España ha forzado la expulsión de dos espías de Estados Unidos por sobornar a dos agentes del CNI, según informa el diario El País. El Gobierno protestó ante la embajadora estadounidense por la “acción hostil” contra el servicio de inteligencia español y fruto de esa protesta se produjo la salida de los dos “topos” yanquis de nuestro país.
La operación ha causado un gran revuelo en La Casa. En el CNI hay máxima preocupación por este caso que ha podido provocar una auténtica grieta o fuga de información y dosieres de máximo secreto que afectan a la seguridad nacional de España. Los dos agentes del CNI implicados en el turbio asunto han sido detenidos por una supuesta revelación de secretos al haber filtrado información reservada a Washington y uno de ellos ya está en prisión, según informa Efe. De esta manera, se ha abierto una investigación judicial exhaustiva para llegar hasta el final del caso y depurar más responsabilidades, si las hubiere. Por eso no se descartan más detenciones en los próximos días.
Preocupa especialmente al Gobierno español que no se trate solo de dos manzanas podridas del CNI, sino que pueda tratarse de una red organizada que se dedicaba a vender secretos oficiales a la CIA, y por consiguiente a la Administración Biden. De cualquier manera, el asunto de los espías ha causado un profundo malestar en Moncloa y, según fuentes próximas al caso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido explicaciones en las últimas horas a la embajada estadounidense en Madrid. De momento, Moncloa ya ha mostrado su sorpresa y estupor ante el hecho de que Estados Unidos no se fíe de España tratándose como se trata de dos países socios, aliados y amigos que comparten objetivos comunes en organizaciones internacionales como la OTAN.
El pasado lunes, el diario El Confidencial publicaba que un juez de Madrid ha abierto una investigación al respecto, lo que también ha confirmado Robles. La titular de Defensa, en su visita a la base Adazi de Letonia, reconocía la apertura de esas pesquisas e indicaba que la denuncia partió precisamente del Centro de Inteligencia al que pertenecen los agentes, si bien no han ofrecido más detalles del caso por encontrarse bajo secreto de sumario.
Las diligencias se instruyen “con la máxima reserva” y, citando fuentes próximas al caso, se afirma que esta investigación “ha provocado una crisis con Washington, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado que no trascienda”.
Pero más allá de eso, cabe preguntarse qué clase de documentos confidenciales pueden interesar a los norteamericanos precisamente en este momento. Y ahí se abre un amplio abanico de respuestas, desde los planes del Gobierno español respecto a las bases norteamericanas de Rota y Morón de la Frontera, hasta dosieres sobre el conflicto saharaui o incluso papeles referidos al caso del robo de datos del teléfono móvil de Pedro Sánchez, que como se sabe fue sometido a escuchas por el sistema de seguimiento digital Pegasus.
Tampoco se descarta que a Washington le interese disponer de información privilegiada sobre las biografías de políticos próximos al Ejecutivo español, sobre todo de aquellos que provienen de Izquierda Unida, Podemos y el Partido Comunista. Y, sin duda, interesa y mucho a la CIA todo lo que está ocurriendo estos días en relación con el conflicto en Gaza y la guerra de Ucrania. En ese sentido, inquieta en Estados Unidos la posición crítica de Pedro Sánchez respecto a la invasión de Israel en Palestina, que ha deteriorado gravemente las relaciones diplomáticas entre Madrid y Tel Aviv. El incidente entre el Gobierno de Netanyahu y el Gobierno español, que terminó con llamada a consultas del embajador hebreo en Madrid y una tensión sin precedentes entre ambos países, está siendo examinado con lupa por el espionaje norteamericano. Las últimas declaraciones de Sánchez, que ha asegurado que el “número de muertos palestinos es insoportable”, apuntando al genocidio en Gaza, ha puesto en alerta a la Inteligencia estadounidense y también al Mosad, el servicio secreto judío que trabaja codo con codo con la CIA.
De momento, los funcionarios del CNI están siendo investigados por revelación de secretos, aunque los hechos también podrían ser constitutivos de una versión agravada de ese delito, como es la traición por espionaje para una potencia extranjera, que puede castigarse con entre 6 y 12 años de prisión.