El Gobierno está dispuesto a llevar a cabo la reforma fiscal, con inclusión de la financiación singular para Cataluña, a toda costa. De salir adelante lo pactado por PSOE y ERC, la Generalitat recaudaría todos los impuestos y dispondría de unos 30.000 millones adicionales respecto a lo que dispone ahora con el régimen común. A cambio, debería pagar un llamado “cupo 1” por los servicios que preste el Estado y un “cupo 2” en concepto de fondo de solidaridad. En total, al Govern le quedarían 15.000 millones de “beneficio neto”, quince mil millones que supondría una pérdida notable de recursos para sostener el Estado de bienestar en España.
¿Cómo piensa Sánchez cubrir ese agujero en las arcas públicas estatales? Tal como dijo en su última intervención, ajustándole las clavijas a los más ricos. Según Sánchez, “independientemente de lo que opinen algunos, España será un país mejor si cuenta con más automóviles eléctricos, preferiblemente fabricados en el país, más autobuses públicos y, en consecuencia, más transporte público, y menos Lamborghinis”. El presidente del Gobierno avanzó que uno de los pilares fundamentales de la nueva estrategia económica para este curso político será la implementación de una fiscalidad más justa y progresiva. En ese sentido, dijo que se buscará que los impuestos aumenten en mayor medida para aquellos que poseen más recursos. Según el mandatario, esta política fiscal será uno de los tres ejes principales en materia económica, con el objetivo de promover una mayor equidad. O dicho de otra manera: los platos rotos de Cataluña los van a pagar quienes más tienen.
El concierto catalán pactado por ERC y PSC para que Salvador Illa saliera investido presidente de la Generalitat implicaría que Hacienda tendría que subir el IRPF para aumentar la recaudación en casi un 30 por ciento y así compensar la cesión de este tributo a la hacienda catalana al cien por cien. Es decir, el concierto catalán podrían pagarlo los de siempre, las clases medias y bajas a través del impuesto sobre la renta y otros. Sánchez ha entendido que esto no puede ser, ya que probablemente le costaría una sonora derrota electoral en los próximos comicios. Así que, más que por ideología por puro pragmatismo, ha pedido que sus expertos económicos elaboren modelos de simulación sobre cómo afrontar el gasto de la financiación catalana. Y ahí solo cabe una salida: el roto catalán lo tendrán que pagar los millonarios de este país. Otra revolución de cayetanos ayusistas asoma en el horizonte.
El Ejecutivo planea aumentar los impuestos a aquellas personas que ya poseen suficiente dinero en el banco como para vivir “cómodamente durante 100 vidas”, como dijo Sánchez. Esta medida busca ajustar la carga fiscal para quienes cuentan con grandes fortunas. En España, según los baremos de Hacienda, habría 5 millones de personas que ganan más de esta cantidad de dinero al mes y que, por lo tanto, serían considerados como ricos en nuestro país. Y ahí el Madrid de Isabel Díaz Ayuso está en el centro de la diana, ya que es la comunidad donde las clases altas gozan de mayores privilegios y la que consume más gasto público del Estado. Solo en el último año, denunció Sánchez, en esta comunidad “se han derivado 1.000 millones de euros públicos” a la sanidad privada. E ironizó con la posibilidad de que Ayuso esté planeando viajes para ricos a Bora Bora, o sea un Imserso para ricos.
Sumar ha acogido este nuevo modelo fiscal de forma positiva. “Para este espacio”, según fuentes consultadas por Público, “el compromiso del presidente con la progresividad tributaria es una buena noticia” y supone, ante todo, un giro respecto a otras posiciones que se habían trasladado anteriormente desde ministerios como el de Hacienda o el de Economía”. ¿Estaríamos, por primera vez, ante un intento serio y de calado por avanzar hacia una progresividad fiscal real y hacia una mejor redistribución de la riqueza para que paguen más quienes más tienen y la carga no recaiga siempre sobre los mismos, sobre las rentas medias y bajas y sobre quienes perciben una nómina? Habrá que esperar para saberlo. En todo caso, en Sumar avisan: “La música está bien, pero la partitura hay que trasladarla al Boletín Oficial del Estado y a los Presupuestos”.
Para el partido de Yolanda Díaz, “la reforma debería contener, al menos, cuatro ejes: modificaciones para elevar la contribución fiscal y recortar distancias con Europa en este ámbito; promover una progresividad fiscal real tanto para personas como para empresas (en el sentido en el que contribuyan más las que más ingresan); combatir el fraude fiscal (que tiene un alto nivel en España); y aumentar los recursos de la Agencia Tributaria (sobre todo el personal)”, informa Público. Gravar más a las viviendas turísticas (mediante la eliminación de la exención del IVA), a las universidades privadas y el queroseno contaminante de los aviones serían otras medidas exigidas por Sumar para recaudar más por la vía de los impuestos. Pero donde va a estar la madre del cordero será, una vez más, en la subida del denominado impuesto de solidaridad de las grandes fortunas y su extensión a las grandes herencias. Los de Díaz piden, además, que siga vigente el Impuesto de Sucesiones, eliminado o bonificado por algunas comunidades gobernadas por el PP.
De momento, tenemos unas recientes declaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien no hace mucho dijo: “Hemos tomado muchas decisiones en el marco fiscal en los últimos años. Creemos que ya hemos tomado todas las decisiones necesarias, precisamente, para cumplir con las obligaciones que supone ese hito del quinto pago”. Es decir, para Cuerpo, el grueso de la reforma fiscal ya se habría hecho en España. Eso sí, tras el anuncio revolucionario de Sánchez el titular de este departamento sugirió que están aterrizando en las nuevas ideas del presidente, dejando el campo abierto a otra posible reforma para que sean los ricos quienes más paguen. Cabe recordar que este fue uno de los caballos de batalla que provocó no pocos enfrentamientos entre el PSOE y sus socios de gobierno en el primer Ejecutivo de coalición.