Montserrat O. firmó una hipoteca creciente en 2005 pensando que era un contrato con “facilidades de pago”. Hace un año descubrió que no había amortizado casi nada y que las cuotas empezaban a subir desorbitadamente. Tuvo que dejar de pagar. Desde entonces vive angustiada. Sin embargo, el pasado miércoles recibió una carta del Defensor de Pueblo en la que insta al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a tomar cartas en el asunto. Montse no lo podía creer.
“Han recibido la misma comunicación todos los afectados que conozco”, Montse felicitaba así al Defensor del Pueblo. “Es indignante como la Agencia Catalana de Consumo se haya lavado las manos en defensa de los ciudadanos de Cataluña, pero al menos la administración central ha respondido”, nos comenta.
Por otra parte, Marisol N., que tiene una hipoteca con fórmulas erróneas, ha recibido la misma circular. “No hay duda que el Defensor del Pueblo va a entrar a fondo, porque no sólo ha requerido las hipotecas crecientes sino las REDAL en general”.
¿Cómo han logrado los afectados que el Defensor del Pueblo atienda sus peticiones? De entrada, sólo puede intervenir en temas de la administración. Parecería que no podría pronunciarse sobre asuntos civiles como sería un préstamo entre un particular y un banco. Sólo había un precedente hasta ahora, autonómico, y es la intervención en 2015 de Rafael Ribó, entonces Defensor del Pueblo de Cataluña, a favor de los afectados IRPH. Ribó lo pudo hacer acogiéndose a que la vivienda es un derecho fundamental. Sin embargo, la ruta elegida ahora es diferente.
La obra de un político hábil
Félix Alonso, antes Director General de Consumo en Baleares y ahora diputado es harto conocido por la defensa de los afectados hipotecarios. Se presentó al Congreso por Sumar en las pasadas elecciones reiterando su compromiso con ellos y, ahora, ha sido el artífice de esta intervención.
En las reuniones de coordinación entre autonomías y el Ministerio, Alonso era una especie de “rara avis” que se había atrevido a sancionar a la banca, mientras que la Agencia Catalana de Consumo, el Instituto Galego do Consumo e da Competencia y la Dirección General de Comercio y Consumo de Canarias se habían negado a defender a sus consumidores. El caso de la Agencia Catalana de Consumo era más grave que los demás, ya que se había gastado 10.000 euros en un informe que decía que los afectados tenían razón: con aquellas fórmulas, el préstamo se podía amortizar de mil maneras diferentes.
“Me di cuenta entonces”, recuerda Alonso a Diario16+, “que tenía ante mí el problema pero, a la vez, la solución: la clave no era ya la relación entre entidad y cliente, sino la relación entre cliente y su administración autonómica, que se inhibe favoreciendo los abusos de la entidad financiera”. Así de simple. Una vez planteado el problema como mala actuación de la administración, con todo el derecho y la obligación, el Defensor del Pueblo debía intervenir.
Después de la intervención de Guillem Bou, el matemático que descubrió las hipotecas REDAL, en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril, Alonso añadió hábilmente una reunión más a la agenda: había conseguido que el Defensor del Pueblo les recibiera aquel día. De este modo, Bou, que estaba realizando un viaje maratoniano a Madrid lleno de reuniones, salió del Congreso y fue llevado a la sede del Defensor en la Calle Zurbano.
“La verdad es que fue una administración [Defensor del Pueblo] que noté receptiva a los problemas de los españoles”, recuerda Bou a Diario16+, “primero tuvimos una reunión general y luego pasamos a una segunda reunión con un jurista más especializado. Entendí que exigirían aclaraciones a la administración, pero no sabía cuándo”.
Si bien el Defensor del Pueblo puede intervenir en relación a todas las administraciones, es más apropiado que sea, por ejemplo, el Defensor del Pueblo de Cataluña quien exija buen gobierno a la Agencia Catalana de Consumo. Por esta razón, el Defensor del Pueblo se ha dirigido al Ministerio y no a las autonomías. Al respecto, José Luis Herrero, quién llegó a dirigirse incluso a la Presidencia de la Generalitat, tiene una colección de “inhibiciones” de la administración catalana: “Ni la agencia de consumo, ni la nueva Síndica de Greuges [Defensora del Pueblo de Cataluña], ni la propia Presidencia van a mover un dedo contra los abusos de la banca. Los catalanes hemos sido abandonas por nuestra administración”
Félix Alonso nos ha manifestado su satisfacción y se ha despedidocon un guiño cómplice: “El Banco de España no es un organismo privado, también es administración”.