Una de cada cuatro personas empleadas en el sector agrícola europeo son migrantes, enfrentando violencia, largas jornadas de trabajo y pagos insuficientes, según un estudio que recoge información de nueve países. La nueva directiva europea de diligencia debida sobre sostenibilidad empresarial podría ayudar a combatir esta explotación.
El sector agrícola en Europa depende en gran medida de la mano de obra migrante, pero esta dependencia ha llevado a la explotación sistemática de millones de personas. Un nuevo informe publicado por investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas y Oxfam Intermón titulado «Esenciales pero invisibles y explotados» revela las duras condiciones a las que se enfrentan estos trabajadores.
Condiciones laborales y salarios
Aproximadamente 2,4 millones de personas migrantes trabajan cosechando frutas y verduras en Europa. Según las estadísticas, representan una de cada cuatro personas empleadas en el sector, aunque el número real podría ser aún mayor. En los nueve países estudiados, se destaca una violación sistémica de los derechos de estos trabajadores, que a menudo reciben salarios por debajo del mínimo establecido. Además, la investigación refleja una crónica desigualdad de género: en regiones como Huelva, España, la mitad de las mujeres entrevistadas ganan menos que sus compañeros masculinos, mientras que en Italia, las trabajadoras inmigrantes reportan salarios hasta un 30% inferiores a los de los hombres.
Carlos Ruiz, investigador de Oxfam Intermón y coautor del informe, señala: «Queremos exponer la parte más vulnerable de la industria agrícola europea, que tiene como núcleo la explotación y el incumplimiento de la legislación europea. Las personas migrantes se han convertido en un elemento estructural de la cadena agroalimentaria, y eso significa que los abusos que sufren son igualmente estructurales».
Violencia y abusos a los migrantes
El informe documenta numerosos casos de abuso, incluyendo abuso sexual, técnicas de intimidación y violencia en respuesta a las huelgas. Los trabajadores con permisos temporales o en situación irregular están especialmente en riesgo debido a su precariedad laboral. Un caso extremo se registró en Suecia, donde jornaleros tailandeses trabajaban entre 12 y 19 horas al día, seis días a la semana.
El alojamiento es otro aspecto crítico. Muchos trabajadores viven en condiciones precarias, superpobladas y aisladas, sin acceso a servicios básicos como agua corriente, electricidad y calefacción. En algunos casos, se han reportado chantajes sexuales por parte de supervisores. El aislamiento dificulta que los trabajadores aprendan el idioma o se integren en la sociedad local, aumentando su vulnerabilidad.
Yoan Molinero Gerbeau, investigador senior del IUEM-Comillas y coautor del informe, afirma: «La extrema precariedad de los alojamientos en los que estos trabajadores y trabajadoras residen revela la desidia por parte de empresarios y poderes públicos de hacerse cargo de las condiciones de vida de un colectivo invisibilizado».
Seguridad y salud
Los accidentes y lesiones son frecuentes en el sector agrícola debido a la falta de formación y equipo de protección adecuados. En España e Italia, los trabajadores reportan caídas, cortes, mordeduras de animales, golpes de calor y envenenamiento por productos fitosanitarios. Un caso particularmente grave ocurrió en Murcia, donde un hombre murió tras no recibir agua durante un día completo de trabajo bajo temperaturas que alcanzaron los 44 grados.
Carlos Ruiz de Oxfam Intermón resalta: «Las personas migrantes que trabajan en el sector agrícola enfrentan numerosos desafíos para acceder a los servicios de salud, desde la falta de información sobre sus derechos hasta barreras administrativas y lingüísticas. Muchos no pueden registrarse en los sistemas de salud debido a la falta de una dirección fija, y aquellos empleados temporalmente a menudo están excluidos de la cobertura sanitaria».
Directiva europea de Debida Diligencia
En respuesta a estas condiciones, la Unión Europea ha aprobado una directiva de Debida Diligencia que obliga a las empresas a respetar los derechos humanos y el medio ambiente en toda la cadena de valor. Esta legislación tiene el potencial de facilitar el acceso a la justicia y la compensación para los trabajadores afectados, además de obligar a la agroindustria y los minoristas a prevenir y asumir responsabilidad por las violaciones de derechos humanos.
Carlos Ruiz concluye: «Los líderes europeos ya no pueden ignorar la explotación que acecha en la industria agrícola y que se cuela en el carrito de compras de todos los europeos. Pero hay esperanza con la nueva legislación de la UE sobre cadenas de suministro: podría poner fin a la explotación, si los países europeos la transponen e implementan correctamente».
Recomendaciones del Informe sobre los migrantes
Oxfam Intermón y los investigadores del IUEM-Comillas proponen varias medidas para mejorar la situación de los trabajadores migrantes en el sector agrícola europeo. Entre ellas, fomentar la inclusión de los migrantes en las estructuras sindicales, garantizar formación en un idioma que comprendan y proporcionar el equipo de protección necesario. Además, recomiendan que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) consideren el respeto de normas laborales y sociales por parte de los beneficiarios.
El informe «Esenciales pero invisibles y explotados» arroja luz sobre las inaceptables condiciones laborales que enfrentan millones de trabajadores migrantes en el sector agrícola europeo. La implementación efectiva de la nueva directiva de Debida Diligencia de la UE podría ser un paso importante hacia la erradicación de estas prácticas abusivas, pero requerirá un compromiso firme y acción decisiva por parte de los gobiernos y empresas en toda Europa.
