Las democracias, tienen que adaptar sus normas a las nuevas necesidades y realidades que surgen, es decir, a los cambios que se van produciendo en sus sociedades, para dar cabida a nuevas protecciones y salvaguardas en sus textos constitucionales, que permitan continuar con éxito su camino de libertad, igualdad y convivencia.
Esto no quiere decir hacer una constitución nueva cada dos por tres, como se dice coloquialmente, sino reflejar la vitalidad del cambio social que se produce en esos países. Así, en Austria se ha reformado su texto constitucional en alrededor de un centenar de veces. En Alemania, las reformas han sido más de setenta. En Italia, su constitución de 1948 se ha modificado en más de cuarenta ocasiones. En Francia, su constitución de 1958, 24 veces. Y en Portugal, en siete ocasiones su texto de 1976.
Frente a esta realidad, la constitución española es la que se ha modificado menos de toda Europa, en una mezcla de mitificación del texto, que nos sacó de la dictadura y coloco a España entre las democracias más avanzadas del mundo; y de bloqueo constitucional, o secuestro constitucional, por parte del principal partido de la oposición.
Ante la primera de las cuestiones, su mitificación, ya está superada y la sociedad española es cada vez más consciente del deterioro de las instituciones, y de la necesidad de realizar reformas constitucionales precisas para lograr que el funcionamiento del Estado atienda adecuadamente el interés general de los españoles.
En cuanto al bloqueo del PP, está en plena vigencia, no solo porque no cumple con lo marcado en la Constitución en lo que respecta a la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, sino porque al mismo tiempo bloquea la posibilidad de adaptar la Constitución a la sociedad española del siglo XXI.
Aferrarse al inmovilismo, como están haciendo algunas fuerzas políticas, y especialmente el PP, es temerario e irresponsable, para nuestro sistema democrático y para el bienestar de la población. Porque, además, ese inmovilismo, va en contra de la opinión mayoritaria de los españoles a los que deben representar.
Siete de cada diez españoles opinan que la Constitución necesita ser reformada en estos momentos. Y las principales reformas que piden están relacionadas con garantizar los derechos sociales y reforzar la protección real de derechos fundamentales. Es decir, reforzar los procedimientos y los desarrollos normativos que hagan realidad lo que ya está recogido en la Constitución en lo que se refiere a derechos y libertades, principalmente.
Por tanto, adecuar la Constitución, a la nueva España que se ha venido construyendo en democracia y a la España que se quiere erigir para las próximas décadas, es el reto. Pero hay que superar dos asuntos. El primero, la necesidad de amplias mayorías para realizar reformas en la Carta Magna. El segundo, un Parlamento fragmentado donde el principal partido de la oposición está anteponiendo su interés partidista por alcanzar el poder y deteriorar al gobierno, que la consecución de acuerdos que garanticen la reforma constitucional.
La pregunta inicial era si el PP tiene secuestrada a la Constitución. La respuesta es afirmativa. Y esta actitud, que debilita nuestra democracia y nuestro bienestar como sociedad, se contrapone a una ciudadanía que cree que la Constitución necesita cambios.
Lo deseable sería que el principal partido de la oposición volviera a la lealtad institucional y abandonara su estrategia de enfrentamiento, porque es un desastre para la sociedad española, y además debilita y deslegitima las instituciones democráticas.
Es urgente retomar la experiencia de consensos de la aprobación de la Constitución de 1978. Retomar los mandatos constitucionales y adaptar mediante amplios acuerdos la Constitución a la España del siglo XXI.
Con el ruido actual, parece imposible. Pero si los ciudadanos en las urnas comienzan a castigar ese tipo de comportamiento frentista y de bloqueo permanente, donde se prefiere el conflicto al acuerdo, las cosas podrían cambiar rápidamente.
Se podría allanar el camino del entendimiento en el Congreso, y empezar por algunas reformas parciales. Sin focos, sin prisas, pero sin pausas, para fortalecer aún más la democracia en España, el bienestar de los españoles, y actualizar las bases que aseguren la capacidad de convivir en paz y en libertad durante las próximas décadas.
Sea cual sea el camino, las reformas deben empezar a producirse ya.