El gobierno de Pedro Sánchez se caracteriza por tener muy buenas intenciones pero una efectividad escasa en lo que respecta a su agenda social. Se ha visto con las políticas de empleo derivadas de la reforma laboral fake, con las subidas del Salario Mínimo Interprofesional o con el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Evidentemente, esas buenas intenciones, que son alabables y se encuadran dentro de lo que se espera de un gobierno de coalición progresista, van acompañadas de una enorme propaganda que, finalmente, tiene el efecto contrario al esperado.
El bono social eléctrico no está llegando a todas las familias que lo necesitan. Cerca de un 80% de los beneficiarios potenciales no lo reciben. En contraste, uno de cada tres hogares que reciben el bono tiene ingresos medio-altos, según un informe publicado por EsadeEcPol y Oxfam Intermón.
Para acceder a este bono, que se concreta en un descuento en la factura de la electricidad, hay que cumplir alguno de los siguientes requisitos: tener un nivel de renta por debajo del umbral establecido (poco más de 8.000 euros anuales), ser familia numerosa o ser un hogar formado por pensionistas que cobran la cuantía mínima.
El estudio demuestra que el factor más negativo en la probabilidad de recibir el bono es que haya algún miembro de la familia nacido en el extranjero, lo que reduce en un 12% la posibilidad de obtener el descuento en la factura eléctrica. En el otro extremo ser familia numerosa tiene el mayor efecto positivo, incrementando la probabilidad de recibir el bono en un 27%. Esto se traduce en que el 60% de las familias numerosas de ingreso medio-alto reciben el bono. Según este informe, estar en un hogar de renta baja sólo incrementa la posibilidad de recibirlo en un 4%.
La conclusión del informe es que existen problemas de diseño que limitan que la política tenga el alcance deseado en origen. EsadeEcPol y Oxfam Intermón proponen en el documento una serie de medidas para mejorar su eficiencia y lograr que lo reciba quien lo necesite. Entre estas medidas está eliminar las barreras de acceso y agilizar la concesión del bono, permitir que se combine con otros apoyos como el Ingreso Mínimo Vital o reducir las barreras de entrada de manera que sea accesible y conocido por las familias potencialmente beneficiarias. También, reconsiderar los criterios de renta para asegurar que lo reciben las familias numerosas que claramente lo necesitan.
Según Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón, «El diseño del bono social eléctrico dificulta que llegue a quien más lo necesita. Es necesario armonizar el sistema de protección social para asegurar que contribuye a reducir la pobreza».
«Además, no solamente son las políticas de ingresos las que ayudan a reducir la pobreza energética: hay que asegurar que las medidas destinadas a la mejora de la eficiencia energética, como es la rehabilitación de edificios, estén disponibles y accesibles precisamente para hogares vulnerables», apunta Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol.
Estos datos de baja cobertura del bono social eléctrico se dan en un contexto marcado por la subida de precios energéticos, donde uno de cada cinco hogares no pudo mantener una temperatura adecuada en su hogar durante 2023, la cifra más alta de la UE junto a Portugal, y en uno de cada diez hubo retraso en el pago de facturas. La cantidad de hogares que consumen menos energía de la necesaria por no disponer de recursos económicos para afrontar el gasto se ha duplicado entre 2020 y 2022.