Marian Popa lleva años luchando para que se reconozca que ni él ni su hermano Iancu firmaron la notificación oficial de embargo de su piso expedida por un juzgado de Xátiva en el año 2009. En 2018, ocho años después del desahucio que sufrió en su casa de la calle Cerdán de Tallada de la localidad valenciana, su batalla continúa. Ahora el migrante quiere recurrir al Congreso de los Diputados y a la Presidencia del Gobierno para defender lo que considera un abuso contra su familia.
Desde 2019 el desahuciado al que, según él, suplantaron la firma trata de frenar el archivo del caso. Marian Popa pidió la suspensión del proceso para preparar un recurso tras asesorarse con un abogado de oficio. Pero su batalla continúa. El vecino de Xátiva denuncia la suplantación de su firma en el acto de notificación de su desahucio y hace dos años solicitó al Juzgado de Instrucción Número 3 de la ciudad la suspensión del plazo otorgado para recurrir el archivo provisional de su denuncia.
En esas fechas, Popa presentó una denuncia ante la Policía Nacional acompañada por el informe de un perito caligráfico de Valencia que según el denunciante acredita que no es el autor de la firma plasmada de su embargo por impago de la hipoteca, que se practicó sin estar él presente, tal como informó el diario Levante-EMV en su edición de 10 de enero de 2019. Sin embargo, la magistrada titular del juzgado número 3 acordó el sobreseimiento, una decisión que Popa asegura se llevó a cabo sin practicar diligencias. La resolución de la Justicia fue que se daba carpetazo al asunto “por no ser los hechos constitutivos de infracción penal”. Popa no sale de su asombro, ya que insiste en que le suplantaron la firma.
Popa, que hoy por hoy no tiene trabajo, denuncia que ha sido víctima de una estafa. Asegura que la entidad financiera con la que concertó la hipoteca nunca le ingresó el dinero que luego reclamó por vía judicial en 2009 (150.000 euros) y por el cual aún está siendo embargado junto a su hermano y avalista. Para demostrarlo muestra su cartilla bancaria, que según él no refleja ingreso alguno de la entidad bancaria. Además, “denuncia que el piso que adquirió en la calle Cerdán de Tallada le fue entregado sin cédula de habitabilidad y en condiciones precarias. Aunque ha acudido a múltiples instancias judiciales, sin embargo ninguna le ha dado la razón”.
Inasequible al desaliento, Marian, de 47 años y origen rumano, está metido en un kafkiano laberinto judicial para intentar demostrar no solo que no recibió personalmente la diligencia del juzgado, informándole de la ejecución del embargo, sino que la hipoteca que suscribió en pocos minutos contenía cláusulas abusivas y engañosas que no le explicaron en ningún momento. Fue desahuciado tras quedarse sin trabajo en plena crisis, dejó de pagar la hipoteca y el banco le reclamó una deuda de 150.000 euros por la que su hermano y él siguen pagando a día de hoy. Al parecer, el denunciante tenía muchas dificultades con el idioma cuando firmó el crédito y llevó a los tribunales la falta de información sobre el mismo. Por si fuera poco, una inmobiliaria hoy quebrada le entregó la vivienda sin cédula de habitabilidad, según Marian Popa, y sin reunir las condiciones sanitarias y de luz prometidas.
Hoy la batalla judicial de Popa sigue adelante y piensa llegar hasta el final para demostrar que ha sido víctima de un abuso del sistema. “Pienso moverlo, he escrito una carta al Congreso y otra al presidente del Gobierno”, asegura. Pese a acumular pronunciamientos judiciales desfavorables, Marian no pierde la esperanza: se muestra convencido de que un día resplandecerá la verdad.