Las diligencias abiertas por el Juzgado de Noia, ante la denuncia de Ecologistas en Acción, siguen en marcha, pero ante las declaraciones del fiscal jefe de Medio Ambiente, Antonio Vercher, anunciando el archivo del expediente abierto por su oficina, la organización ecologista cree que "la personación del Estado reforzaría su acusación popular contra los causantes del desastre ambiental".
Para Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción, "si son ciertas las declaraciones de la conselleira de Medio Ambiente gallega que niega actuaciones judiciales impulsadas por el Estado, nos resulta bastante anómalo que a día de hoy ni la Xunta ni el Gobierno español estén defendiendo judicialmente los intereses de gallegas y gallegos"
López asegura, además, que "es fundamental que haya consecuencias penales para la naviera propietaria del portacontenedores Tuconao, causante del vertido", algo que ayudaría, dice, a acabar con la impunidad para contaminar con la que operan estos grandes entramados societarios.
Ecologistas en Acción califica de “muy negativo para el proceso judicial abierto” que la Unidad Especializada en Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado —que abrió diligencias de investigación por este suceso el pasado mes de enero— considere ahora que el vertido de 26 toneladas de pélets de plástico en las playas gallegas entre diciembre de 2023 y enero de 2024 tiene “poca entidad”, por lo que está a punto de ser archivado.
La organización ecologista también tacha de “lamentables” las declaraciones de la conselleria gallega de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, "quien se congratula de la decisión de la Fiscalía de archivar las diligencias, cuando esta decisión es claramente contraria a los intereses de Galicia".
Un proceso largo
Ecologistas en Acción afirma estar preparándose "para un proceso judicial a largo plazo, recordando el precedente de la catástrofe ambiental causada por el Prestige en las costas gallegas en 2002, cuyo proceso se alargó más de 16 años y concluyó quedando libres todos los imputados en relación al cargo de delitos contra el medio ambiente".
A pesar de ello, la acción judicial ahora iniciada "es fundamental para determinar la responsabilidad civil y para poder obligar a la empresa propietaria del buque y su aseguradora a abonar las indemnizaciones que correspondan por el daño causado", garantizando que se cumple el principio de “quien contamina paga”. En este caso, Ecologistas en Acción ha solicitado al Juzgado de Noia que se imponga una caución de 10 millones de euros a la naviera del Toconao.