Palentina de nacimiento y cántabra de adopción, Victoria Ortega Benito, ha resultado reelegida por una amplia mayoría absoluta Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, máximo órgano representativo de la Abogacía y que reúne a los 83 Colegios de la Abogacía de España.
Con la frase de Concepción Arenal como lema : “todas las cosas son imposibles mientras lo parecen”, Victoria Ortega es abogada desde 1981, siendo la primera mujer decana del Colegio de Abogados de Cantabria durante los años 2000 y 2008; en 2002 fue nombrada vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española, y entre los años 2011 y 2016 secretaria general.
En enero de 2016 fue elegida Presidenta del Consejo General, órgano del que también es la primera mujer que lo preside; profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria desde 1992 y miembro nato del Consejo de Estado.
Fue presidenta de la Unión Profesional de Cantabria entre 2001 y 2008.
En abril de 2018, fue elegida por aclamación primera presidenta de Unión Profesional y vicepresidenta del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS) y de la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL)
En 2009 recibió la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía, y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, el máximo galardón que otorga el Ministerio de Justicia.
1.- En las elecciones celebradas en el Consejo General de la Abogacía Española el pasado día 17 ha resultado elegida Presidenta por amplia mayoría. ¿Cómo afronta este segundo mandato y cuáles son los retos que se plantea para la abogacía durante los próximos años?
Mi reelección es el fruto del reconocimiento a una labor colectiva desarrollada durante cuatro años. En 2016 indiqué que mi proyecto necesitaba tiempo para afrontar los retos de la Abogacía y para ello puse en marcha un Plan Estratégico del que ya se ha cumplido más de un 75%. Afronto los nuevos retos con el mismo entusiasmo y energía que cuando fui elegida presidenta hace cuatro años y ya estamos trabajando para afrontar algunos ejes y acciones del nuevo Plan Estratégico. Nos hacen falta nuevas medidas en estos próximos años y ya he pedido de nuevo -durante mi toma de posesión- la colaboración directa de todos los consejeros y consejeras que están respondiendo de forma favorable.
2.- -¿Que aportan el Consejo General de la Abogacía y los Colegios de Abogados en el día a día de la actividad de los profesionales en sus despachos o juzgados?
El Consejo General de la Abogacía es el órgano representativo y coordinador de los 83 Colegios de Abogados. La Abogacía institucional está comprometida con la defensa permanente del derecho de defensa que llevan a la práctica diariamente los más de 153.000 abogados y abogadas. Además, el Consejo defiende una Abogacía asentada en valores, libre, independiente, líder de opinión, con proyección social y en vanguardia de la implantación de las nuevas tecnologías. Desde el pasado mes de diciembre, se ha puesto en marcha el Nuevo Portal de Servicios de la Abogacía que pone a disposición de los profesionales los servicios, la formación, la actualidad y las publicaciones que le ayudarán en su ejercicio profesional. En el nuevo portal se aglutinan todos los servicios desde un único acceso para que los usuarios puedan utilizarlos con mayor facilidad: desde Pases a Prisión o Prevención de Blanqueo de Capitales pasando por RegTel o DocuShare hasta Biblioteca Digital, Formación, Censo, Actualidad, Información sobre Colegios, etc…
3.- Usted fue la primera mujer Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española rompiendo el techo de cristal. ¿Cómo anda la Abogacía en materia de igualdad?
Afortunadamente ha dejado de ser noticia en los diarios que una mujer presida el Consejo General de la Abogacía, o que el Colegio de Barcelona tenga una decana o que el mayor colegio profesional de Europa, el de Madrid, haya tenido como decana a Sonia Gumpert. En otros ámbitos de la Justicia, desgraciadamente no ocurre lo mismo. Todos los años en la Apertura del Año Judicial vemos como la fotografía oficial con el Rey es calcada año tras año: todos hombres y ninguna mujer. En 2018, dedicamos la Conferencia Anual y los premios Derechos Humanos a la igualdad. Fruto de este compromiso pusimos en marcha el año pasado en el Consejo General de la Abogacía una Comisión de Igualdad que responde al proceso lógico de relevancia que la igualdad ha ido asumiendo a lo largo de los últimos años en los trabajos y estrategia del Consejo y que ha tomado, con la creación de esta Comisión, un nuevo impulso.
El Consejo defiende una Abogacía asentada en valores, libre, independiente, líder de opinión, con proyección social y en vanguardia de la implantación de las nuevas tecnologías
4.- En sus comparecencias públicas ha venido refiriéndose reiteradamente a la necesidad de aprobar una Ley reguladora del Derecho de Defensa. ¿Qué aspectos más importantes considera que debería contener esa Ley?
La Ley Orgánica del Derecho de Defensa es una reivindicación histórica de la abogacía, pero necesaria para defender los derechos de los ciudadanos y su tutela judicial efectiva. Nuestra Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial garantizan el derecho fundamental a la defensa y se atribuye su ejercicio a los abogados y abogadas, por el simple motivo de que los ciudadanos son titulares de ese Derecho Fundamental por medio de abogado, especialmente para quienes carecen de recursos para litigar. De las múltiples manifestaciones que tiene el Derecho de Defensa es necesario destacar el derecho/deber del secreto profesional del profesional de la abogacía; la confianza y confidencialidad necesarios para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva; la comunicación reservada entre el investigado privado cautelarmente de libertad y su abogado defensor; el acceso al contenido de las actuaciones judiciales por los abogados y abogadas…Quizá le puedan parecer principios básicos, pero los abogados entendemos que deben estar bien reflejados en la ley para que podamos invocarlos cuando sea preciso.
5.- El Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita siguen siendo la constante reivindicación de la Abogacía. ¿Cuáles son los problemas más acuciantes en esa materia y las reivindicaciones de los abogados del Turno de Oficio en este momento?
Durante mi primer mandato como presidenta, la Abogacía unida logró que se revisaran al alza los baremos del Turno de Oficio en territorio del Ministerio de Justicia -pero debemos seguir trabajando porque siguen siendo exiguos- se consiguió su abono mensual y, entre otros logros, se logró suprimir el intento de privatizar la Asistencia Jurídica Gratuita a través de la imposición del IVA a este servicio tan fundamental en la defensa de los derechos de los ciudadanos sin recurso. Actualmente, el Consejo General de la Abogacía Española está preparando la reclamación legal del pago de todos y cada uno de los servicios prestados por los abogados del Turno de Oficio, que el Ministerio de Justicia rechazó abonar desde el pasado mes de octubre a pesar que son designaciones de abogados y abogadas del Turno de Oficio realizadas por los jueces. Tanto el Consejo como los Colegios de las comunidades afectadas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Illes Balears, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla y Madrid por lo que se refiere a los órganos jurisdiccionales estatales) consideramos que la solución a los problemas planteados por el equipo de la exministra Delgado precisa de una rápida y firme intervención por parte del nuevo equipo ministerial. Confiamos en que el profundo conocimiento del funcionamiento de la Justicia por el nuevo ministro, Juan Carlos Campo, pueda jugar un papel decisivo en favor de los intereses de los abogados del turno que, no se debe olvidar, son los intereses de los ciudadanos y del propio sistema judicial de nuestro país.
6.- La abogacía viene demandando el derecho a la desconexión digital durante el mes de agosto. ¿Eso significa que con la actual regulación un Abogado no tiene derecho a vacaciones?
El Pleno de la Abogacía aprobó en su reunión de noviembre en Córdoba una propuesta de reforma de distintas leyes para hacer posible una verdadera conciliación para los abogados y abogadas entre su vida laboral, personal y familiar. Actualmente durante las vacaciones y los fines de semana, los abogados y abogadas deben estar pendientes de las notificaciones que ser realizan a través de LexNet para que no se pasen los plazos que mandan los juzgados por vía telemática a los profesionales de la abogacía y cuyo incumplimiento genera importantes perjuicios para los ciudadanos. La Abogacía ha pedido a diferentes partidos con representación parlamentaria un reforma legal para establecer una verdadera desconexión digital durante los periodos vacacionales –agosto y en las fechas navideñas, con la excepción de las notificaciones urgentes- y la posibilidad de suspender vistas y procedimientos a instancias de los abogados por enfermedad grave, maternidad o defunción de un familiar. Es un derecho del que disfrutan todos los profesionales, trabajadores e incluso el personal de la Administración de Justicia; por lo que parece evidente que ya debería estar recogido también para amparar a todos los abogados y abogadas.
7.- ¿Qué valoración le merece el nuevo ministro de Justicia?
Hace tan sólo unos días que asumió el cargo, pero lo conozco hace tiempo en su tarea como portavoz socialista en la comisión de Justicia del Congreso y previamente como secretario de Estado. Creo que el Sr Campo es un gran conocedor del funcionamiento de nuestro sistema judicial. También de la abogacía y sus demandas. Es, además, una persona muy dialogante y plenamente consciente de la importancia que la Administración de Justicia tiene para el desarrollo de un verdadero sistema democrático. Creo que con su nombramiento se abre una etapa de cierto optimismo para la evolución de situaciones enquistadas desde hace algún tiempo.
8.- ¿Verá la luz en esta legislatura el Pacto de Estado por la Justicia?
No será por la falta de nuestros esfuerzos, ya que estamos implicados en mejorar para los ciudadanos la Administración de Justicia mediante un Pacto de Estado. Desde 2016, en mi primera toma de posesión, la Abogacía institucional viene reclamando un Pacto de Estado para crear una Justicia que merezca tal nombre dentro de un verdadero Estado de Derecho. Es esperanzador que el nuevo ministro se comprometiera en su toma de posesión a vertebrar entre todos un Pacto de Estado para que la mejora de la Justicia llegue a los ciudadanos.
