El Tribunal Constitucional (TC) es independiente de los demás órganos constitucionales y no forma parte del Poder Judicial, sometido exclusivamente a la Constitución Española y a su propia Ley Orgánica. En sus más de 45 años de historia, nunca ha decidido salir públicamente en defensa de sus integrantes ante ataques políticos, simplemente se limitan a hablar a través de sus sentencias judiciales. Así lo han puesto de manifiesto una vez más ante las airadas críticas del Partido Popular, principal partido de la oposición, por la decisión de este miércoles del Pleno del TC que estimaba parcialmente el recurso de amparo de la ex ministra socialista Magdalena Álvarez contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y la Sala Penal del Tribunal Supremo que la condenaron por un delito continuado de prevaricación a nueve años de inhabilitación, por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de presupuestos de la comunidad autónoma de Andalucía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004, y por la realización de diversas modificaciones presupuestarias.
Gamarra extiende el manto de la sospecha sobre la profesionalidad de los magistrados del Constitucional al apuntar que más de 20 jueces de diferentes tribunales confirmaron la prevaricación
La sentencia de la que ha sido ponente la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, considera que los órganos judiciales han realizado una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación, prohibida por el derecho a la legalidad penal garantizado en el artículo 25.1 de la Constitución. Asimismo, el artículo 404 del Código Penal tipifica como delito que las autoridades o funcionarios públicos, a sabiendas de su injusticia, dicten resoluciones arbitrarias en un asunto administrativo.
Nada más publicarse esta decisión del TC dirigentes del PP han salido en tromba a calificar de “inicio de indulto”, según el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, o “indulto por la puerta de atrás”, según la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra. El “respeto” que a priori siempre muestran los dirigentes del principal partido de la oposición por las decisiones judiciales de todo tipo ha hecho aquí un alto en su camino para abrir la puerta a todo tipo de críticas e injerencias políticas contra los magistrados que han tomado esta decisión de anular en parte la inhabilitación de la ex ministra socialista Magdalena Álvarez.
La portavoz del PP ha querido ir aún más allá en sus críticas y extiende el manto de la sospecha sobre la profesionalidad de los magistrados del Constitucional al apuntar que su decisión sobre la ex ministra socialista se toma después de que más de 20 jueces de diferentes tribunales e instancias judiciales confirmaran en sus sentencias la existencia del delito de prevaricación, ahora revocado en parte por el Constitucional.
También contrasta la postura del órgano constitucional de no responder a ningún tipo de críticas políticas con la airada respuesta que recientemente han dado oficialmente desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las supuestas injerencias del Gobierno en la tramitación de la ley de amnistía a los encausados por el procés catalán. Así, el pasado noviembre, la Comisión Permanente del CGPJ se reunió en sesión extraordinaria exclusivamente para aprobar un comunicado de protesta que criticaba “las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al ‘lawfare’ -judicialización de la política- contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura”.
Los miembros del Poder Judicial lamentaban “especialmente” el anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación con el objetivo de “determinar lo que ambiguamente se denominan “responsabilidades” derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de ‘lawfare’”. Los miembros del CGPJ, cuyo mandato lleva caducado más de 2.000 días, compartían entonces “el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales”. Sólo la vocal Pilar Sepúlveda votó en contra de impulsar este comunicado de queja por una posible injerencia política.