Las mujeres y niñas indígenas de todo el mundo sufren actos de violencia graves, sistemáticos y continuos que abarcan todos los aspectos de sus vidas, mientras que los perpetradores disfrutan de niveles alarmantes de impunidad. Así lo ha manifestado la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem.
En un informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirma que «esta violencia tiene sus raíces en estructuras históricas y desiguales de poder patriarcal, racismo, exclusión y marginación habilitadas por un legado del colonialismo”.
Alsalem destaca el nivel de impunidad “alarmante” del que gozan los maltratadores y ha comentado que «ni los datos ni la legislación o políticas públicas reflejan la escala y gravedad de la violencia contra las mujeres y niñas indígenas».
La relatora recuerda que las leyes internacionales consagran el derecho de las mujeres y niñas indígenas a no sufrir violencia y lamenta que los Estados «no tomen medidas efectivas de prevención y protección para materializar esa garantía ni para dar a las afectadas acceso a la justicia y los servicios de apoyo»
Sin acceso a la justicia
Los sistemas de justicia indígenas y no indígenas discriminan a las mujeres y niñas de los pueblos originarios y les presentan grandes barreras para acceder a la justicia. Esta forma de violencia se produce “con pleno conocimiento y muchas veces con el acuerdo tácito y el apoyo de los Estados”, mantiene.
Ante esta realidad, la experta insta a los Estados a mejorar la interacción de las leyes entre el gobierno y las comunidades indígenas para garantizar la prevención de la violencia de género, pero advierte de la «laguna legal y las zonas grises en la rendición de cuentas de los actores no estatales que contribuyen a promover la violencia contra las mujeres y niñas indígenas».
Apunta Alsalem que “la violencia debe abordarse de manera efectiva para terminar con la impunidad que existe por estos crímenes”.
Para concluir, la relatora especial recalcó que las mujeres «deben tener derecho a una participación plena, igualitaria y efectiva que vaya más allá de la palabrería y las vea como actores resilientes en lugar de sólo como sobrevivientes de la violencia”.