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Un despacho de Sevilla, el primero en aplicar la «ITV» al índice IRPH

Diario16, además, publica el formulario para que los afectados puedan utilizarlo

José Antonio Gómez
José Antonio Gómez
Director de Diario16. Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa", "IRPH: Operación de Estado" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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análisis

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Tal y como publicamos en Diario16, el pasado miércoles se hizo público el informe de la Dirección General de Consumo del Gobierno de las Islas Baleares que contenía una plantilla de control de los contratos referenciados al IRPH. Este hecho que ha provocado que el despacho De Juan Abogados, de Sevilla, ya haya remitido los resultados y el escrito correspondiente.

«Hemos hecho constar en el escrito que la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía no tolerará, como esperamos, que los consumidores andaluces tengan una protección inferior a los de las Islas Baleares», ha afirmado Gloria de Juan, abogada que ha presentado el escrito a la entidad.

En el caso del contrato que se somete a control de abusividad, la abogada marcó 9 de las 10 casillas en sentido contrario al patrón correcto, es decir, que la información del contrato o bien era falsa, o no transparente o fundamental pero inexistente en nueve aspectos sobre el que el prestatario debería haber recibido información correcta.

Sólo se dejó en blanco la primera casilla porque el contrato ni siquiera incorporaba la definición del IRPH y se limitaba a remitir a una circular del BOE, eso sí, la circular obsoleta 8/90, donde no consta la advertencia sobre el diferencial negativo.

En su escrito la abogada muestra cómo el contrato, efectivamente, está comercializando un tipo de interés nominal (no una TAE media, que es el IRPH) puesto que la fórmula de los intereses se refiere a un «tipo nominal» inicial, y luego se obtiene uno nuevo sumando el diferencial un tipo medio (que no se indica que sea una TAE, por lo que es un tipo nominal).

Dado que la calculadora de abusividad del Gobierno de las Islas Baleares no estará lista hasta el mes de marzo, el despacho ha optado por encargar el cálculo financiero correspondiente. Siguiendo las instrucciones del informe, han adjuntado el cuadro con la «ganancia calculada» (es decir, lo que cobra de más el banco debido a la presunta mala fe financiera en la información suministrada al cliente). En este caso es de 2.753,60 euros puesto que se trata de un préstamo pequeño, de unos 15.000 euros.

«Obviamente, si este contrato hubiera sido de 150.000 euros, estaríamos hablando de 27.536 euros, cantidad que el banco conocía en el momento de la firma», aclara de Juan.

El despacho ha tenido la gentileza de hacer llegar a Diario16 su escrito anonimizado, de manera que otros afectados lo puedan tomar como modelo para presentar reclamaciones semejantes. Dicho modelo de escrito lo pueden consultar al final del presente artículo.

A la espera que el Ministerio de Consumo, liderado por Alberto Garzón, realice alguna acción de coordinación entre las comunidades autónomas, o que otras comunidades se sumen a la iniciativa de las Islas Baleares, estos abogados recomiendan que se exija a su gobierno autonómico la protección obvia ante un contrato hipotecario con semejantes errores (maliciosos) en su redacción.

 En los foros de hipotecados IRPH se ha aludido a Félix Alonso Cantorné, el Director General de Consumo que ha impulsado la iniciativa, como «un político de verdad». Este hecho hace que muchos de los afectados por el IRPH o por otras cláusulas abusivas de la banca se pregunten si el ejemplo de Alonso marcará una tendencia en otras comunidades o será un gesto que saca los colores a tantos cargos públicos en teoría preocupados por la protección del consumidor español pero que, a la hora de la verdad, se pliegan al poder de las clases dominantes.

Diario16 vuelve a mostrar su compromiso social al publicar el escrito cedido por el despacho de abogados para ayudar a los afectados por el IRPH, al igual que ya hicimos con las denuncias en la Comisión Europea por el IRPH o la aplicación del derecho a ser escuchado en Bruselas para los afectados de Banco Popular.

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