conocida la sentencia, la Xunta ha emitido una respuesta tibia y evasiva, en la que se limita a lamentar “los daños físicos y psicológicos” sufridos por la mujer y a ensalzar el trabajo diario de sus profesionales. Ni una sola palabra de autocrítica.
Esta sentencia no solo repara parcialmente a una víctima, sino que desnuda las debilidades profundas del modelo sanitario gallego, gestionado con mano de hierro por el Partido Popular. La retórica institucional de la "excelencia asistencial" choca con una realidad en la que las mujeres pueden ser sometidas a intervenciones sin consentimiento, en entornos saturados y sin respeto por su dignidad.
El TSXG ha hecho su parte. Ahora, la pregunta es si el gobierno gallego del PP escuchará esta advertencia judicial y adoptará medidas reales para humanizar la atención al parto y garantizar los derechos de las pacientes. Porque el respeto a la autonomía corporal y emocional de las mujeres no puede seguir siendo una asignatura pendiente.