Sánchez "permite" un fraude empresarial de más de 2.400 millones anuales

El volumen de horas extra impagadas que se realiza en España es absolutamente desolador, lo que demuestra que la explotación laboral sigue muy activa y que los malos empresarios tienen patente de corso para seguir machacando a sus plantillas

01 de Agosto de 2024
Actualizado a las 14:55h
Guardar
Sánchez Garamendi (1)
Pedro Sánchez charla amigablemente con el presidente de la patronal | Foto: Pool Moncloa

Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) demuestran en cada informe que hacen público, ya sea la Encuesta de Población Activa (EPA) o los datos mensuales de paro registrado, que el mercado laboral en la España de Sánchez está, al menos, tan enfermo que con Mariano Rajoy o José Luis Rodríguez Zapatero.

La gran mayoría de las empresas españolas tienen carencias de personal, es decir, necesitan más gente de la que tienen contratada para poder alcanzar la producción necesaria con la que obtener un mínimo de beneficios o, al menos, no tener pérdidas.

Eso repercute en los abusos y las violaciones de los derechos de los trabajadores que se ve reflejado en un macrofraude empresarial que el gobierno de Pedro Sánchez está permitiendo. En la cuarta economía de la Unión Europea, en una de las 15 más importantes del mundo, no es de recibo que se obligue a los trabajadores a realizar más de 6 millones de horas extraordinarias semanales y que más de la mitad de ellas no estén compensadas, ya sea económicamente o con tiempo libre.

Estas cifras las ha publicado el propio gobierno de Sánchez, es decir, son datos oficiales. Según la EPA, las horas extra se han incrementado en solo tres meses en un 16% respecto al primer trimestre del año, es decir, es un fenómeno que va al alza y que el gobierno de Sánchez es incapaz de frenar. 

El análisis de las cifras de la EPA muestra que el volumen del fraude empresarial permitido por el gobierno de Sánchez supera los 2.400 millones de euros anuales. La jornada laboral máxima en España es de 40 horas semanales. Según señaló la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, más de la mitad de las horas extra no se pagan ni se compensan. Por tanto, tenemos 3,5 millones de horas semanales que los empresarios dejan de pagar.

Tomando como referencia el salario medio, el precio hora estaría situado en 13,3 euros. En consecuencia, el volumen de impago de horas extra alcanza los 2.418,72 millones de euros. Además, se estarían perdiendo cerca de 90.000 puestos de trabajo a jornada completa.

Fraude y expolio a la Seguridad Social

El volumen de horas extraordinarias impagadas es de tal calibre que el expolio a la Seguridad Social es demoledor. La precariedad laboral no se mide sólo en si las clases medias y trabajadoras tienen un contrato indefinido o temporal, sino en si se trata de jornada completa o parcial

El empresariado español es el único de Europa que valora como un elemento fundamental de evaluación de su plantilla el «presentismo», es decir, que los trabajadores den horas de más sin ningún tipo de remuneración. El problema está en que, como ocurre en multitud de compañías, tanto en pymes como en grandes multinacionales, ese puesto de trabajo esté condicionado a dedicar más horas de las legalmente establecidas.

Esto supone un verdadero «robo» para las clases medias y trabajadoras y, sobre todo, para la Seguridad Social que deja de ingresar 750 millones de euros al año que cubrirían un 70% de las pensiones de un mes.

Líderes en trabajadores pobres

Además de ese fraude empresarial y de explotación de la clase trabajadora, la España de Sánchez sigue ocupando los puestos de cabeza de trabajadores pobres en la Unión Europea.

El escenario es demoledor. Según los datos de paro registrado el mes de junio publicadas por el SEPE, el número de trabajadores pobres se está disparando y ya está muy por encima de las cifras previas a la pandemia, en una situación en la que el número bruto de parados era superior.

El empleo que se está creando es tan parcial y temporal que más de 1,1 millones de personas tienen trabajo pero continúan registradas como demandantes en las oficinas de los Servicios de Empleo Públicos.

Se trata de trabajadores pobres que buscan un mejor trabajo o un segundo empleo para tener una situación vital que les permita la supervivencia. Este dato oficial no es para montar la mascletá que monta el gobierno de Sánchez cada vez que hay un dato cuantitativo positivo, sobre todo porque se ha incrementado en 100.000 personas sólo en un mes. La lástima es que Pedro Sánchez tome a los españoles por idiotas y siga transimitiendo que "la economía va como un tiro". 

Lo + leído