Este lunes comienza en el juzgado deprimera instancia número 1 de A Coruña el juicio derivado del proceso iniciadohace un año por el Gobierno para reclamar a la familia Franco la propiedad del pazo de Meirás con la intención de que pase aser un bien público. Se prevé que el juicio dure toda la semana.
El 10 de julio de 2019, la Abogacía delEstado presentó una demanda en la que afirma que la compra del inmueble porparte de Franco en 1941 fue “simulada y fraudulenta”.
La demanda se basa en un acta notarial de 1938, desconocida hastaahora, que confirma que la propiedad ya era residencia de la Jefatura delEstado. El documento señala que el pazo de Meirás fue comprado el 3 de agostode 1938 por la Junta pro Pazo por 406.346 pesetas a los herederos de laescritora, Emilia Pardo Bazán.
En una información publicada por diario16.com ya se adelantaba esta circunstancia en la que Franco sehizo con el pazo: lasmaniobras corruptas que acaban entregando un Pazo al dictador yaumentando su patrimonio año tras año, “Estaban protagonizadas porunas élites que venían de sustituir a las republicanas y buscaban asentarse enlas orbitas de poder del régimen. Esa es la razón fundamental que explica queentreguen un pazo a Franco. Una vez asentadas, tendrán accesopreferente a los favores de una administración corrupta de la que emanaban todotipo de favores en función de esa posición. El ejemplo másgráfico lo encontramos en la figura de Barrié de la Maza. Es el que acabaresolviendo la entrega del Pazo de Meirás y la Casa Cornide a los Franco, es elque recibe los máximos favores del régimen”.
LOS FRANCOACTUARON CONTRA DERECHO
Tres años después de la fecha quefija el acta notarial referida, el 24 de mayo de 1941, se celebró un contratode compraventa en escritura pública entre Franco (representado en el acto por Pedro Barrié, dueño delPastor) y Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de la escritora.
Según los abogados del Estado, este contrato sirviópara crear “artificiosamente laapariencia de que Francisco Franco adquiría ese mismo inmueble por unprecio de 85.000 pesetas”, una cantidad que los letrados califican de“irrisoria”.
DEMANDA
La demanda fue presentada contra los nietos de Franco,Carmen, Jaime, Aránzazu, Cristóbal, María del Mar y María de la OMartínez-Bordiú, junto con la mercantil Prístina, SL, vinculada a la familia.
En esta causa, elGobierno reivindica la rectificación del Registro de la Propiedad y la nulidaddel título de donación en 1938, la “compraventa fraudulenta” de 1941 y laescritura de partición de la herencia de Carmen Franco.