Sumar ha solicitado al gobierno español que detenga toda cooperación tecnológica con Israel. Esta demanda surge a raíz de una reciente reunión entre empresas tecnológicas de España e Israel, enfocada en fortalecer la colaboración en ciberseguridad. La petición de Sumar se inspira en acciones previas del Ministerio de Ciencia, que suspendió la colaboración con Rusia y Bielorrusia después de la invasión rusa a Ucrania en 2022.
Los diputados Tesh Sidi (Más Madrid), Enrique Santiago (IU), Gerardo Pisarello y Gala Pin (En Comú Podem) han registrado preguntas en el Congreso, criticando el uso de tecnología israelí en operaciones militares contra la población de Gaza, las cuales, según ellos, han resultado en un elevado número de víctimas y constituyen un acto de genocidio. Argumentan que la tecnología, incluida la inteligencia artificial, ha jugado un papel destacado en estas operaciones, no solo en términos militares sino también en sostener lo que describen como un régimen de apartheid.
Particularmente, señalan el uso de sistemas algorítmicos por parte de las fuerzas armadas israelíes para identificar objetivos de bombardeo, lo que, según ellos, automatiza el genocidio y evita la responsabilidad por ataques. Además, cuestionan la transparencia y criterios de dichas tecnologías, especialmente en lo que respecta al riesgo de daño a civiles.
La crítica se extiende a la cooperación entre empresas tecnológicas españolas e israelíes, destacando la participación de diez compañías israelíes en un reciente evento organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Sumar expresa preocupación por este tipo de colaboraciones, especialmente en un contexto donde el gobierno español ha mostrado interés en revisar sus relaciones con Israel debido a inquietudes sobre derechos humanos y principios democráticos.
El partido también recuerda incidentes previos de espionaje a políticos españoles utilizando software israelí, como el programa Pegasus, resaltando la avanzada tecnología de ciberseguridad de Israel.
Sumar interroga al gobierno sobre sus criterios para suspender colaboraciones tecnológicas en casos de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, buscando claridad sobre la postura española frente a Israel.
