El Congreso ha impuesto como fecha límite el 21 de febrero para que la Comisión de Justicia concluya la aprobación de la Ley de Amnistía, una medida que será llevada a votación en el Pleno. Esta resolución se ha adoptado frente a la resistencia del Partido Popular (PP), marcando un momento significativo en el proceso legislativo.
La coalición del Partido Socialista (PSOE) y Sumar en la Mesa del Congreso ha procedido con esta acción, apoyándose en la orientación proporcionada por los asesores legales del Congreso, a pesar de que su informe no tenía carácter vinculante.
PP y Vox
Esta decisión desestima las críticas del PP y Vox, que alegaban que la propuesta legislativa había perdido validez el 30 de enero tras su rechazo en una votación global, necesaria por su carácter de ley orgánica. La posición de estos partidos se ha visto contrariada por la determinación de la Mesa del Congreso, que ha optado por seguir adelante con el proceso legislativo. En una sesión plenaria previa, la iniciativa se sometió a dos votaciones: una sobre el informe, que solo requería una mayoría simple y obtuvo un respaldo mayoritario; y otra, debido a su naturaleza orgánica, que necesitaba una mayoría absoluta y fue rechazada.
La insistencia del PP y Vox en que el proyecto había fracasado debido a la falta de apoyo necesario en la votación orgánica, con 179 votos en contra, tres más de la mayoría absoluta, ha sido rebatida. La Mesa, siguiendo la directriz inicial de Francina Armengol, presidenta de la Cámara, ha decidido enviar el proyecto de ley de vuelta a la Comisión de Justicia para una nueva revisión, desoyendo así las voces de oposición.
Dos semanas de plazo
Con un plazo de dos semanas, que comienza de inmediato y sigue las recomendaciones de los asesores legales, este procedimiento se acelera. Se ha establecido un proceso más eficiente, permitiendo que la comisión trabaje sobre el informe y las enmiendas que aún están en discusión, sin admitir nuevas enmiendas pero sí negociando sobre las previamente rechazadas.
Aunque se espera que el nuevo informe esté listo para el 21 de febrero, la Comisión de Justicia podría pedir una extensión si se considera necesario, siempre dentro del marco temporal que no exceda el mes total permitido por el reglamento para propuestas de carácter orgánico que necesiten una revisión adicional después de no lograr una mayoría absoluta en una votación conjunta. Esta situación subraya la determinación del Congreso de avanzar con la legislación, a pesar de los obstáculos planteados por el PP y Vox, cuyas tácticas obstruccionistas no han logrado detener el proceso legislativo.