Conocí a Manuel García Castellón en 1993. Lo habían nombrado magistrado de refuerzo del juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional cuyo titular, Miguel Moreiras, lo había solicitado al CGPJ por la excesiva “carga de trabajo” que suponía la entrada de los numerosos delitos monetarios de la época: que si PSV, que si la intervención de Banesto, las primas únicas, las cesiones de créditos y el caso Kio, entre otros. Moreiras no daba abasto y los vocales del Consejo decidieron buscarle un apoyo en la persona de un joven, pero experimentado, Manuel García Castellón que había empezado como juez de distrito en la localidad vizcaína de Marquina. Posteriormente pasó por la burgalesa Castrojeriz, la zamorana Puebla de Sanabria y la vallisoletana Medina del Campo. Una vez ascendido a magistrado se hizo cargo del juzgado número 2 de Valladolid. Y ahí empieza su “leyenda”. Se hizo famoso por emprenderla contra Ginemédica, una de las primeras clínicas en practicar abortos en este país y, sobre todo, por el caso del Violador del Ascensor. García Castellón se encontraba de guardia cuando la guardia civil capturó al asesino de la niña Olga Sangrador. Valentín Tejero se encontraba disfrutando de un permiso que le había otorgado el juez de vigilancia penitenciaria, Ignacio Sánchez Illera, cuando violó y mató a la niña. Después de una persecución, Tejero fue localizado y detenido. El mismo señaló donde había enterrado el cadáver y acompañó a las autoridades a desenterrarlo. De las diligencias se hizo cargo García Castellón. Es conocida una anécdota: el teniente coronel de la guardia civil que mandaba el operativo se dirigió a García Castellón y le dijo: “Señoría si me da permiso le pego dos tiros aquí mismo a este hijo de…” Tal era la carga emocional de ese suceso que conmocionó a toda España.
Cuando García Castellón fue destinado al juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, su compañero, Miguel Moreiras, no quería que se hiciese cargo de la instrucción del caso Banesto, una investigación mediática, sin apenas conocimientos de ingeniería financiera, hasta tal punto que el fiscal tuvo que apuntarse a unos cursos de contabilidad, y pedir ayuda a los funcionarios del servicio de inspección del Banco de España. Al juez le sucedió algo parecido. Pero Manuel García Castellón se puso al día rápidamente. Y así, transcurridos unos meses, estuvo en condiciones de decretar prisión para el vicepresidente de la entidad, Arturo Romaní, y en vísperas de navidades, al mismísimo Mario Conde.
Las decisiones que adoptó sobre la cúpula del banco fueron controvertidas en la época. Conde llegó a acusarle de ser “un juez de excepción” al tratarse de un refuerzo. Y exigió “el derecho a ser juzgado por el juez predeterminado”. Y algo tuvo que ver en toda esa campaña Miguel Moreiras quien quiso recuperar a toda costa el sumario. No lo logró y García Castellón, contra viento y marea, logró sentar en el banquillo de los acusados nada más y nada menos que a la flor y nata de la banca de este país a principios de los noventa, con un juez incluido entre ellos, Rafael Pérez Escolar, enemigo número uno del otro gran banquero de la época, Emilio Botín.
El éxito que obtuvo García Castellón por haber llevado a buen fin esta instrucción tuvo premio. El consejo General del Poder Judicial le designó para hacerse cargo del juzgado número 5 y, posteriormente, pasó al 6 cuando quedó vacante por la condena a Baltasar Garzón. Siguió especializándose en la instrucción de delitos monetarios como el llamado Caso AVA, una agencia de inversión que dejó miles de clientes sin ahorros, y el caso Atlético. Además, también se hizo cargo de instruir el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el atentado contra José María Aznar.
No duraría mucho tiempo en el juzgado ya que el gobierno de Aznar le nombró juez de enlace con Francia estableciendo residencia en París. Allí estuvo 6 años y, posteriormente fue trasladado a Roma. Un juez de enlace es, probablemente el mejor puesto al que puede acceder un magistrado de carrera. Mejor pagado que un titular del Supremo, con dietas y alojamiento con cargo a las arcas del Estado, García Castellón, ya de por sí de mentalidad conservadora, -había sido tesorero de la Asociación Profesional de la Magistratura-, acabó por convertirse en un “estómago agradecido” al servicio del Partido Popular. Por eso no dudó en pedir el regreso a la Audiencia Nacional cuando el PP empezó a ser objeto de investigaciones judiciales por corrupción. No pudo hacerse cargo del núcleo central de la Gürtel, pero sí entró en su juzgado la operación Púnica, el caso Lezo, la operación Kitchen, la macrocausa Tándem, y otras que, sin tener nada que ver con el partido conservador, sí hacía un buen servicio a la derecha porque implicaba a la izquierda de Podemos, como es el caso Dina o presunta financiación irregular de la formación morada, con imputación a Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, una instrucción que los superiores de la sala de Lo Penal calificaron de “prospectiva” ordenando su archivo.
Manuel García Castellón pasó de gozar de un gran prestigio entre la sociedad civil por haber tenido el coraje de meter en la cárcel a uno de los personajes más poderosos de este país, Mario Conde, a ser controvertido por haber adoptado decisiones muy polémicas en favor del Partido Popular y de sus gobiernos la última de las cuales fue la causa contra el movimiento Tsunami Democràtic. En plena elaboración parlamentaria de la ley de amnistía, el juez desempolvó un sumario que tenía prácticamente olvidado. Decidió prorrogarlo, unos días después de haber concluido el plazo legal de instrucción, y acusó a Carles Puigdemont, Marta Rovira y el secretario del Parlament, Rubén Wasenberg, entre otros, de dirigir este movimiento de calificó de terrorista acogiéndose a la reforma del Código Penal de 2015 llevada a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy que, aprovechando las directrices de la ONU al respecto, endureció los actos violentos hasta calificarlos penalmente de terrorismo.
De esta manera, García Castellón se cargaba de un plumazo todos los esfuerzos que se llevaban a cabo en el Congreso de los diputados para ampliar hasta el límite legal esa amnistía con la que se pretende cerrar las heridas del procès independentista. Pero el juez había cometido un error. Había prorrogado la instrucción cuando ya no podía hacerlo. Y el recurso de los abogados defensores fue tenido en cuenta por la sala de Lo Penal que le ordenó el archivo. Caso cerrado.
Y de esta manera se jubila Manuel García Castellón. Un juez mediático a pesar de que nunca quiso serlo, según sus propias palabras, contrario a la amnistía como el mismo dijo en una conferencia en Ourense, y cuyas simpatías hacia la derecha no puede ocultar. Ahora podrá expresarlas en las numerosas conferencias que puede empezar a dar por todo el país. Porque ya no está sujeto a la disciplina judicial y puede hacer y decir lo que le venga en gana. Se lo ha ganado.