Sólo en 2024, las Naciones Unidas verificaron unos 4.500 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor. Un abrumador 93% de los supervivientes eran mujeres y niñas.
Según el derecho internacional, la violencia sexual relacionada con el conflicto está reconocida como crimen de guerra, crimen contra la humanidad y acto que puede constituir genocidio. Su impacto duradero socava los esfuerzos por construir una paz duradera.
En muchos conflictos, la violencia sexual se utiliza deliberadamente para aterrorizar, castigar y humillar a la población civil.
“Se utiliza para aterrorizar, castigar, pero también para humillar a los civiles, especialmente a las mujeres y las niñas”, afirma Esméralda Alabre, coordinadora de la respuesta a la violencia de género en Sudán de la Agencia de la ONU para la salud reproductiva (UNFPA).
Pero el daño no acaba con las supervivientes. La violencia de género se utiliza a menudo para desgarrar comunidades y socavar la cohesión social. Fragmenta a las familias, difunde el miedo y profundiza las divisiones sociales.
En Haití, las bandas han obligado a miembros de la familia a violar a sus propias madres y hermanas, según Pascale Solages, fundadora de una organización feminista en el país.
Los cuerpos de las mujeres se convierten en campos de batalla. Los agresores pretenden destruir los lazos comunitarios, utilizando la violación como herramienta de dominación y control. Las supervivientes tienen que cargar con el trauma, el estigma y el aislamiento.
Un trauma generacional
Muchos supervivientes son silenciados por miedo a represalias y venganza. El trauma no es sólo inmediato, sino que también crea heridas intergeneracionales profundas y duraderas, ya que el ciclo de la violencia suele afectar a varias generaciones.
Rechazadas por sus comunidades, muchas supervivientes se ven obligadas a criar solas a los hijos nacidos de una violación, que a menudo son excluidos de la educación, el empleo y otros aspectos esenciales de la vida, y se ven abocados a la pobreza, lo que agrava aún más su vulnerabilidad.
Necesidad de rendición de cuentas
Las supervivientes no sólo tienen derecho a seguridad y apoyo, sino también a justicia y reparación. Sin embargo, “con demasiada frecuencia, los agresores salen libres, envueltos en la impunidad, mientras que las supervivientes a menudo soportan la carga imposible del estigma y la vergüenza”, afirma el Secretario General de la ONU, António Gueterres.
La limitada disponibilidad de servicios de apoyo, especialmente tras los recientes recortes en la ayuda, se interpone en el camino de la curación de las supervivientes.Par ellas no sólo es cada vez más difícil exigir responsabilidades a sus agresores, sino que los esfuerzos de prevención se están viendo obstaculizados por los recortes de financiación en muchas capitales desde principios de año.
Sólo en marzo, la oficina de UNFPA en Sudán tuvo que cerrar 40 espacios seguros para mujeres y niñas, lo que obstaculizó los esfuerzos para proporcionar atención inmediata y a largo plazo a las supervivientes.
Las intervenciones basadas en la comunidad, el apoyo a la educación de los niños supervivientes y los cambios en las políticas legislativas desempeñan un papel crucial en la prevención de la violencia sexual y de género.