El expresidente de la Diputación de Ourense y senador del Partido Popular (PP), José Manuel Baltar, ha enfrentado al Tribunal Supremo negando las acusaciones de haber cometido un delito contra la seguridad vial. La investigación se centra en un incidente ocurrido el pasado abril, donde Baltar fue sorprendido por la Guardia Civil manejando un coche oficial a 215 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120.
El senador, representado por su abogado Juan Ramón Montero, ha argumentado que la multa pagada debería dar por cerrado el caso. Este punto de vista, sin embargo, choca con la posición de la Fiscalía que solicita una sanción más severa: una multa de seis meses a razón de 10 euros diarios y un año de suspensión de su licencia de conducir.
La declaración de Baltar ante la magistrada Ana Ferrer duró aproximadamente treinta minutos. Montero no dudó en abordar a la prensa para presentar la versión de su cliente, insistiendo en que Baltar nunca excedió los 200 kilómetros por hora, a pesar de las evidencias presentadas por la Guardia Civil.
El letrado de Baltar también se opone a la posibilidad de que el Supremo solicite al Senado el procedimiento formal para actuar contra Baltar, un aforado, argumentando que no existen indicios suficientes de delito y calificando la situación como una "campaña lamentable" contra su cliente.
Esta negativa se suma a la polémica política que rodea a Baltar, quien renunció a su puesto en la diputación de Ourense en junio, en medio de un escenario electoral desfavorable para el PP y tras una serie de escándalos que incluyen el actual. Montero ha evocado incluso la proposición de ley de amnistía para los encausados del procés independentista catalán, exigiendo "igualdad ante la ley".
La decisión del tribunal, ya sea archivar el caso o proceder con un suplicatorio al Senado, será crucial no solo para el futuro político y legal de Baltar, sino también para la percepción pública del sistema de justicia y su trato hacia figuras políticas influyentes. La resolución de este caso podría marcar un precedente importante en la forma en que España gestiona las infracciones de sus políticos y la integridad de sus instituciones gubernamentales.