El mercado del alquiler de viviendas en España, marcado por la escasez de oferta y los elevados precios, suma ahora un nuevo foco de conflicto: las comisiones ilegales que algunas agencias inmobiliarias estarían cobrando a los inquilinos. En respuesta a numerosas denuncias, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha una investigación a nivel nacional para destapar estas prácticas abusivas, que vulneran los derechos de los arrendatarios y se amparan en la falta de regulación efectiva en este sector.
La Dirección General de Consumo ha sido el organismo encargado de iniciar esta investigación, tras recibir quejas por parte de asociaciones de consumidores y afectados, que denuncian cobros indebidos, contratos abusivos y comisiones injustificadas que recargan aún más el coste del acceso a la vivienda. Según ha informado Consumo, aunque no se han revelado los nombres de las inmobiliarias investigadas ni la cantidad exacta de las mismas, estas operan en diversas zonas del país, agravando el ya de por sí tenso escenario del alquiler.
Cobros ilegales: el abuso más extendido
Uno de los puntos más polémicos que Consumo ha puesto bajo la lupa es el cobro de comisiones a los inquilinos por la gestión y formalización de los contratos de arrendamiento. Según la Ley del Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, estos gastos deben ser asumidos por el propietario de la vivienda, no por el inquilino. No obstante, muchas inmobiliarias siguen ignorando esta normativa, cargando a los arrendatarios hasta un mes de renta adicional en concepto de comisión, lo que constituye una práctica ilegal.
Además, algunas inmobiliarias no se conforman solo con cobrar por la formalización del contrato. En redes sociales, se han viralizado casos de agencias que cobran incluso por mostrar los inmuebles, aprovechándose de la desesperación de los inquilinos ante la creciente demanda y la falta de oferta. Este tipo de abusos se ha convertido en una práctica habitual, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde la competencia por encontrar una vivienda es feroz.
Cláusulas abusivas y contratos temporales
Otra de las prácticas que Consumo investiga es la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler. Estas cláusulas, muchas veces impuestas sin negociación posible, vulneran los derechos de los inquilinos y son ilegales según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Entre los abusos detectados se encuentra la imposición de contratos de corta duración sin justificación, lo que va en contra de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que protege el derecho a contratos de larga duración salvo en circunstancias excepcionales.
Este tipo de contratos temporales suelen forzar a los inquilinos a buscar una nueva vivienda cada pocos meses, dejándolos en una situación de precariedad e incertidumbre. Además, se han denunciado casos en los que se exige el pago de varios meses de renta por adelantado, una práctica que también está prohibida por la normativa vigente. Estas imposiciones son difíciles de esquivar para los inquilinos, que se ven obligados a aceptarlas ante la amenaza de perder el inmueble.
Multas millonarias para frenar los abusos
Las sanciones a las que se enfrentan las inmobiliarias investigadas por Consumo no son menores. Según la gravedad de las infracciones, las multas pueden variar desde los 100.000 euros hasta un millón de euros en casos más graves. Además, la ley permite que las sanciones superen estos límites, pudiendo alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio obtenido de forma ilícita. Esto supone una herramienta contundente para disuadir a las agencias de continuar con este tipo de prácticas, aunque queda por ver si será suficiente para erradicar completamente los abusos.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, se insiste en la importancia de garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna, recordando que estas prácticas no solo vulneran la normativa vigente, sino que también atentan contra un derecho fundamental. En este sentido, Bustinduy ha señalado que el Gobierno intensificará la vigilancia sobre las inmobiliarias, con el objetivo de proteger a los inquilinos y asegurar que se respeten sus derechos.
El impacto sobre los inquilinos
El cobro de comisiones ilegales y la imposición de cláusulas abusivas tienen un impacto directo en los inquilinos, especialmente en colectivos vulnerables como los jóvenes y los inmigrantes, que ya enfrentan serias dificultades para acceder a una vivienda asequible. La subida constante de los precios del alquiler, sumada a los costes adicionales que algunas inmobiliarias imponen de forma fraudulenta, agrava una situación que ya es insostenible para muchos.
En ciudades como Madrid o Barcelona, donde la demanda de alquileres supera con creces la oferta, los inquilinos se ven atrapados en una espiral de precariedad, aceptando condiciones abusivas por miedo a no encontrar una alternativa. Esta situación ha derivado en movilizaciones sociales como la manifestación celebrada en octubre en Madrid, donde el sindicato de inquilinos relanzó la propuesta de una huelga de alquileres para visibilizar la crisis habitacional que enfrenta el país.
Medidas para frenar el fraude en el alquiler turístico
A la par de la investigación sobre las comisiones ilegales en los alquileres, el Ministerio de Derechos Sociales ha iniciado una segunda ofensiva contra el fraude en el alquiler turístico. Según fuentes del ministerio, se ha detectado que muchas viviendas turísticas operan sin licencia, especialmente en las grandes ciudades. Para combatir esta práctica, el Gobierno ha aprobado recientemente un real decreto que regulará el alquiler vacacional y creará un registro único para todas las viviendas de corta estancia.
Este registro, que será obligatorio para todas las plataformas de alquiler turístico, pretende acabar con la falta de transparencia en el mercado y garantizar que solo las viviendas con licencia puedan publicitarse en portales como Airbnb. Esta medida busca, además, aliviar la presión sobre el mercado de alquiler residencial, ya que muchas viviendas que deberían estar disponibles para inquilinos se destinan al alquiler turístico ilegal, contribuyendo a la escasez de oferta y a la subida de los precios.