El Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid cerró el paso a ampliar la práctica de pruebas para conocer el patrimonio real del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, al considerar que la investigación podría ser “prospectiva”, según nuevos documentos judiciales a los que ha tenido acceso Diario16. Llama la atención que la Justicia haya considerado que la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda extenderse más allá de los límites de la querella de Manos Limpias, mientras que rechaza esa ampliación en el caso de la denuncia planteada por el PSOE y Más Madrid, en calidad de acusaciones populares, contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ambos partidos pedían más informes de la Agencia Tributaria para saber cuál era el patrimonio de González Amador y, en su caso, si existían paraísos fiscales u organizaciones criminales relacionadas con el asunto.
Cabe recordar que una investigación se considera “prospectiva” cuando, sin datos, y basándose en meras conjeturas o especulaciones, abre una causa general contra una persona, excediéndose los límites de los indicios racionales de criminales que existen contra ella.
En un auto firmado el pasado 31 de julio por la magistrada-juez, María Inmaculada Iglesias Sánchez, se asegura que “no hay lugar a la práctica de las diligencias interesadas por el PSOE y Más Madrid” y zanja el asunto. Esta acusación particular había pedido la averiguación patrimonial mediante consulta integral a través del Punto Neutro Judicial (una red de servicios que ofrece a los órganos judiciales los datos necesarios, entre ellos en materia fiscal) de todos los investigados relativa a los años 2019 a 2022. Entre otras cosas, PSOE y Más Madrid pedían los movimientos de las cuentas y que se remita oficio a las entidades bancarias para conocer ese patrimonio. Además, el PSOE y Más Madrid reclamaban que Alberto González Amador aportara documentación contable de la actividad profesional como autónomo, escrituras de compraventa de las viviendas a su nombre adquiridas entre 2020 y 2024, y escritura de compraventa de las participaciones de Masterman & Whitaker a Maxwell Cremona. También se pedían más de 20 testificales.
Otras diligencias que fueron desestimadas consistían en requerimientos a siete empresas para que aporten documentación contable, financiera y contractual en “relación a sus operaciones comerciales con Maxwell Cremona o Masterman & Whitaker, interesando respecto de cinco de ellas se libre oficio a la Agencia Tributaria para que informe sobre la relación comercial, económica o financiera con las empresas objeto de investigación”.
A su vez, PSOE y Más Madrid pedían auxilio judicial a las autoridades de México para que sean aportadas las escrituras de constitución de la sociedad MKE Manufacturing SA de CV, “con detalle de sus socios y administradores desde su constitución hasta la actualidad, objeto social, facturación, declaraciones fiscales y número de empleados y se libren comisiones rogatorias solicitando información mercantil, fiscal y contable de varias empresas: a Panamá y Estados Unidos”. De esta manera, se cerró la posibilidad de investigar la existencia de paraísos fiscales y redes organizadas.
La conclusión, según la jueza, es que la práctica de las diligencias interesadas por las acusaciones populares se prolongaría durante años, impidiendo el pronto enjuiciamiento de los hechos que han sido objeto del presente procedimiento: dos delitos fiscales en concurso con delito de falsedad, que se han concretado en el informe de la Agencia Tributaria, en la denuncia de la Fiscalía y en el auto incoando diligencias previas, imputando estos presuntos delitos a los investigados.
“Por todo lo expuesto”, dice el juzgado, “procede denegar la práctica de las diligencias interesadas [por PSOE y Más Madrid] al considerar que muchas de ellas pueden resultar innecesarias por tener objeto hechos que pueden ser reconocidos por los investigados en el momento de prestar declaración, otras pueden considerarse prospectivas al no existir indicios de delitos distintos a los que son objeto del presente procedimiento y finalmente, en cuanto a los hechos que pudieran ser conexos, la práctica de las diligencias interesadas supondría excesiva complejidad y dilación en el procedimiento que se alargaría varios años, es decir, impediría el pronto enjuiciamiento exigido por el citado artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
PSOE y Más Madrid insisten en que la justicia está siendo demasiado benévola con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El pasado 2 de septiembre, la titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid rechazó las solicitudes del PSOE y Más Madrid para que se ampliara la investigación sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al que investiga por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal (350.951 euros en la declaración del impuesto de sociedades de 2020 y 2021) y uno de falsedad en documento mercantil.