La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha manifestado su desacuerdo con la iniciativa del presidente, Pedro Sánchez de limitar los tiempos de instrucción en los procesos penales. Una medida considerada para facilitar la negociación de la ley de amnistía con Junts. Esta postura marca un distanciamiento dentro del Ejecutivo sobre cómo abordar las reformas judiciales para evitar las tensiones políticas y judiciales.
La reforma judicial en debate
La polémica surge en un momento en que el Gobierno se esfuerza por alcanzar un consenso sobre la ley de amnistía, con el caso Tsunami Democràtic en el centro de las negociaciones. Junts, preocupado por la prolongada instrucción y las implicaciones para Carles Puigdemont, presiona por cambios que agilicen los procesos. Sin embargo, Yolanda Díaz advierte de las “consecuencias de una reforma apresurada”, subrayando “la importancia de garantizar procesos judiciales con todas las garantías” y la necesidad de “prudencia en casos complejos”.
Sumar: entre la aceptación inicial y el rechazo final
La formación Sumar, inicialmente abierta a estudiar la propuesta de Sánchez, ha realizado un viraje significativo en su postura. Tras las primeras expresiones de apoyo por parte de su portavoz, Ernest Urtasun, y las declaraciones más cautelosas de otros miembros como Íñigo Errejón y Aina Vidal, Yolanda Díaz ha oficializado el rechazo de Sumar a la reforma propuesta, acentuando las discrepancias internas en el Gobierno y evidenciando la complejidad del debate sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
La Ley de Enjuiciamiento Criminal en el Punto de Mira
La discusión sobre los plazos de instrucción no es nueva. La reforma de 2015, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, limitaba estos plazos a seis meses, con posibilidad de extensión bajo motivación del juez, una medida que fue criticada por facilitar la impunidad en casos de corrupción. En respuesta, el Gobierno de Sánchez extendió en 2020 el plazo máximo a doce meses, buscando equilibrar la eficiencia del proceso judicial con la profundidad de la investigación. La actual controversia destaca el delicado equilibrio entre la agilidad procesal y la integridad de las investigaciones judiciales.
Un debate complejo
La oposición de Yolanda Díaz a la reforma de los plazos de instrucción refleja la tensión entre la necesidad de avanzar en la agenda política y el compromiso con un sistema judicial que asegure la justicia y la equidad. Mientras el Gobierno busca formas de desbloquear la ley de amnistía. El debate sobre la LECrim subraya los desafíos de reformar el sistema judicial en un contexto político polarizado, donde las decisiones deben sopesar cuidadosamente las implicaciones para la justicia, la política y los derechos de los justiciables.
