Álvaro García Ortiz renueva mandato al frente de la Fiscalía General del Estado en el momento más duro de su carrera, con una gran parte de sus subordinados sublevados. Aún así, el Gobierno le ha dado un voto de confianza porque lo considera con el perfil adecuado para salvaguardar la independencia del Ministerio Fiscal. Tendrá enfrente al Consejo Fiscal, que, aunque sus decisiones no son vinculantes, tiene mucha fuerza desde que la conservadora Asociación de Fiscales se hizo con el control del organismo, hasta mayo pasado controlado por la Unión Progresista de Fiscales.
Cuando la Asociación de Fiscales se manifestó en contra de la amnistía, exigió al fiscal general del Estado un pronunciamiento. García Ortiz manifestó su neutralidad y añadió que no podía pronunciarse sobre “una ley que todavía no existe”. No conformes con esta postura, los fiscales conservadores le exigieron que saliese en defensa de los representantes del Ministerio Público en el juicio del “procès” que, por detrás, son los instigadores de las maniobras que se están llevando a cabo, encabezados por la que fue fiscala general del Estado con Mariano Rajoy, Consuelo Madrigal, que ha tomado una postura beligerante en contra de la medida de gracia convirtiéndose en una de las herramientas de Génova en su lucha contra la ley. Gracias a los contactos de Madrigal en la plaza de la Villa de París, un total de dieciocho fiscales del Tribunal Supremo han reclamado a su superior más firmeza en la defensa de sus compañeros ante lo que consideran que son “injuriosas insinuaciones” de “lawfare”, la llamada instrumentalización de la Justicia con fines políticos.
Una instrumentalización inexistente. Están claros los fines que pretenden desde Génova manejando los hilos en el Supremo a través de Consuelo Madrigal. Saben perfectamente que en los acuerdos del PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez no hay alusión alguna al “lawfare”. Lo único que se va a hacer es poner en marcha dos comisiones pactadas dentro de los acuerdos para la constitución de la Mesa del Congreso: el esclarecimiento de los espionajes en el llamado “caso Pegasus,” y las actuaciones de diversos colectivos en lo que se denomina “Operación Catalunya”, un intento de persecución a los líderes independentistas que parte de las conversaciones telefónicas intervenidas al comisario de policía José Manuel Villarejo. En ese asunto están implicados varios colectivos, la llamada “policía patriótica”, un grupo creado por el ministro del interior con Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, algunos destacados directores de medios de comunicación, y, en última instancia, se investigarán algunas sentencias que los independentistas creen que son contrarias a la ley. También se alude a la actuación de algún fiscal, pero se consideran casos aislados. En absoluto se pretende, con esta comisión, juzgar ni su actuación ni la de los jueces.
La renovación del mandato de García Ortiz coincide con la sentencia de la sala tercera de Lo Contencioso Administrativo, que desde aquí mismo se viene reiterando su carácter conservador, en la cual se anula el ascenso de Dolores Delgado como fiscala de sala y su destino en la sala de Lo Militar. Un destino que posteriormente, fue cambiado por la fiscalía para la Memoria Histórica y Derechos Humanos. El Supremo le da un fuerte varapalo a García Ortiz. «Debe subrayarse que la voluntad del fiscal General del Estado fue explícita: asegurar la promoción a la máxima categoría a quien había ocupado la jefatura de todo el ministerio fiscal sin tener la categoría de fiscal de sala. Cualquiera que sea la opinión que a cada uno le merezca, lo cierto es que esa promoción automática no ha sido querida por el legislador, ni está prevista en la ley», señala el ponente de la sala, el ultraconservador, Luis Díez Picazo, quien, además, dice que “la finalidad realmente buscada fue asegurar a la señora Delgado García su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal por haber sido fiscal general del Estado. Y ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del ministerio fiscal». Toda una declaración de intenciones que concluye con una orden: se debe de repetir el proceso de selección.
Y eso es lo que va a hacer García Ortiz. Un nuevo nombramiento, pero asegurándose de que ningún juez vuelva a ponerle la “cara colorada” alegando que su actuación es “una desviación de poder”. Más que una sentencia parece un ataque directo contra el titular del Ministerio Público, un ataque que ha sido aplaudido por muchos subordinados.
De tendencia progresista, Álvaro García Ortiz, es de los pocos miembros de la carrera fiscal y judicial que no se ha pronunciado en contra de la amnistía. Por tal motivo tiene enfrente a los fiscales conservadores, casi todos los del Supremo. Incluso, la caverna mediática asegura que también están en contra de su neutralidad fiscales progresistas y citan el ejemplo de Javier Zaragoza, que fue el jefe de la fiscalía anticorrupción. Se olvidan decir que Zaragoza, junto a Madrigal , Fidel Cadena, y Jaime Moreno son los que llevaron el peso de las acusaciones del ministerio público en el juicio a los líderes independentistas catalanes y que fue el primero en pedir “el amparo” de García Ortiz quien en ningún momento se lo ha negado. Lo que aclara el fiscal general es que habrá que esperar a conocer el texto definitivo de la ley para pronunciarse.
La derecha judicial acusa al Gobierno de haber cometido “dedazo” a la hora de renovar a García Ortiz olvidándose de que todos los titulares de la fiscalía general del Estado son nombrados por el ejecutivo de turno. Y gobernando el PP hay evidentes casos de seguidismo. Jesús Cardenal, nombrado por Aznar, ordenó a sus subordinados el archivo de varias causas en las que estaban implicados políticos del PP. Y José Manuel Maza, designado por el gobierno de Mariano Rajoy, fue quien cesó a Javier Zaragoza para poner al frente de anticorrupción al portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, Jesús Alonso. Maza fue reprobado por el Congreso de los Diputados al existir la sospecha de haber cometido actuaciones tendentes a favorecer y proteger a personas del Partido Popular investigadas en causas judiciales.
La derecha judicial no puede hablar de “dedazo” en el caso de García Ortiz cuando el Partido Popular tiene mucho que callar con los nombramientos efectuados durante sus mandatos en lo que a los fiscales generales del Estado se refiere.
